El tribunal federal en Brooklyn bloquea las deportaciones por el decreto de Trump

Ninguna persona que entre en Estados Unidos con un visado en regla podrá ser deportada por la orden ejecutiva firmada este pasado viernes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al menos temporalmente. Así lo decidió la noche del sábado una jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn, mientas miles de manifestantes tomaban las terminales de los grandes aeropuertos del país -de Chicago a Nueva York, San Francisco o Dallas- para condenar la medida.

La suspensión se mantendrá hasta el 21 de febrero, de acuerdo con la orden de emergencia emitida por Ann Donnelly contra la aplicación de la prohibición impuesta a ciudadanos de siete países musulmanes. La queja la cursó la American Civil Liberties Union (ACLU) en nombre de Hameed Khalid Darweesh y de Sameer Abdulkhaleq Alshawi, dos nacionales iraquíes que fueron detenidos al llegar al aeropuerto JFK. "Nuestros tribunales funcionaron hoy como un baluarte contra los abusos del Gobierno o las políticas inconstitucionales", dijo un abogado de esa entidad.

A última hora del sábado, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido un comunicado en el que asegura que "cumplirá con las órdenes judiciales", pero ha reiterado que la decisión ejecutiva del presidente permanece en vigor. "Estos individuos han realizado un proceso de entrada en Estados Unidos con una especial revisión de seguridad, todo incluido en nuestras leyes de inmigración y órdenes judiciales", afirma el texto.

La decisión judicial se conoció por la noche, tras una jornada de caos y concentraciones de protesta de varios de los grandes aeropuertos estadounidenses. En su octavo día completo como presidente de Estados Unidos, Trump recibió su primer gran revés judicial. La orden ejecutiva que, en la práctica, vetaba la llegada al país como refugiados o inmigrantes a los ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes, fue la primera prueba de fuego para esta Administración, y el sistema ha fallado contra la Casa Blanca, ha frenado la acción de Trump en cuanto a las deportaciones. La clave es que el decreto afectaba a ciudadanos ya poseedores de visado y está plagado de elementos de discutible legalidad.

“Nadie puede ser enviado de vuelta”, anunció el abogado Lee Gelernt a las puertas del tribunal en Brooklyn, tras esta primera victoria legal contra el decreto de Donald Trump. La corte es federal, por lo que la decisión de la magistrada cubre todo el país. Se calcula que hay unas 200 personas retenidas por todo Estados Unidos que están en riesgo de ser deportadas en aplicación de la orden ejecutiva.

La ACLU considera que la prohibición impuesta por la administración de Donald Trump es inconstitucional porque está dirigida contra un grupo religioso específico. Además, al argumentar la moción, explicaron ante la magistrada que la vida los refugiados que llegan de países como Siria corren peligro si son devueltos a sus países de origen. En su resolución, la jueza señala que la expulsión "viola sus derechos", supone un "peligro inminente" de un "daño irreparable" para los refugiados y poseedores de visados y "viola la Constitución". La orden de Donnelly, sin embargo, no garantiza la estancia permanente.

Ya durante la campaña electoral, el empresario y showman desató las críticas al prometer que, bajo su presidencia, vetaría la entrada de musulmanes a Estados Unidos como medida antiterrorista, lo que, en la práctica, suponía equiparar musulmán con islamista radical y afectaba a los refugiados de la guerra y la miseria. El decreto aprobado sortea en problema de la inconstitucionalidad señalando como objetivos países que consideran “especialmente preocupantes”. La orden no dice cuáles son. La Casa Blanca ha dicho extraoficialmente que son Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Hay, además, muchas partes en movimiento. La orden de suspensión de las deportaciones se aplica a las personas que ya están retenidas en los aeropuertos internacionales de EE UU. Sin embargo, no está garantizada la entrada en el país de ciudadanos de los siete países que cubre el decreto pese a que dispongan de visado válido. Las aerolíneas que cubren la ruta transatlántica, además, les están negando el embarque.

Pese a la confusión, y la cantidad de personas que quedaban en un limbo legal, Trump aseguró en declaraciones a la prensa que el sistema estaba "funcionando muy bien". "Se ve en los aeropuertos, se ve en todos sitios", recalcó. El constructor se llevó el varapalo judicial y una de las principales protestas del país en su propia ciudad, Nueva York, quintaesencia de la diversidad y la inmigración. “Nueva York es pura diversidad. Donald Trump puede ser de Nueva York, pero no es un neoyorquino porque aquí acogemos a todos. Esto es lo que es Nueva York”, decía Pamela Margolin, una abogada judía de 47 años, mientras se manifestaba en el JFK, el gran aeropuerto de la ciudad.

De todas las acciones de gobierno llevadas a cabo por Trump en su primera y frenética semana en la Casa Blanca, las restricciones a la inmigración fueron la primera crítica con efectos tangibles e inmediatos, frente al impulso a la construcción de un muro fronterizo con México -sin concretar plazos ni procedimientos-, por polémico que sea, o la retirada de EE UU del tratado comercial del Pacífico, que no se había puesto en marcha y ya estaba muerto en las cámaras legislativas. El resultado ha sido un bloqueo.