Hasta 200 condenados a muerte en Florida podrían salvar su vida
Una sentencia ordena revisar la mitad de penas capitales en este Estado
Unos 200 de los 396 condenados a muerte en Florida podrían salvarse gracias a una sentencia del Tribunal Supremo estatal, que ha ordenado revisar sus casos. El mandato responde a un dictamen de enero de 2016 de la Suprema Corte federal que declaró inconstitucional el proceso en Florida.
Florida tenía la particularidad, única en EE UU, de que el juez podía firmar o no la pena de muerte con autonomía de lo que hubiera decidido el jurado. La Suprema Corte concluyó que eso violaba la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a ser juzgado por un jurado en asuntos criminales.
Sólo serán revisables los casos posteriores a un fallo de 2002 de la Suprema Corte sobre un problema idéntico en Arizona. Por eso los potenciales beneficiados, según la estimación del Supremo de Florida, son más de 200 pero no los 396 actualmente condenados a muerte. Según la resolución del Tribunal no se revisará su culpabilidad, sino el tipo de sentencia: muerte o cadena perpetua.
De los 31 estados que permiten la pena capital, Florida es el segundo con más presos en el corredor de la muerte después de California, con 741. Desde 1979, cuando se reinstauró la ejecución en Florida, 92 personas han sido ajusticiadas en este estado en la silla eléctrica o por inyección química. Durante el mandato del republicano Rick Scott, gobernador desde 2011 y miembro del Tea Party, la corriente más derechista de su partido, se ha alcanzado el récord de 23 ejecuciones en una legislatura.
La última ejecución en Florida ocurrió cinco días antes de que la Corte Suprema declarase inconstitucional el proceso en este estado en enero de 2016. Oscar Bolin, de 53 años, recibió la inyección letal por haber asesinado a tres mujeres en 1986. Ya preso se había casado con una abogada.
El modelo de pena capital de Florida había sufrido otro revés en octubre, cuando el Tribunal Supremo de Florida tumbó una ley estatal que validaba los fallos de jurados que tuvieran al menos 10 votos a favor de la decisión y dos en contra. Los magistrados ordenaron que hubiese 100% de acuerdo.
En cifras, la aplicación de la pena de muerte en EE UU está cayendo. En 2016 fueron ejecutados 20 presos, la menor cantidad desde 1991. Se encadenan ya cuatro años en los que la cantidad de ejecuciones desciende con respecto al año anterior. La opinión de los ciudadanos sin embargo no parece apoyar la abolición de la condena máxima. En las pasadas elecciones de noviembre tuvo un respaldo mayoritario en las urnas en California, en Nebraska y en Oklahoma.
El presidente saliente, Barack Obama, se mostró durante su mandato ambiguo respecto a la pena capital. Sin oponerse a ella "en la teoría", afirmó que "en la práctica" le resultaba "profundamente perturbadora". El próximo presidente, Donald Trump, ha eludido el asunto siendo candidato pero a lo largo de su vida ha apoyado, por momentos con estruendo, la medida. En mayo de 2015, un mes antes de lanzarse oficialmente a por la presidencia, afirmó en televisión: "La pena de muerte tiene que volver a coger fuerza". En 1989 pagó anuncios en la prensa para reimplantar la pena en Nueva York.
El barullo jurídico en el que ha entrado la pena de muerte en Florida y el largo y oneroso proceso que implicará revisar hasta 200 sentencias supondrá otra fase agitada en la larga controversia en EE UU sobre esta condena que se aplica aún en 58 países, entre ellos China y Japón.
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