Amnistía advierte de que las leyes antiterroristas en la UE violan derechos básicos

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Los atentados que han golpeado la UE en los últimos años han llevado a sus Estados miembros a afrontar la amenaza terrorista con la puesta en marcha de medidas para elevar la seguridad, pero que al mismo tiempo erosionan y restringen libertades fundamentales de la ciudadanía. Es la conclusión de Amnistía Internacional en su informe Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa, hecho público este martes. La ONG destaca que dichas medidas son indebidamente utilizadas para erosionar el Estado de derecho, eliminar controles judiciales, restringir la libertad de expresión, exponer a la población a una vigilancia gubernamental sin control o discriminar a extranjeros y minorías étnicas y religiosas.

"Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín [en noviembre de 2015 y diciembre de 2016 respectivamente], los Gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias", ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa, en un comunicado con motivo de la presentación del documento, basado en más de dos años de investigación de las medidas antiterroristas en 14 países de la UE.

Entre las medidas analizadas destacan las reformas constitucionales o nuevas legislaciones que facilitan declarar el estado de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e Inteligencia, "a menudo sin apenas supervisión judicial", concede la ONG. Un ejemplo claro es Hungría, donde la nueva legislación incluye, en caso de declaración del estado de emergencia, la prohibición de reuniones públicas, congelación de bienes e incluso la posibilidad de desplegar al Ejército con armas de munición real para sofocar disturbios.

"En Francia se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder de prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial", destaca el documento de 70 páginas.

La vigilancia "indiscriminada" e "intrusiva" por parte de los servicios de seguridad e Inteligencia es otra de las consecuencias del auge de las medidas antiterroristas. El informe indica que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo "se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos, comunicaciones y dispositivos de millones de personas, en algunos casos sin supervisión judicial".

Libertad de expresión

Amnistía cita como ejemplo el caso de David Miranda, ciudadano brasileño y pareja de Glenn Greenwald, periodista que había publicado numerosos artículos en The Guardian sobre las revelaciones de Edward Snowden relativas a medidas de vigilancia y violaciones de privacidad. Miranda fue interceptado por la policía cuando estaba en tránsito por Reino Unido en 2013, fue detenido, registrado e interrogado durante nueve horas como sospechoso de estar implicado en “espionaje” y “terrorismo”. Le confiscaron el teléfono móvil, el ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales.

La libertad de expresión es otro de los derechos que está siendo víctima de las nuevas medidas antiterroristas, según el informe, que cita el caso de los dos titiriteros que fueron detenidos y acusados de “enaltecimiento del terrorismo” en España tras una actuación satírica en la que una marioneta sostenía una pancarta con un lema que se consideró de apoyo a un grupo armado. También menciona el caso del cantante de Def con Dos, César Montaña, apodado César Strawberry, acusado del mismo delito por una serie de tuits en los que alababa a los Grapo y se burlaba de algunas víctimas de ETA, como José Antonio Ortega Lara y Eduardo Madina.

En Francia se ha utilizado un delito similar —“apología del terrorismo”— para acusar a cientos de personas por publicar en Facebook comentarios que "no incitaban a la violencia". Solo en 2015, los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. La ONG remarca que las definiciones de qué constituye exactamente “apología” en los textos legales son sumamente amplias y ambiguas.

Discriminación

"Las personas migrantes y refugiadas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los grupos minoritarios han sido blanco especial de ataques" amparados en nuevas leyes que "definen el terrorismo de manera muy vaga", señala el informe. Además, Amnistía sostiene que "muchos Estados miembros de la UE están intentando establecer vínculos entre la crisis de refugiados y la amenaza del terrorismo".

A este respecto, el informe menciona el caso de Ahmed H., un ciudadano sirio condenado por un tribunal noruego a 10 años de prisión por cometer un "acto de terrorismo". Según la ONG, lo único que hizo Ahmed H. fue "arrojar piedras y hablar por un megáfono a una multitud durante unos enfrentamientos con la policía de fronteras". El condenado explicó que había viajado a Siria para ayudar a sus ancianos padres a salir del país —sumido en una guerra civil que dura más de un lustro— y huir a Europa.

"Las medidas discriminatorias han afectado de manera desproporcionada y profundamente negativa a la población musulmana y a las personas extranjeras", agrega el documento, que señala que las actuaciones discriminatorias del Estado y sus agentes se consideran cada vez más "aceptables" con el pretexto de la seguridad nacional.

"Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica", los Gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas "para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de defenderlos", señala Dalhuisen, que ha advertido de que "corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma".