La UE advierte a Polonia por su clara deriva autoritaria

Europa ultima medidas concretas contra los excesos autoritarios de Polonia. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abrirá un procedimiento de infracción contra el Gobierno polaco si no retira la reforma que coloca al poder judicial bajo control político. Además, el Ejecutivo comunitario alerta de que está “cada vez más cerca” de apretar el llamado botón nuclear de la UE: la activación del proceso que puede acabar suspendiendo los derechos de voto de Polonia en el seno comunitario. Esta vía inédita se esgrime como amenaza contra un Gobierno que ha desoído todas las advertencias de Bruselas.

El gigante del Este —séptima economía de la Unión Europea— plantea la mayor afrenta a los valores europeos. Polonia, gobernada por Beata Szydlo, del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), se encamina hacia la dictadura sin que la Comisión Europea, garante de las reglas de la UE, tenga claro cómo impedirlo. Tras casi dos años de advertencias por los incumplimientos sistemáticos del Estado de derecho, Bruselas invoca por primera vez el procedimiento que puede acabar despojando a Varsovia de su voz en la UE. Los comisarios han llegado a ese punto tras un largo debate en el que casi todos han querido expresar su preocupación por la deriva autoritaria de Varsovia, según explican las fuentes consultadas.

Como medida más inmediata, la Comisión avanza un expediente de infracción por la última reforma judicial que ha puesto en marcha el Ejecutivo ultranacionalista polaco. La UE no tiene dudas de sus efectos. “Estas leyes abolirán cualquier rastro de independencia judicial. El poder judicial estará a merced de los líderes políticos”, ha advertido el número dos de la Comisión Europea, el vicepresidente Frans Timmermans, en conferencia de prensa.

La reforma, desplegada en cuatro leyes, coloca el sistema judicial bajo la lupa del poder político. Las nuevas normas otorgan al Parlamento la potestad de nombrar directamente a los jueces del órgano de gobierno judicial del país, acortan prematuramente sus mandatos y rebajan la edad de jubilación de los jueces ordinarios, con la posibilidad de que el ministro de Justicia pueda prolongarla en función de criterios poco definidos y con una distinción entre la edad de jubilación de los hombres (65 años) y de mujeres (60 años). Se trata, en el caso de las mujeres, de una doble discriminación. Los cambios facultan al mismo ministro para designar y destituir a los presidentes de los tribunales sin alegar motivos. Respecto al Tribunal Supremo, los jueces actuales acabarán bruscamente su mandato y será también el titular de Justicia quien elija a sus sucesores. Bruselas sostiene que la norma no solo vulnera el Estado de derecho en que se basa la UE, sino también la propia Constitución polaca.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto abrir formalmente el procedimiento el próximo miércoles, tras haber debatido hoy la panoplia de medidas durante el colegio de comisarios. Timmermans ha alegado que formalmente las leyes aún no están en vigor (solo una de ellas) y que hay que esperar los textos definitivos para contestarlos jurídicamente (también para contemplar la remota posibilidad de que la reforma se retire). El procedimiento de infracción tiene la ventaja de que no requiere la aprobación del resto de Estados miembros y que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE, con sanciones para Polonia. Pero su gran desventaja es que se trata de un proceso ordinario para un caso absolutamente extraordinario de vulneración de los usos democráticos.

El botón nuclear

El brazo Ejecutivo de la UE también tiene previsto lanzar la próxima semana otra recomendación dentro del procedimiento especial que abrió en enero de 2016 por amenaza al Estado de derecho y que no ha dado resultados. Varsovia ignora las advertencias de Bruselas y sus ministros se niegan a dialogar con Timmermans, según ha dado a entender el vicepresidente. En ese clima de impotencia, los comisarios han planteado hoy, por primera vez, la posibilidad de invocar el artículo siete del tratado europeo, que permite —como último recurso— anular los derechos de voto.

“Dados los últimos acontecimientos, nos estamos acercando mucho a esa opción. Aún queda la posibilidad del diálogo, pero debe ser para atajar la situación y no impedirá que la Comisión tome las medidas necesarias”, ha avisado Timmermans, que cree justificado contemplar el uso de este instrumento. “No estamos hablando de detalles, sino del incumplimiento de uno de los pilares de la UE. El Estado de derecho es lo que mantiene abiertas nuestras sociedades”, argumentó.

Bruselas no pretende recurrir a esta herramienta de manera inmediata. El objetivo es tener tiempo para sondear a los países miembros. Porque el artículo siete (incluso en su fase preventiva, que se limita a “constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave” de los valores europeos) requiere la aprobación de cuatro quintos del Consejo Europeo, formado por los países miembros. Y aunque la inmensa mayoría muestran inquietud ante la deriva autoritaria de Polonia, la opción nuclear aún les genera dudas. La Comisión Europea quiere comprobar si existe apoyo suficiente antes de inaugurar una ruta que puede acabar en fracaso.