Venezuela libera con condiciones al “violinista de las protestas”

Tras 19 días en una prisión militar, la noche del martes fue liberado en Caracas Wuilly Arteaga, el joven violinista que con sus interpretaciones callejeras se convirtió en uno de los emblemas de las protestas de oposición contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Arteaga era acusado ante tribunales militares de portar material incendiario y de instigación. Desde el 27 de julio permanecía recluido en la sede en la capital venezolana de un destacamento de la Guardia Nacional, el cuerpo de policía militarizada encargado del control de los desórdenes públicos. Según denuncias de allegados y organizaciones de derechos humanos, durante su cautiverio Arteaga fue objeto de maltratos que le ocasionaron pérdida parcial de la audición.

Su libertad se produjo como consecuencia de unas medidas cautelares gestionadas ante el Tribunal Militar por el fiscal general recién designado por la Asamblea Constituyente chavista, Tarek William Saab. Efectivos militares lo abandonaron a su suerte en la Plaza Altamira, epicentro en el este de Caracas de las convocatorias opositoras, según dio a conocer Alfredo Romero, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, que se interesó en su caso.

"No puedo estar libre porque mi país no está libre y porque los presos políticos tampoco están libres. Esta 'libertad' asfixia", fue el primer trino que colgó en su cuenta de Twitter durante la mañana de este miércoles, dando a conocer que su inconformidad con la situación actual se mantiene indemne. La libertad que obtuvo está condicionada. Sometido a proceso por el Tribunal 31 de Proceso de Control, debe presentarse cada ocho días ante el juzgado y tiene prohibido participar en manifestaciones públicas.

Arteaga ganó notoriedad desde finales de abril, cuando la ola de protestas convocada por la alianza opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), cobraba auge y llevaba a miles de personas a enfrentar la represión de los cuerpos de seguridad del Estado en calles de Caracas y otras zonas urbanas del país. Entonces se manifestaba contra una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que a finales de marzo disolvía en la práctica al parlamento de mayoría opositora y otorgaba al presidente Maduro facultades legislativas. Luego, el llamado de Maduro a una Asamblea Constituyente de diseño sectario no hizo más que enardecer a los rebeldes, que expresaban su intención de desobedecer a las autoridades que consideran ilegítimas.

En Caracas la figura de Arteaga se hizo reconocible entre el humo de las bombas lacrimógenas y las andanadas de perdigones, cuando permanecía de pie, tocando en su violín piezas del folclore venezolano y del repertorio universal para insuflar ánimo a los marchistas de oposición. Según su imagen se transformaba en un cartel de la oposición y de sus valores propagados de civismo y abnegación, más se acentuaba la escalada de agresiones que sufría. El 20 de mayo, efectivos de la Guardia Nacional destruyeron adrede su violín, repuesto rápidamente a través de una colecta pública. El 22 de julio, una salva de perdigones lo alcanzó en pleno rostro. Finalmente, cayó en prisión.

Al mismo tiempo, se convirtió en una causa célebre internacional, sin embargo, lo que suscitó gran interés en su caso. La decisión del Gobierno de liberarlo podría obedecer a las campañas de incidencia en la opinión pública.

Apenas unas horas antes de que Arteaga saliera de prisión, la oficialista Asamblea Constituyente en sesiones, había decidido —a instancias del presidente Maduro— ordenar que se sometiera a la justicia civil todos aquellos manifestantes detenidos durante los cuatro meses de protestas callejeras que ya parecen haber concluido.

Numerosas organizaciones de derechos humanos venían denunciando la práctica de las autoridades venezolanos de llevar a los protestantes ante la justicia militar. De acuerdo con estadísticas del Foro Penal Venezolano, 655 civiles estarían enfrentados en este momento a la jurisdicción castrense.

La que pareciera ser una medida de distensión por parte de la Asamblea Constituyente oficialista lleva en realidad consigo la conciencia de que la justicia ha vuelto al control del régimen, después de que la propia asamblea defenestrara a la fiscal rebelde Luisa Ortega Díaz y designara a Tarek William Saab, leal ficha del Gobierno, en su lugar.

La misma Asamblea considera desde el martes la moción presentada por el progubernamental presidente del Supremo, Maikel Moreno, quien solicitó aumentar en la nueva Constitución la pena máxima permitida, hasta ahora establecida en 30 años de prisión, y extenderla a 50 años para delitos políticos como traición a la patria u odio e intolerancia contra funcionarios públicos.