Túnez ultima su ley integral contra la violencia de género

La nueva ley es todo un logro. Sin embargo, apunta la jurista y activista feminista Sanabena Ben Achour, también tiene importantes carencias. No recoge como delito específico la violación por parte del cónyuge, sin castigo actualmente, ni permite que la Fiscalía pueda actuar de oficio si una mujer agredida por su pareja o un familiar decide retirar la denuncia. “Túnez continúa siendo una sociedad conservadora y patriarcal. Aparte de nuevos textos legales, es necesaria una campaña de sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos y los reclamen”, argumenta Ben Achour, que coordinó la primera redacción de la ley en 2014, que se inspira en la española de 2004.

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“El último borrador elimina algunas de las aberraciones de nuestro sistema legal, como el que permitía al violador de una menor evitar la cárcel si se casaba con ella. Representa un progreso, pero no va tan lejos como querríamos”, sostiene la jurista.

Los tunecinos presumen a menudo de ser el país más avanzado del mundo árabe en materia de los derechos de la mujer. Y es cierto, sobre todo debido al código familiar aprobado por Habib Bourguiba en 1956. No obstante, en algunos ámbitos, como el de la violencia de género o los derechos de las minorías sexuales, todavía queda mucho camino por recorrer. De acuerdo con un estudio de la ONU en 2010, más de la mitad de las tunecinas declaran haber sido víctimas de agresiones físicas. En cerca de un 20% de los casos, el agresor fue un miembro de la familia, sobre todo el padre, si bien le sigue de cerca “un familiar”. En otro 20%, la mujer fue agredida por su pareja. Pero la cifra real podría ser superior.

“A Ben Ali [presidente desde 1989 hasta que fue derrocado en 2011] le gustaba presentarse en el extranjero como el líder de un régimen moderno, defensor de los derechos de la mujer. Por lo tanto, escondía la realidad de la violencia de género. Era un tabú”, afirma Amira Akacha, directora de la asociación Beity (“mi casa”), que proporciona asistencia psicológica, jurídica, sanitaria y de acogida a las mujeres víctimas de la violencia. Su asociación mantiene en la capital un centro especializado en una villa emblanquecida en la  medina —casco viejo de la capital—, donada por el Estado a la entidad y convertida en refugio. Allí conviven ahora cinco supervivientes de malos tratos y sus hijos, tres niños que corretean por el patio de la villa, con capacidad total para 30 personas.

“Aquí trabajamos nueve personas asalariadas, junto con varias voluntarias. Y además de alojamiento y comida, ofrecemos de forma gratuita un servicio de atención sanitaria y psicológica, así como de asistencia legal”, explica Wafa, responsable de la instalación y experimentada militante feminista, que guarda con celo la identidad de las víctimas, pues están seriamente amenazadas. Las 15 habitaciones están equipadas con cama, baño y un escritorio, la instalación cuenta también con una cocina, una sala de actividades y una de animación para niños. Todo ello, decorado de un pulcro blanco y azul mediterráneo.

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El centro de acogida de Beity —financiado sobre todo por instituciones extranjeras, entre ellas la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)— es uno de los dos únicos refugios que existen en todo el país. Y ambos están en la capital.  Y ello, alertan las asociaciones de mujeres, pese a que es en las provincias y las zonas rurales donde la violencia de género está más extendida.

La nueva ley trata de poner freno también a otros de los problemas graves para las mujeres en Túnez: el acoso sexual en el espacio público, algo que han experimentado el 92%, según un reciente estudio.  “Siempre evito utilizar el transporte público en hora punta, ya que facilita los tocamientos, o llevar una falda o ropa ceñida. Las comentarios y las miradas sucias son constantes e incluso alguna vez alguno [hombre] se masturba frente a ti”, explica Yosra M'Barek, una estudiante universitaria, que también considera desagradable caminar sola por la noche.