Gobernadores corruptos

A ratos parecería que las palabras México o Perú se pudieran intercambiar sin ningún problema en las noticias sobre gobernadores procesados, presos o prófugos por acusaciones de corrupción. En la mayoría de los casos como parte de estructuras del crimen organizado. Más allá, pues, de una autoridad que simplemente echa mano de algunos recursos públicos para beneficio personal.

La Semana Santa aportó la detención en Guatemala del prófugo exgobernador del Estado de Veracruz (México), Javier Duarte; días antes la justicia peruana disponía la de Félix Moreno, gobernador de la región Callao, el espacio portuario más importante del país andino. La cosecha de gobernadores con serios problemas con la justicia es espectacular; tanto en tierras aztecas como incaicas. En México 11 exgobernadores (de 32 entidades federativas) tienen que rendir cuentas ante la justicia; siete ya están tras las rejas. En el Perú las cifras no son muy distintas: de los 25 gobernadores regionales, seis están ya en la cárcel y otros 14 acusados o investigados por delitos de corrupción.

Vista esta foto dramática, surgen varias preguntas. Desde, ¿por qué se ha desatado esta aparente explosión de corrupción? Hasta si esto no revela, acaso, el fracaso de una institucionalidad descentralizadora: esta habría acabado en manos de delincuentes. Ninguna conclusión fatalista o simplista tiene, sin embargo, suficiente sustento. El tema tiene muchísimas aristas, pero en esencia cuatro características fundamentales.

Primero, una positiva: hay problemas serios, pero, a la vez, una institucionalidad judicial y de Ministerio Público que actúa. En otros tiempos podría haber prevalecido el pasivo cinismo de "todos roban" o la resignada resignación frente a la fuga o evaporación de un prófugo. Esto es cosecha de una democracia que en otros tiempos no habría dado señales de vitalidad inquisitorial o persecutoria frente al delito cometido desde el poder político.

Segundo, un resquebrajamiento de la institucionalidad política y, en particular, de los partidos políticos, convertidos —cuando existen— en simple vehículo de siglas y colores para conseguir un puesto político importante. Diluida la institucionalidad partidaria se diluye, también, un contrapeso del "hago lo que me da la gana". Cero ideología o programa político; todo oportunismo y personalismo acomodaticio. El problema, pues, no está en una estructura estatal descentralizada sino en que pandillas de sinvergüenzas se puedan apoderar de ella.

Tercero, la imbricación de la clásica corrupción con poderosas estructuras de crimen organizado en los que la autoridad es una pieza más —importante, pero una más— dentro de un andamiaje mayor. Que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico (especialmente en México) o con redes lucrativas y delincuenciales de tráfico de terrenos con obras públicas sobrevaluadas. En casi todos los casos, sin embargo, como eslabón de estructuras mayores que muchas veces hacen uso de violencia sanguinaria. Golpear a esas estructuras criminales es prioridad esencial.

Cuarto, la urgencia de afinar y fortalecer políticas preventivas contra la corrupción; estas han quedado ostensiblemente superadas por la rapiña delincuencial. Paradójicamente son México y Perú dos de los países con legislación y políticas más completas sobre transparencia en el manejo de los recursos públicos. Más de 10 años de experiencia en políticas públicas al respecto en ambos países indican, sin embargo, que las normas y políticas tendrían que ser autocríticamente desmenuzadas y reformuladas.

Ocurre, sin embargo, que no estamos ante un vaso medio vacío sino ante uno medio lleno. Eso no es una ilusión. El problema es tremendo y la espiral parece incontenible. Pero hay pasos que da la justicia y en la realidad existen políticas que deben ser revisadas y no un terreno desértico en el que no se ha hecho nada. Y lo principal: una ciudadanía con una fuerte percepción de sus derechos democráticos y sin paciencia frente al crimen organizado desde el poder.