Colombia y las FARC se dan dos meses más para la aplicación de los acuerdos

El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se alarga. El calendario de aplicación de los acuerdos, que hubiera tenido culminar esta semana al cumplirse 180 días, ha quedado modificado por los retrasos logísticos de la transición de la guerrilla a la vida civil y la entrega de armas, que aún no ha terminado. Las dos partes han acordado darse un nuevo plazo. La guerrilla tiene 20 días más para dejar el armamento en manos de la misión de Naciones Unidas desplegada en territorio colombiano. "Este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación", ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en una declaración pública la noche del lunes, festivo en Colombia. "No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".

Las 26 zonas donde los excombatientes transitan a la vida civil desde el pasado enero se amplían hasta agosto, es decir, 60 días más. "El 1 de agosto se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en condiciones de plena normalidad institucional", se lee en un comunicado publicado posteriormente por la Comisión de Seguimiento del proceso en la que se sientan el Gobierno y las FARC. Estos lugares servirán para que los guerrilleros se sigan formando en diversos oficios, parar preparar proyectos productivos "en un modelo de reincorporación comunitaria". Nuevas condiciones para las que amas partes tendrán que solicitar antes del 10 de julio al Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe su misión en Colombia.

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Las razones del cambio en el calendario pactado durante cuatro años de conversaciones en La Habana se materializan sobre el terreno. La carretera que une Villavicencio, una ciudad a unas tres horas de Bogotá, con el campamento en el que 600 excombatientes de las FARC se preparan para la vida civil recuerda a la guerra que terminó el pasado noviembre con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla. El Meta sigue siendo una de las regiones más minadas del mundo. La insurgencia plagó estas tierras de explosivos para hacerse con el territorio. Ahora, trabajadores de la organización antiminas Halo Trust son el testigo de lo que queda de un conflicto de medio siglo.

Cuando los palos que demarcan la zona minada terminan, aparece la vereda de La Guajira. Una calle de tierra en el llano oriental colombiano, con menos de una decena de casitas a cada lado. Desde hace unos meses, los habitantes conviven con observadores de la ONU, miembros del Gobierno, la Policía y de las FARC. Son los componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación responsables de que los guerrilleros del campamento cercano dejen las armas.

Los que durante 50 años se dispararon, ahora duermen bajo la misma carpa, a pocos centímetros. Comparten el comedor y los baños portátiles. Se sientan en la misma mesa a decidir los temas del día y a solucionar los incidentes que se encuentran en el camino a la paz. "Percibí desde el primer momento un cierto grado de desconfianza del Gobierno como de las FARC", explica Juan Carlos Bertalo Peralta, miembro de la Armada y uno de los 18 observadores españoles desplegados en territorio colombiano. "Ha sido una barrera muy difícil de superar. Hoy en día convivimos con toda normalidad".

Pese a todo, el trabajo diario continúa. Cristina Sánchez Pedraza, inspectora jefe de la Policía Nacional de España y observadora de Naciones Unidas se sienta cada mañana con el Gobierno y las FARC para mediar en los incidentes que trae aparejados este proceso. "Cuando sucede algún problema, entra Naciones Unidas, formando parte del tripartito. Lo que hacemos es tomar declaración, hacer entrevistas a quien corresponda para tratar de saber qué ha pasado en ese incidente", explica la policía. "Hay días que hay un poco de tensión, dependiendo del tema que estemos tratando. Pero es más de lo que desde fuera podría parecer. Hay muy buena voluntad de todas las partes de que esto siga hacia delante. Y esto es lo que predomina en todas las reuniones".

Durante la visita que EL PAÍS realizó a la sede de La Guajira ni los miembros del Ejecutivo ni los de las FARC quisieron acercarse a la grabadora. La excusa era la misma: "No tenemos permiso de los superiores". Aunque este diario realizó las gestiones pertinentes, de nada sirvió en una zona donde no se ha cumplido con el calendario marcado. El espacio donde el Mecanismo vive de manera temporal no está acabado. El lugar donde centenares de guerrilleros deben prepararse para abandonar su vida de combatientes es exactamente igual al de su vida de combatientes. Es decir, no han llegado ni los materiales, ni las máquinas ni los trabajadores que debían adecuar el campamento para recibir asistencia médica y formación. Tampoco hay zonas comunes para cocinar o para practicar deporte.

"Es evidente que ni en uno ni en dos ni en los meses que se acordó ya extender este período van a ser entregadas estas zonas", asegura Matías Aldecoa, segundo responsable de las FARC en el Mecanismo. "El tema de la reincorporación es muy complejo. Los guerrilleros vamos a dejar las armas, pero no tenemos dónde vivir. No hay todavía una seguridad jurídica. Tampoco hay garantías de la seguridad personal, de protección. Tampoco hay una garantía de la seguridad económica, ¿de qué van a subsistir?".

"Somos conscientes de que ha habido algunos retrasos en la parte logística. Pero en ninguna parte del acuerdo está condicionada la entrega de armas a que los campamentos y las sedes estén listas", dice el contralmirante Orlando Romero Reyes, responsable del Gobierno ante el Mecanismo. Sus palabras se materializan sobre el terreno. En la zona de La Guajira no hay nada construido.

En un paseo por sus alrededores se pueden ver los fusiles de los guerrilleros con el código de registro que la ONU ha usado para realizar un inventario que deja un saldo de unas 7.000 armas en los campamentos. Todo este material será depositado en contenedores que se están instalando en las zonas veredales, como el que aparece a la salida del camino de tierra que conecta esta región con la urbe más cercana. Aunque el plazo para la entrega de los fusiles se ha ampliado 20 días, estos almacenes permanecerán en las zonas hasta agosto.

La misión de Naciones Unidas tiene en su poder más de 1.000 armas de miembros de las FARC que forman parte del mecanismo, de los guerrilleros que se capacitan para otorgar seguridad a la guerrilla, de aquellos que se dedicarán a hacer pedagogía de esta fase de la implementación; y de los que trabajarán en tareas de desminado y erradicación de cultivos ilícitos como los de coca.

De manera paralela, la guerrilla y el Gobierno se preparan para llegar a 900 caletas, los zulos escondidos en la Colombia profunda donde se almacena el material pesado y explosivo. Ambas partes han elaborado un plan para la extracción y destrucción de este armamento: a partir del 1 de junio se establece un plazo de tres meses para conseguir este segundo objetivo. Si en este tiempo no se hubiera conseguido el desarme definitivo, "las caletas quedarán a disposición del Gobierno que contará con la colaboración de exintegrantes de las FARC para el desmantelamiento". Este trabajo no tiene una fecha límite por el momento.