En Venezuela se libra la guerra del pan
El Gobierno ocupa cuatro establecimientos en Caracas dentro de un plan para que los panaderos destinen el 90% de la harina subsidiada a presentaciones reguladas
La más reciente polémica entre el régimen de Nicolás Maduro y los comerciantes en Venezuela tiene a los panaderos como protagonistas. El presidente está decidido a obligar a las panaderías a destinar el 90% del saco de trigo que les subsidia el Estado para elaborar presentaciones económicas de pan (canilla y francés). El jefe del Estado le ha dado connotaciones bélicas a la apuesta. La llama "la guerra del pan" y para intentar ganarla ha puesto en práctica el plan 700, que consiste en agresivas fiscalizaciones a los establecimientos del municipio Libertador (centro oeste de Caracas) por parte del Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee).
Las barras de pan eran parte casi exclusiva de la cena de los venezolanos, pero la ruda escasez que ha caracterizado al Gobierno de Nicolás Maduro —ocasionada por una medida que pretende obligar a casi todo el comercio, en medio de una economía inflacionaria, a trabajar con un margen de ganancia del 30% sin reconocer el costo de reposición de la mercancía a la hora de fijar el precio de venta— ha cambiado esos hábitos.
Hoy en Venezuela no hay oportunidad de escoger si se desayuna con las populares arepas (tostadas rellenas) o con pan canilla. A las largas filas que se hacen a toda hora del día a las afueras de los supermercados para adquirir insumos básicos se ha sumado ahora las que, a ciertas horas del día, se forman frente a las panaderías para adquirir las presentaciones reguladas de pan.
El Gobierno ha acusado a los panaderos de destinar la harina de trigo a la fabricación de cachitos (pan relleno de jamón), pastelitos (masas de hojaldre rellenas con queso y jamón), dulces, tortas y productos no regulados. Su venta permite compensar, mediante la operación de subsidio cruzado, las pérdidas que se generan con la venta de las presentaciones de pan por debajo del coste real.
Fevipan, el gremio de los panaderos, no da por buena esa explicación. La semana pasada, cuando el Gobierno comenzó a visitar las panaderías de la capital de Venezuela para obligarlas a cumplir con las directrices de Maduro, afirmó que el 80% de sus afiliados no tenían inventarios y el restante 20% recibía solo el 10% de la harina necesaria para producir.
"Las panaderías del país necesitan 120.000 toneladas de trigo al mes para cubrir la demanda, pero el Gobierno solo distribuye 30.000", informaron. Esta semana, después de la ocupación de cuatro panaderías y la detención de cuatro personas por órdenes de la Superintendencia Nacional, han reiterado sus denuncias de falta de material y rechazado las ocupaciones, que durarán tres meses.
Los encargados de ejecutar el plan de Maduro son dos polémicos funcionarios: el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami y la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional, William Contreras. El Aissami porque es acusado por Washington de tráfico de drogas y ha recibido sanciones por parte del Departamento del Tesoro. Contreras porque desde que asumió el cargo ha convertido en espectáculos las fiscalizaciones a todos los comercios. Muchos vídeos en las redes sociales muestran al funcionario en plena faena prometiendo enviar a la cárcel a quienes incumplen la ley. "Panadería frente a la cual se arme una fila será sancionada, les incautaremos la materia prima y se la entregaremos a la comunidad organizada para que la opere", dijo Contreras cuando se inició el plan 700 la semana pasada.
Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones de base del chavismo que distribuyen alimentos básicos entre su clientela, se harán cargo de las panaderías sancionadas por tres meses. La medida tiene tanto adeptos como detractores. Tan dispares opiniones podrían explicarse en el hecho de que la crónica inflación de Venezuela, que en los últimos 35 años casi nunca ha estado por debajo de los dos dígitos, ha liquidado el poder adquisitivo de la gente.
Detractores de la medida
Quienes rechazan la medida temen que el plan del Gobierno sea el comienzo de fiscalizaciones que acaben con la producción de pan y profundice el drama de conseguir alimentos en Venezuela. Es parte del eterno ciclo aupado por las políticas de la autodenominada revolución bolivariana.
El fondo del problema de Venezuela es el mismo. El Gobierno de Maduro mantiene un férreo control cambiario desde febrero de 2013 y decide cuándo y cómo otorgar las divisas para importar insumos como el trigo, que no se producen en el país. Con el declive de la producción de petróleo, que aporta el 96% de los dólares que ingresan a las arcas de la República, las entregas de divisas para importar también han caído. Pero el régimen chavista se niega a reconocer esa situación y prefiere atribuir la escasez a un complot de la oposición aliada con Estados Unidos, que busca generar malestar entre venezolanos.
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