La sombra de los abusos sexuales llega por primera vez a la cúpula vaticana

El día no podía ser peor. A las 8.30, justo antes de la gran misa oficiada por el Papa con motivo del día de San Pedro y San Pablo y con la mayoría de cardenales del mundo llegados al Vaticano para el Consistorio del día anterior, Pell comparecía ante los medios. Se sabía que había sido imputado por un caso múltiple de abusos a menores. Pero anunció que regresa a Australia para testificar el 18 de julio ante el juez. El Vaticano, al menos públicamente, le respalda y no le obliga a dimitir. “La Santa Sede recibe con desagrado la noticia del envío a juicio del cardenal [...] El Santo Padre le ha concedido un periodo de excedencia para poderse defender”.

El caso Pell, el mayor sufrido por una autoridad de tan alto rango en el Vaticano, tiene dos vertientes. Por un lado, su presunta implicación en los encubrimientos masivos de pederastia, que comienzan a finales de los setenta. Por otro, su supuesta participación directa en varios casos que han denunciado las víctimas. Por este último, investigado desde hace tiempo por la policía del Estado de Victoria, y por el que se le interrogó hace ocho meses en el Vaticano, ha resultado imputado.

Más de 4.000 denuncias

Pell ha dado la cara —no es habitual— y niega los hechos. “Estoy esperando que llegue mi día en el tribunal para defenderme, soy inocente de estos cargos. Son falsos. La completa idea de abuso sexual es aberrante para mí”. Y el Vaticano le dio su apoyo en un comunicado. “Ha condenado durante décadas abierta y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales e intolerables, ha cooperado en el pasado con las autoridades, ha apoyado la creación de una Pontificia Comisión para la tutela de menores y la prestación de ayuda a las víctimas de abusos”. Y es cierto, pero también se le investiga por lo contrario.

El cardenal, de 76 años y máxima autoridad de la Iglesia católica en Australia, ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y 1984. Un periodo en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo de otro cura (Gerald Ridsale), que fue condenado a ocho años. Pell siempre negó conocer aquello. Pero también aseguró ignorar la mayoría de los 4.444 casos denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001, y de Sidney hasta 2014. Sin embargo, como relata Emiliano Fittipaldi, periodista de L’Espresso y autor del libro Lujuria, que trata este caso, en Australia se terminó pagando ocho millones de euros a víctimas a cambio de no volver a remover aquellos asuntos.

Fuentes cercanas al cardenal le definen como conservador, de fuerte carácter, obstinado y contrario a la línea aperturista, especialmente en temas de familia, del Papa. Su ascenso en el Vaticano genera controversia y otras fuentes aseguran que Benedicto XVI, justamente, le descartó como jefe de los Obispos por sus antecedentes. Francisco le ha apoyado siempre. De hecho, su llegada a posiciones de extrema responsabilidad —forma parte del C9, el órgano que aconseja al Papa en sus reformas— responde a la voluntad del Santo Padre de abrir la curia a distintas sensibilidades y periferias geográficas y establecer una representación de la Iglesia Universal más precisa. Pero también tiene que ver con su buena fama como gestor en materia económica.

El Papa dijo hace un año que hablaría del tema cuando lo hiciese la justicia. Pero el avance del caso Pell, más allá del resultado final de la investigación, es un reflejo del estancamiento de algunas de las reformas más importantes. Y no por la falta de voluntad del Pontífice. La imputación llega solo una semana después de la renuncia del revisor de las finanzas del Vaticano, Libero Milone, por causas desconocidas. La Santa Sede pierde así a sus dos máximos exponentes en la materia y deberá buscar un nuevo plan. Pell, a sus 76 años y embarcado en un proceso que puede ser largo, tiene pocas posibilidades de volver. Sea o no culpable.