Londres busca mantener una “unión aduanera temporal” con la UE tras el Brexit

Un acuerdo aduanero interino entre Reino Unido y la Unión Europea “redundaría en el interés de todos” y evitaría que el empresariado y los exportadores se sientan “al borde del precipicio”, subrayó este martes el ministro británico responsable de la cartera del Brexit, David Davis, al dar cuenta de la propuesta de Londres para el periodo de transición que sucederá al divorcio oficial británico, en marzo de 2019. El ministro estimó que ese arreglo temporal —hasta el dibujo definitivo de la futura relación con Europa— abarcaría un plazo de dos años o se extendería, a lo sumo, hasta las próximas elecciones británicas del 2022.

Con esa iniciativa, el Gobierno de Londres persigue unos intercambios de bienes y servicios con la UE libres de aranceles, al tiempo que negocia sus propios acuerdos comerciales con países terceros. El escenario, descrito por Davis como business as usual (es decir, que todo siga igual), colisiona con la posición negociadora de Bruselas, que pasa por no considerar los términos del futuro vínculo hasta que antes se resuelvan cuestiones clave como la situación de los trabajadores comunitarios, la factura a pagar por Reino Unido en concepto de compromisos pendientes con la UE y un acuerdo sobre la frontera entre Irlanda del Norte (territorio británico) y la República (miembro de la Unión).

La cuestión norirlandesa es el objeto de un segundo documento que el Gobierno de May publicará este miércoles, pero el hecho de que le haya precedido la propuesta de este martes ilustra una forma de presión británica para poner en primer lugar de la mesa negociadora las relaciones comerciales bilaterales. Reino Unido “vende (a los todavía socios europeos) bienes y servicios por un total de 230.00 millones de euros anuales. Ellos nos venden por valor de 290.000 millones. Hay en juego mucho”, esgrimió Davis.

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Su intervención, a lo largo de la mañana de este martes, en una sucesión de entrevistas radiofónicas apuntaba principalmente a dar garantías a los empresarios británicos y el mundo de las finanzas, que vienen ejerciendo fuertes presiones en las últimas semanas para que el gobierno clarifique su posición sobre el Brexit. La aprensión del sector llegó a su punto máximo cuando Theresa May se fue de vacaciones hace tres semanas, mientras sus ministros libraban un pulso entre los posibilistas, encabezados por el responsable de Economía, Philip Hammond, y antieuropeos acérrimos como el jefe del Comercio Exterior, Liam Fox. Sólo en la víspera del retorno de May a Londres el pasado lunes, los dos ministros publicaron una tribuna conjunta en la prensa que sellaba una entente en el gabinete y también el anuncio de que Reino Unido no participará en el mercado único comunitario. A cambio, Hammond ha conseguido que sus colegas más reacios admitan la necesidad de un periodo de transición, en lugar de cortar por libre con la UE en marzo del 2019.

La reacción de la oposición política ha sido muy crítica. Los laboristas denuncian la “incoherencia de un Gobierno que intenta ocultar con humo sus divisiones”, y los liberaldemócratas insisten en que la propuesta de Davis “sólo retrasa el daño económico que acarreará abandonar el mercado común”. La asociación de empresarios británicos (CBI) la ha calificado, sin embargo, de “alentadora”, en un gesto de respaldo al Gobierno.

Las negociaciones con Bruselas están siendo “duras y ocasionalmente tensas, pero también amistosas, y creo que la UE está comprendiendo mejor nuestra posición”, apostilló Davis, a pesar de la admisión de que no será posible cerrar un acuerdo este año. Davis incluso intentó manipular la notoria inconsistencia y ausencia de plan por parte de su gobierno en los últimos meses, insinuando que se trataba de una estrategia negociadora y deliberadamente planificada (y no de la revuelta interna en el Gabinete de May, de la que viene dando cuenta la prensa de las islas). Como viene siendo habitual, retrató al Reino Unido como víctima de una venganza de los eurócratas de Bruselas a raíz del referéndum del Brexit, y llegó a decir que la elección de Emmanuel Macron como presidente francés el pasado mayo ha acabado aligerando esa presión. Queda claro que su discurso tenía como objetivo al público británico, más que a los pacientes negociadores de Bruselas.

Bruselas celebra la toma de posición de Londres

Reino Unido ha asumido en los últimos meses un papel pasivo frente a la proactividad de los Veintisiete en el toma y daca negociador. La imagen más simbólica de esta realidad fue la ausencia de papeles en el lado británico durante una de las últimas reuniones entre ambas partes, que contrastaba con las pesadas carpetas de los negociadores europeos. Por eso, la iniciativa de Reino Unido de fijar su posición en temas sensibles como la unión aduanera —pretende mantener al menos durante tres años una temporal que facilite el comercio con la Unión Europea—, ha sido saludada por Bruselas.

En los últimos meses, Bruselas ha insistido a Londres en la importancia de los tiempos. Con la británica, Theresa May, coqueteando con la posibilidad de un no acuerdo, la Comisión ha dado a los plazos una importancia sumaria. “No sabemos cuándo empezarán las negociaciones pero sabemos cuándo terminan”, ha insistido en los últimos meses el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Pero si Bruselas ha saludado que Londres rompa su inmovilismo, otra cosa es la batalla de las ideas en torno a su contenido. “Estar fuera y dentro de la unión aduanera y tener fronteras invisibles es una fantasía”, ha afirmado Verhofstadt, poco dado a morderse la lengua.

Más prudente fue en su respuesta la Comisión Europea. Bruselas dejó acuse de recibo de la propuesta, pero se mantuvo firme en los principios que viene defendiendo desde que comenzó la negociación: ve como prioridad avanzar primero en los términos de la salida británica. “Un acuerdo sobre la futura relación entre la UE y Reino Unido solo puede finalizarse una vez que Reino Unido se haya convertido en un tercer país”. Las grandes inquietudes de los Veintisiete siguen siendo la factura del Brexit, con la cifra que deberá abonar Reino Unido todavía en discusión: la UE habla de 100.000 millones de euros y en la última ronda de negociación su contraparte consideró esa cantidad de disparatada. También de los derechos de los más de tres millones de ciudadanos comunitarios residentes en Reino Unido y el más de un millón de británicos que vive en suelo comunitario.

El próximo 28 de agosto, con el inicio de la tercera fase de los encuentros entre ambas potencias, ambos temas volverán a estar sobre la mesa, y esta vez sí, Londres tendrá también una versión propia del Brexit que defender después de meses de indefinición.