Estados Unidos baraja medidas de presión más duras contra el Gobierno de Maduro

Estados Unidos está explorando nuevas vías de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Sancionado ya el propio presidente venezolano, el vicepresidente, 13 otros altos cargos y ocho miembros del Tribunal Supremo, en Washington se libra un debate entre los que apuestan por incrementar las penalizaciones a los individuos o los que creen llegado el momento plantearse abrir el melón de los castigos a la economía del país, incluyendo el embargo a sus exportaciones petrolíferas. Esta sería, según algunos expertos, un arma de doble filo.

La deriva autoritaria de Maduro y el cambio de sensibilidad de la Casa Blanca, con Donald Trump al frente, ha llevado la relación entre ambos países a una nueva fase. Washington ya no mira a Caracas como hace un año, ni siquiera como hace seis meses.

Dice Arturo Valenzuela, que fue el responsable para América Latina en el Gobierno de Barack Obama, que no se podía predecir entonces la vorágine en la que ha entrado el país y que lo que le inquieta es la capacidad de reacción externa. “Me tocó gestionar las relaciones en la época de Chávez y entonces no esperaba que el país cayese en una crisis tan profunda como la que está sufriendo ahora”, dice el ahora profesor emérito en Georgetown, “y lo que más me preocupa es que no veo un consenso internacional sobre cómo actuar, ni un liderazgo suficiente en Estados Unidos para programar un buen paquete de ayuda para Venezuela como el que se hizo con México en el 94. Me cuesta, por ejemplo, ver entrar al Fondo Monetario Internacional (FMI) en una situación tan poco clara como esta”.

La pregunta que se cierne ahora sobre Washington, y sobre el Consejo de Seguridad Nacional, que es donde se aborda esta crisis, es el “Y después, ¿qué?”. Hace tan solo un año, la actitud de Estados Unidos hacia este conflicto era la de dejar que Maduro se hundiera solo y confiar el asunto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), sin llevar la voz cantante. Las cosas han cambiado, se han dicho palabras gruesas —el consejero de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, tachó a Maduro de dictador— y las sanciones han llegado al corazón del poder, al propio Maduro. Hay quien habla de la inesperada influencia que el senador Marco Rubio, de Florida, está teniendo en la Casa Blanca, como se vio con Cuba, pese a ser uno de los más ásperos rivales de Trump en las primarias republicanas.

Pero la situación en Venezuela se ha deteriorado tanto que Barack Obama también hubiese endurecido su política, apunta Mark Feierstein, que le asesoró en asuntos de América Latina. Las sanciones habían comenzado con el demócrata, y el zarpazo al vicepresidente, Tareck El Aissami, incluido en la lista de narcotraficantes, se produjo en febrero.

Embargo del petróleo

En la Administración de Trump hay quien defiende, según fuentes conocedoras de las conversaciones, que las sanciones deben pasar de los individuos a la economía si no se logran avances, aunque hasta ahora han dominado los partidarios de no entrar en esa batalla. La opción del embargo a su petróleo, como el que en su día EE UU y la UE impusieron a Irán, sería letal para el país caribeño. EE UU es el principal comprador de crudo venezolano a través de Citgo, propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA, con un negocio diario de 32 millones de dólares (27 millones de euros), con precios de referencia de 2016. Cortar ese grifo mortificaría a la población y no queda claro que hundiese al régimen.

Para Dany Bahar, de la Brookings Institution, esa solo puede ser “la última instancia” y debe ir acompañada de un generoso paquete de ayuda internacional. “Maduro ha demostrado que está dispuesto a todo para seguir en el poder y si se pierde ese dinero pasará a recortar las importaciones y el consumo”, apunta. También sería un problema para EE UU, ya que ese petróleo supone el 10% de sus importaciones.

Bahar apunta a los militares. “Las sanciones tienen que llegar a todo el círculo interno de Nicolás Maduro, han tocado a pocos militares, por ejemplo, y pueden empezar con los generales más cercanos y anunciar que van a proseguir para que los intermedios sepan que, si no se pronuncian a favor de la Constitución, las sanciones irán contra ellos también”, afirma. “No estoy insinuando un golpe de Estado —añade— sino que debe haber una restauración del orden constitucional, que es diferente, y los militares desempeñan un papel importante en eso”.