Bruselas busca vías de suplir los 11.000 millones británicos que pierde por el Brexit

El Brexit deja un agujero difícil de cubrir en las cuentas de la UE. La Comisión Europea ha cuantificado este miércoles la dimensión de esa brecha. El presupuesto europeo, que financia desde la política agraria hasta las becas Erasmus, perderá entre 10.000 y 11.000 millones de euros netos cada año (descontado el coste del famoso cheque británico de compensación) por la salida de Reino Unido, uno de sus principales contribuyentes. “No podemos hacer como si no ocurriera nada. Habrá que aplicar recortes, pero solo con recortes no se cubre la laguna”, ha advertido el comisario europeo a cargo del presupuesto comunitario, Günther Oettinger.

Europa afronta un círculo difícil de cuadrar. Por una parte, va a perder un 16% bruto de ingresos presupuestarios porque Londres dejará de contribuir. Por otra, los desafíos crecen y las cuentas de la UE deben adaptarse para gastar más en partidas como la migración y la defensa. Con estos retos en mente, el Ejecutivo comunitario ha elaborado un documento de reflexión para que los Estados aporten soluciones. Porque hasta 2020 el actual marco financiero europeo aún percibirá las aportaciones que Londres comprometió antes del referéndum (la cuantía exacta será objeto de negociación en el Brexit). Pero a partir de 2021, el problema será insalvable y los Estados tendrán que acordar quién pone más y quién recibe menos para equilibrar las cuentas.

Aunque el debate está abierto, la Comisión deja clara su postura. “Queremos disponer de más recursos propios”, ha avanzado el comisario alemán. Como ejemplo de que la UE se maneja con poco dinero —apenas el 1% del producto interior bruto europeo, alrededor de un billón de euros para un periodo de siete años—, Oettinger alude a la situación en Estados Unidos. Si un contribuyente aporta al Estado 50 de cada 100 euros que percibe, las arcas nacionales se llevan en Europa 49 y las comunitarias, un euro. En Estados Unidos el Gobierno federal percibe 30 de esos 50 euros, según una estimación de Bruselas. “Eso no va a nuestro favor”, sentencia Oettinger.

Impuestos medioambientales

Bruselas lanza algunas propuestas en ese documento de reflexión, adelantado por EL PAÍS. Entre ellas aumentar los recursos actuales (contribución directa de los Estados en función de su riqueza nacional, así como porcentajes del IVA y de derechos de aduanas). También añadir otros, como la tasa sobre las transacciones financieras que no acaba de llegar o impuestos de corte medioambiental (sobre la electricidad, los carburantes o el CO2). Nadia Calviño, directora general en el departamento de Presupuesto de la Comisión, anima a aprovechar los cambios que necesita el presupuesto europeo por la salida de Reino Unido para aplicar reformas de más calado. “Es evidente que de cara al futuro no se puede cubrir todo con recortes. ¿Tenemos suficiente con un presupuesto que representa el 1% del PIB europeo? La salida de Reino Unido también supone una oportunidad para reformarlo”, argumenta esta experta.

En esa reflexión endiablada sobre cómo hacer más con menos, Bruselas introduce un elemento controvertido. El documento presentado este miércoles dice hacerse eco del debate público para “establecer un vínculo entre la caída de los fondos europeos y el respeto al Estado de derecho en los Estados miembros”. El texto alude, sin citarlo, a las quejas expresadas por algunos países (entre ellos Alemania, Austria e Italia) sobre la falta de solidaridad de los nuevos socios respecto a problemas comunes como la acogida de refugiados. Para evitar rencillas —y teniendo en cuenta que los presupuestos europeos se aprueban por unanimidad—, Bruselas lo presenta más como un incentivo positivo que negativo. Pero observar cómo Polonia, Hungría y República Checa, tres de los principales receptores netos de fondos, se niegan a aplicar la política de acogida de refugiados ha dejado una sensación muy amarga en las instituciones comunitarias y en los países que más aportan al presupuesto. “La solidaridad debe ser recíproca”, ha admitido la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu.