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TRIBUNA

Gobernabilidad y escarnio político en Brasil

El Gobierno y el Congreso entorpecen la lucha contra la corrupción

Tan pronto las campanas del Senado anunciaron la suspensión de Dilma Rousseff del cargo de Presidenta, el 14 de mayo, Michel Temer prometió mejorar la gobernabilidad; entiéndase, la interlocución entre el Gobierno y el Congreso, con el fin de superar la crisis política que paralizara el país desde el 2015.

Durante el primer mandato de Rousseff, la guerra de baja intensidad liderada por el entonces poderoso diputado, y ahora encarcelado Eduardo Cunha, había comprometido la aprobación de reformas necesarias para evitar el colapso de las cuentas públicas. Durante los 17 meses del segundo mandato de Rousseff, fue guerra total, resultando victorioso el eje parlamentario encabezado por un especialista en gobernar sin ganar elecciones presidenciales: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En 1985, José Sarney llegó a la presidencia, como vice del fallecido Tancredo Neves, tras ser electo indirectamente por un Congreso controlado por los militares. En 1992, el Congreso le quitó la banda presidencial a Fernando Collor y la entregó a Itamar Franco, quien había integrado el Movimiento Democrático Brasileño, antecesor del PMDB, e interrumpido su afiliación entre 1986 y 1992. En su calidad de tercer peemedebista a asumir la presidencia mediante atajos parlamentarios, Temer está lejos de convertir la prometida gobernabilidad en un instrumento para retirar el país de la recesión económica.

La iniciativa de congelar los gastos públicos por dos décadas camina a un buen ritmo, a través de una propuesta de Enmienda Constitucional aprobada en ambas casas del Congreso. Sin embargo, dicha señal de austeridad contrasta con actualizaciones salariales exorbitantes a jueces, fiscales y otro grupo selecto de altos funcionarios; el aumento en el número de personal nombrado a dedo y sin concurso público; el mantenimiento de subsidios y exenciones tributarias a grandes empresas; entre otras incoherencias fiscales que hacen desangrar aún más las cuentas que Rousseff dejó sin pagar.

Aunque la ambigüedad de la política fiscal causa incomodidad a algunos sectores, es en la conspiración contra el combate a la corrupción que el gobierno Temer viene acumulando un peligroso déficit moral. Todos los partidos de su base aliada, en adición al PT, poseen decenas de integrantes en la llamada “Lista Odebrecht”, confeccionada a partir de la delación de Marcelo Odebrecht y otros directivos de constructoras que financiaron campañas electorales a punta de coimas y lavado de activos.

Otra lista que tiende a crecer es la de ministros que renunciaron debido a maniobras para obstaculizar investigaciones de corrupción. La renuncia más reciente tiene un trasfondo distinto, pero no menos escandaloso. Geddel Lima debió entregar la Secretaría de Gobierno luego de que el ex Ministro de Cultura, Marcelo Calero, lo acusara a él, al Ministro Eliseu Padilha, y al propio Temer de haber presionado para la liberación de un proyecto inmobiliario en una zona declarada patrimonio histórico-cultural, en que Lima posee inversiones. Las alarmas se prendieron en Brasilia con la revelación de que Calero grabó diálogos con Temer y Padilha, evidenciando tráfico de influencia en favor de Lima. De ser ciertas tales evidencias, muchos brasileños se preguntarán: si Temer y sus ministros más cercanos son capaces de conspirar en favor de algunos millones de reales invertidos por su amigo Geddel Lima en un edificio, ¿por qué no harían lo mismo para salvar a ministros y congresistas acusados de recibir muchos millones más en financiamientos electorales irregulares?

La respuesta a dicha pregunta estuvo a punto de ser dada por la Cámara de Diputados, el 25 de noviembre, en la discusión sobre un proyecto de ley con medidas “más drásticas” contra la corrupción. Líderes de la mayoría de varios partidos apoyaron silenciosamente la inclusión de una enmienda que amnistía a quienes recibieron donaciones electorales no declaradas antes de la promulgación de la nueva ley “anticorrupción”.

Aunque ningún diputado ha asumido la autoría de la enmienda, la población brasileña no es tan ingenua como para creer en la conferencia de prensa convocada por Temer y los presidentes del Senado y Cámara de Diputados el pasado domingo. Allí, los conferencistas explicaron que siempre estuvieron en contra de la amnistía.

Extrañamente, ningún diputado de la base aliada había condenado la amnistía en las sesiones de la Cámara de Diputados. De hecho, en la madrugada del 21 de septiembre, una extraña alianza entre partidos oficialistas y diputados del PT intentó aprobar la misma amnistía. La movida fracasó debido al alarde promovido por los dos únicos partidos que vienen denunciando sistemáticamente las conspiraciones legislativas anti-Lava Jato: Rede y PSOL.

A juzgar por la coordinación demostrada hasta ahora, es una cuestión de tiempo ver al Gobierno y al Congreso impulsando un tercer intento de amnistía. Si vuelven a fallar, la gobernabilidad les permitirá consensuar otra movida para cerrar la caja de pandora que será abierta cuando los directivos de las principales constructoras del país concluyan sus delaciones en el marco de la operación Lava Jato.

* Daniel Cerqueira es Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Twitter: @dlcerqueira