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La batalla del burkini no se ha acabado aún en Francia

Organizaciones luchan contra los esfuerzos de los alcaldes de volver a prohibir la prenda de baño usada por muchas musulmanas

Una mujer con burkini en Marsella (imagen de archivo)
Una mujer con burkini en Marsella (imagen de archivo) AP

La noticia de que el propietario de una piscina en el sureste Francia quiere hacerle pagar el costo de su desinfección a una mujer porque se bañó en burkini, denunciado esta semana por el Colectivo Francés contra la Islamofobia (CCIF), ha recordado que el debate sobre el uso de esta prenda, si bien más soterrado que hace un año, sigue bullendo en el país galo.

El CCIF, ha asumido el caso y está examinando con la afectada las posibilidades de una demanda, explica a EL PAÍS Lila Charef, codirectora de esta asociación que defiende en Francia a musulmanes víctimas de discriminación, racismo o violencia. “Los hechos son sencillos”, resume en un correo electrónico. “Una mujer de vacaciones que se alegraba de pasar una agradable temporada de verano ha sido tratada como una cochina porque se bañó en la piscina con un burkini”.

La mujer, que estaba con su marido y sus tres hijos en una residencia privada que había reservado para una semana en La Ciotat, cerca de Marsella, se bañó sin problemas el primer día con esta prenda islámica hecha con un material similar que los bañadores y que cubre el cabello y el cuerpo, a excepción de los pies, las manos y la cara. Pero cuando, la jornada siguiente, acudió a la piscina comunal, el vigilante le pidió que saliera del agua porque, según su relato, la comunidad de copropietarios había denunciado que una mujer se había bañado vestida y que se había negado a salir cuando se lo pidieron, algo que ella niega. Además de retenerle el dinero de la fianza —490 euros— a la espera de que pague la desinfección de la piscina, la mujer sufrió la humillación de que se le prohibiera volver a utilizar el recinto el resto del tiempo que permaneció en el complejo.

Lo que difiere en este caso de los sucesos de hace un año es que se trata de una piscina privada y no, como en 2016, de ordenanzas emitidas por varios ayuntamientos del país, muchos de ellos en esta misma zona de la Costa Azul, intentando prohibir el burkini en sus playas y piscinas públicas. El Consejo de Estado francés acabó anulando dicha prohibición. Pero un año más tarde, esta institución, la mayor instancia judicial administrativa del país, ha tenido que volver a intervenir en otro caso relacionado, lo que evidencia que el debate no está cerrado del todo y no se restringe tampoco a casos particulares como el de La Ciotat.

En junio, el ayuntamiento de Lorette, cerca de Lyon, fue denunciado por varias organizaciones —entre ellas el CCIF— a causa de la prohibición que emitió para la entrada a las piscinas naturales de la localidad contra mujeres con velo, algo que dejó claro en un cartel a la entrada del recinto donde aparecía el icono de una mujer con un hijab cruzado por una franja roja, símbolo de prohibición. En el reglamento interno de las piscinas se especificaba además que las mujeres debían bañarse con un bañador “de una o dos piezas” y que en la playa del recinto estaban prohibidos “el monokini, el burkini o el velo que disimule total o parcialmente la cara”. Ante la denuncia las asociaciones, el alcalde de Lorette, Gérard Tardy, retiró tanto el cartel como las reglamentaciones, pero aun así, un tribunal de Lyon le condenó a pagar 2.100 euros a las organizaciones demandantes. El Consejo de Estado, ante el que el regidor apeló el fallo, acaba de confirmar la sentencia, también esta semana.

“Algunos alcaldes, como el de Lorette, intentan, sin éxito, reactivar la polémica del burkini”, considera Charef. “Esperemos que las decisiones del Consejo de Estado sean lo suficientemente disuasorias. Es la muestra del papel decisivo de las organizaciones de lucha contra el racismo cuando se movilizan”.

Pero si la justicia sigue dando portazos a los que intentan prohibir el burkini, algunas autoridades locales, que han aprendido la lección, se sirven de subterfugios para seguir impidiendo el uso de esa prenda en sus playas. Es el caso de Marsella, donde se ha optado por eliminar toda mención específica al burkini, pero se han elaborado las normas de tal manera que esa ropa de baño quede prohibida. Según destacó la emisora France Bleu, en una ordenanza municipal del 15 de junio, el ayuntamiento de Marsella estipula que los trajes de baño a usar “no deben dificultar la entrada al agua ni constituir un freno a las operaciones de salvamento”. “Esto le permite decir a la policía a la gente que va al agua con prendas inapropiadas que debe salir”, explicó a la emisora Didier Réault, delegado adjunto encargado de las playas. “Vale tanto para el burkini como para un mono de trabajo. Si alguien quiere ir a la playa vestido con un mono de esquí, es posible. Pero no se podrá bañar con él”, ironizó.

El CCIF está dispuesto a reaccionar al mínimo incidente, advierte su fundadora. “En cuanto se le prohíba a las bañistas el acceso a las piscinas, intervendremos con la misma determinación que con el caso de la comuna de Lorette”, promete Charef, para quien “esta estigmatización permanente de las ciudadanas de confesión musulmana resulta insoportable”.

“¡Ni que los funcionarios públicos no tuvieran otra preocupación que perseguir a sus administrados en las playas!”, lamenta.

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