El paraíso de la impunidad

Si la manera más directa de evaluar una política pública es mirar a sus resultados prácticos, lo cierto es que los esfuerzos de los Gobiernos latinoamericanos en el área de seguridad lucen muy poco alentadores. Ciertamente, la región tiene historias de éxito como la reducción de la violencia en Colombia durante la pasada década. Pero en términos generales, más ciudades latinoamericanas se sitúan entre las más violentas del mundo. Basta con echar una mirada al ranking de los 50 centros urbanos con mayores tasas de homicidio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, que ubicó dentro de su lista negra a 41 ciudades latinoamericanas en 2016.

A primera vista, las causas de este fracaso a la hora de proteger a la ciudadanía resultan difíciles de identificar. Muchos Gobiernos latinoamericanos han realizado inversiones importantes en seguridad pública. Así, en el periodo 2006-2015, los fondos para la lucha contra el crimen crecieron un 209% en México y un 130% en Brasil. De igual forma, se han ensayado una variedad de cambios institucionales que incluyen la creación de nuevos cuerpos de seguridad como la Policía Federal mexicana en 2009, y procesos de reforma de los aparatos de policía como los desarrollados en Honduras este año. Pero ni recursos, ni cambios organizativos han sido suficientes para derrotar el crimen.

Para explicar el fracaso de las políticas de lucha contra la inseguridad de buena parte de los países latinoamericanos, habría que empezar por señalar un error de diagnóstico: se subestima la importancia del crimen organizado como amenaza para los ciudadanos. Buena parte de las estrategias de seguridad ciudadana tratan los delitos como eventos fruto de la voluntad de criminales aislados o pequeñas bandas. En consecuencia, responden tratando de capturar a los perpetradores directos de los hechos, sin mirar más allá.

Semejante perspectiva pasa por alto el impacto decisivo del crimen organizado en la seguridad pública. Carteles mexicanos, maras centroamericanas y comandos brasileños operan como gobiernos en la sombra en las barriadas periféricas de muchas ciudades latinoamericanas y controlan un sinnúmero de negocios ilegales que van desde la distribución de drogas y el robo de celulares hasta el secuestro y la extorsión. Frente a este escenario, la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos no han encontrado una fórmula para desmantelar estos conglomerados criminales.

Buena parte de las estrategias de seguridad ciudadana tratan los delitos como eventos fruto de la voluntad de criminales aislados

A este problema se ha sumado el uso de sistemas para evaluar la situación de seguridad, que ofrece una imagen distorsionada de la criminalidad. En toda la región, los servicios de policía utilizan el número de denuncias realizadas por los ciudadanos como un indicador clave del grado de inseguridad. Así, un jefe de policía es premiado si las denuncias en su distrito disminuyen porque se interpreta como un indicio de reducción de la delincuencia. Por el contrario, si las denuncias suben, se tiende a pensar que la seguridad se está deteriorando y el agente puede ser reprendido.

Pero el problema es que no todos los delitos se denuncian. En zonas con fuerte presencia de bandas criminales, la población prefiere no reportar los delitos por temor a represalias. Complica aún más las cosas que algunos funcionarios policiales utilicen una amplia gama de trucos para frenar las denuncias ciudadanas, y evitar que las estadísticas de sus distritos se estropeen. El resultado es que una parte sustancial de la criminalidad es invisible y, por tanto, no se puede combatir.

Finalmente, un tercer problema que lastra las estrategias de seguridad pública de la región tiene que ver con la debilidad de los sistemas de justicia y seguridad. Por el lado del aparato judicial, una combinación de personal con deficiente formación, escasez de recursos y normas legales laberínticas hacen que los procesos sean lentos, vulnerables a la corrupción y llenos de oportunidades para la impunidad.

Al mismo tiempo, la construcción de servicios de policía efectivos se enfrenta a dos dificultades claves. Por un lado, la arquitectura descentralizada de muchos de ellos que combina policías municipales, estatales y nacionales en estructuras extraordinariamente complejas y fáciles de penetrar por la delincuencia organizada. Por otra parte, la inconsistencia de los esfuerzos de reforma policial de algunos Gobiernos que prefieren medidas espectaculares, como el despido de miles de agentes, a acciones efectivas, como cambios concretos en la gestión de personal o mejoras en el entrenamiento.

Román D. Ortiz es director de la firma de consultoría sobre riesgo político y seguridad pública Decisive Point.