Netanyahu cede ante los colonos ‘ilegales’ para evitar la violencia

La asamblea de colonos de Amona, reunida en la sinagoga del asentamiento aceptó en la madrugada del domingo la última oferta del Gobierno, que buscaba impedir el conflicto a cualquier precio. Cientos de adolescentes procedentes de las colonias judías de Cisjordania se habían atrincherado con piedras, palos, gasolina y neumáticos viejos desde el fin de semana en Amona con el objetivo de bloquear su demolición, que el Supremo había fijado para antes del día 25.

Cuando se anunció el acuerdo con Netanyahu muchos de ellos protestaron contra la “claudicación” del movimiento colono. “De aquí a un mes, el Estado se ha comprometido a construir 52 nuevas casas y servicios públicos, si cumple su palabra, nuestra lucha habrá sido un éxito”, aseguraron los responsables del outpost citados por The Jerusalem Post.

“Proyecto colonizador”

“Hemos mantenido decenas de reuniones [con los colonos de Amona] y hemos presentado muchas propuestas, algunas de las cuales se salían de lo ordinario y eran muy creativas. Lo hicimos porque nos gusta el proyecto colonizador. Por eso llegamos al límite máximo en la negociación”, reconoció Netanyahu tras la reunión del Gabinete. El primer ministro había hecho público su temor al estallido de acciones de represalia por parte del movimiento colono si se producía un desahucio forzoso.

El Ejecutivo ha solicitado al Alto Tribunal un aplazamiento de 30 días en la ejecución del desalojo para poder cumplir lo pactado. La decisión ha exigido un recorte presupuestario en todos los departamentos para dotar los 150 millones de shequels (unos 38 millones de euros) que costará la operación de reasentamiento.Amona, un campamento de casas prefabricadas y un par de construcciones fijas, nació hace 20 años en lo alto de una colina con la bendición de las autoridades en las cercanías de Ofra, una de las principales colonias situadas en la zona de Ramala.

Tras la guerra de 1967, más de 200.000 colonos se han instalado en Jerusalén Este, anexionado por Israel, y otros 400.000 viven en 120 urbanizaciones judías en Cisjordania bajo la ocupación del Ejército hebreo y que el Gobierno israelí califica de legales. En un centenar de pequeños outpost no autorizados, como Amona, viven varios millares más de judíos. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, puntualiza que “todos los asentamientos en la Palestina ocupada son ilegales según el derecho internacional”.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han condenado además la legislación que promueve la coalición que respalda a Netanyahu para legalizar con “carácter retroactivo” un total de 72 outpost. El proyecto de ley ha sido aprobado ya en primera lectura en la Knesset (Parlamento), aunque aún tiene que superar varias votaciones. El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha advertido de que no defenderá la norma si es impugnada ante el Supremo, que también ejerce el control de constitucionalidad de las leyes. Mandelblit informó a los miembros del Gobierno de que pueden ser inculpados ante la Corte Penal Internacional, que examina sendas demandas palestinas contra Israel por crímenes de guerra en Gaza y en relación con la expansión de los asentamientos.

Netanyahu ha maniobrado para sortear una fractura en la coalición de seis fuerzas que le apoya. Los diputados ultranacionalistas del Partido Hogar Judío le habían amenazado con romper el pacto de Gobierno si expulsaba a los colonos de Amona sin ofrecerles compensaciones y una alternativa de alojamiento.

Se ha topado además con signos de insubordinación en el seno de las Fuerzas Armadas de Israel por la polémica sobre el outpost. Una decena de soldados de la brigada Guivati, que debía participar en la vigilancia de la demolición de las edificaciones ilegales de Amona, abandonaron sus puestos el pasado sábado. Se trataba de reclutas procedentes de asentamientos judíos que se negaban a enfrentarse a su propia gente.