“De seguir así, Maduro podría ser juzgado por crímenes de lesa humanidad”

El investigador de Amnistía Internacional Ignacio Jovtis (Mar del Plata, 1979) llegó a Caracas un día después de que el Gobierno de Nicolás Maduro concediera arresto domiciliario a Leopoldo López, el principal líder opositor encarcelado del país. Una alfombra de piedras, cartuchos de gases lacrimógenos y bombas molotov se tendía ese 9 de julio entre el aeropuerto y el hotel al que llegó el abogado argentino. Eran los restos de las manifestaciones contra el Gobierno bolivariano, que duran ya más de tres meses y en las que ha habido casi un centenar de muertos.

Amnistía ha documentado la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano durante la crisis política. Y ha advertido sobre la alta probabilidad de que aumente en la víspera de la votación para la Asamblea Constituyente, el 30 de julio, convocada por Maduro en medio de su prolongado pulso con el Parlamento para despojar de sus facultades a este poder de mayoría opositora. Jovtis habla de esta difícil situación en una entrevista en Madrid.

Pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico de la crisis de Venezuela?

Respuesta. La situación es de crisis de los derechos humanos. Y decimos crisis porque hay un abanico de derechos humanos que están siendo vulnerados, tanto de acceso a alimentación, a medicamentos… Amnistía Internacional documentó casos de tortura, de ejecuciones, de asesinatos, de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. El país está envuelto en una crisis de derechos humanos muy grande. Esa fue la sensación que tuve la semana pasada cuando estuve allí.

P. ¿El país está cerca de entrar a un enfrentamiento del tipo de una guerra civil?

R. Desde el lugar de Amnistía, eso sería especular, hacer futurología. No lo podemos saber. Sí que está claro —porque lo hemos documentado— que en el contexto de las manifestaciones se han dado casos de uso excesivo de la fuerza que en muchas ocasiones han terminado en asesinatos. Hay una conflictividad muy grande desde ese punto de vista. Si eso escalara, naturalmente terminaría en lo que en el derecho internacional humanitario se llama un conflicto interno, pero eso no lo podemos asegurar.

P. Amnistía ha acusado al Gobierno de usar la violencia sistemática para reprimir a la oposición. ¿Cómo funciona esto?

R. Al principio parecían episodios aislados, pero desde Amnistía hemos documentado que eso no es así, que existe un patrón, una política de Estado tendiente a reprimir voces disidentes. Hemos documentado casos de gente que tiene pedidos [órdenes] de excarcelación de hace un año y que no sale. En las manifestaciones también hubo asesinatos. Acompañado a esto hay discursos que fomentan esa violencia por parte del Gobierno.

P. ¿Cuál es la situación de los más de 400 venezolanos sometidos a la justicia penal militar?

R. Ese es uno de los casos que según el derecho internacional se puede calificar como detención arbitraria. La semana pasada me pude reunir con las esposas de unos policías de Chacao [un municipio al este de Caracas gobernado por el opositor Ramón Muchacho] que desde agosto del año pasado tienen orden de excarcelación firmada por un juez y siguen presos. Ahora han iniciado una huelga de hambre y están ahí, en un edificio en el centro de Caracas, y no se sabe cuándo los van a soltar. Como a Leopoldo López lo trasladaron durante la madrugada, la esposa de una de las personas que está detenida ahí me contaba que ella iba en la madrugada para ver si liberaban a su marido. Y no tienen ningún tipo de respuesta del Gobierno. O sea, hay una orden, un fiscal que pide que los liberen, una orden judicial que dice que hay que liberarlos desde hace un año, y no pasa nada. Casos como estos hay muchos: gente que es encarcelada sin ningún tipo de juicio, gente que está acusada de delitos militares cuando en realidad son civiles…

P. ¿Qué consecuencias legales tienen estos abusos?

R. Si esto sigue así, se podría terminar obteniendo evidencias de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este aspecto del patrón generalizado [de violencia] como política de Estado es un elemento importante, porque de continuar la situación así vamos a seguir recolectando evidencia para ver si podemos valorar esto según el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad.

P. Un centenar de congresistas chilenos y colombianos han denunciado a Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por ese tipo de crímenes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea juzgado?

R. Si esto sigue así, se van a dar los elementos jurídicos como para que eso suceda. Eso podría pasar. No puedo ser más contundente de lo que estoy siendo porque tenemos que terminar de cerrar incidencias. Pero de seguir así, sí que podría acabar en el Artículo 7 del Estatuto de Roma [sobre crímenes de lesa humanidad] y se podría llegar al tipo penal. Por eso hablamos de la necesidad de que otros Estados apliquen la jurisdicción universal, que Amnistía solamente la pide para las graves violaciones de derechos humanos. Hay que hacer algo para que esto pare.

P. Hace unas semanas el Gobierno dio casa por cárcel al opositor Leopoldo López, pero en paralelo ha intensificado el hostigamiento a la oposición con la detención de tres diputados.

R. El caso de Leopoldo López ilustra una situación mucho más generalizada. Con ese traslado no se soluciona el problema en lo más mínimo. Primero, porque no fue liberado; y después porque hay un montón de gente como él.