La Administración de Trump reclama que se reactive el veto migratorio

El Gobierno de Estados Unidos defendió este lunes que el decreto migratorio aprobado por Donald Trump, que veta temporalmente la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, fue un “ejercicio legítimo” de la autoridad del presidente y que su bloqueo por los tribunales menoscaba la seguridad nacional. Estos son los dos argumentos básicos en torno a los que giran las alegaciones presentadas esta tarde por el Departamento de Justicia ante la Corte Novena de Apelaciones, en San Francisco, que ha convocado una vista oral para mañana, que tendrá lugar por vía telefónica.

El caso ha acabado en esta Corte después de que un juez federal de Seattle, James Robart, lo dejara en suspenso el viernes como medida cautelar a raíz de la denuncia presentada por los estados de Washington y Minnesota. El Gobierno de Trump lo recurrió este fin de semana sin éxito y este lunes tenía una última oportunidad de presentar nuevos argumentos, como también lo hicieron los estados.

La suspensión no aborda el fondo del asunto, la medida más polémica de las primeras semanas del Gobierno de Trump, sino que se basa en la conveniencia de detener la orden ejecutiva mientras se resuelve el caso en los tribunales. Este decreto, aprobado en la tarde del viernes 27 de enero, supuso la revocación de los visados de unas 60.000 personas que tenían los documentos en regla para entrar en el país y provocó un caos en decenas de aeropuertos de todo el país durante aquel fin de semana.

Según la apelación del Gobierno, la decisión judicial esa orden ejecutiva en todo el país es “ampliamente exagerada”, ya que se extiende a cláusulas del decreto que ni siquiera los que la disputan ante los tribunales afirman que sean ilegales. Además, agrega el argumento legal, el estado que empezó esta batalla, Washington, está pidiéndole a los jueces que den el “extraordinario paso de interpretar una decisión formal de seguridad nacional tomada por el presidente”.

Por su parte, los estados de Minnesota y Washington defendieron que reactivar el veto volvería a “crear un caos” y supondría una disrupción en las vidas de los miles de personas afectadas, así como la separación de familias. A esta batalla legal se han sumado también casi un centenar de firmas tecnológicas de Silicon Valley para las que las limitaciones a la hora de trabajar con profesionales de otros países suponen un serio contratiempo.

El tribunal de apelaciones debe determinar si mantiene o no el bloqueo de la orden. La parte que salga perdiendo de esta decisión puede recurrir al Tribunal Supremo. En el fondo de la cuestiones subyace si el veto migratorio de Trump tiene o no ese poso de discriminación religiosa, ya que el presidente de Estados Unidos tiene potestad en materia migratoria, pero el hecho de que vaya a dirigida a países eminentemente musulmanes -Irán, Irak, Sudán, Siria, Yemen, Somalia y Libia- y afecte a personas ya con visado alimenta los argumentos de la discriminación.

La Administración insiste en su documento que la intervención de la Justicia en la decisión del presidente en materia de migratoria pone en riesgo la separación de poderes en Estados Unidos y recalca que no son los estados los que tienen la última palabra en ello, sino que se trata de una competencia federal.