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La ONU alerta sobre la restricción de libertades en Turquía

El relator recuerda al Gobierno que el golpe “no es un cheque en blanco” para coartar la libre expresión

La policía utiliza agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestanes que se habían reunido este jueves para protetar contra la detención del alcalde de Van, ciudad de mayoría kurda del este de Turquía.rn
La policía utiliza agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestanes que se habían reunido este jueves para protetar contra la detención del alcalde de Van, ciudad de mayoría kurda del este de Turquía. AFP

“Diría que mis conclusiones son bastante sombrías”. Con esta frase, el relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye, enviado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Turquía, resumía su semana de investigaciones en el estado euroasiático: “Creo que hay una sensación profunda de restricción a las libertades de opinión y expresión en todo el país”.

Desde el fracaso del golpe de Estado del pasado 15 de julio, la represión se ha exacerbado en Turquía. Unas 36.000 personas se encuentran en prisión de manera preventiva y más de 150.000 empleados han sido expulsados de la Administración Pública. Si bien en un inicio, toda la oposición defendió al Gobierno democráticamente electo y apoyó su proyecto de actuar contra la cofradía del clérigo Fetulá Gülen –a la que se acusa de la conspiración y que antaño fue un estrecho aliado de los islamistas en el poder-, las purgas y detenciones se dirigen ahora hacia todos los sectores críticos de la sociedad turca. Algo que el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han justificado en la necesidad de luchar contra los diferentes “grupos terroristas” que amenazan al país.

En una rueda de prensa este viernes en Ankara, Kaye dijo comprender la necesidad del Gobierno turco de luchar contra las amenazas terroristas y golpista pero, advirtió, “esto no significa que el Gobierno tenga un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana y restringir la libertad de expresión”. El relator de la ONU subrayó que la libertad de opinión “no puede ser sujeta a restricciones” y, sin embargo, durante su visita a Turquía ha podido comprobar cómo el Gobierno “impone restricciones que interfieren con diversos aspectos de la vida”.

El relator de la ONU para los derechos humanos, David Kaye, durante su comparecencia en Ankara.
El relator de la ONU para los derechos humanos, David Kaye, durante su comparecencia en Ankara. AFP

De hecho, al inicio de su visita a Turquía, Kaye recordó que “ya antes del golpe, el espacio para voces críticas de académicos, periodistas, abogados y otros elementos de la sociedad civil estaba bajo amenaza”. No en vano, 155 de los detenidos tras la fallida asonada son periodistas y casi dos centenares de medios de comunicación han sido cerrados; al menos cuatro asociaciones de abogados y una de magistrados independientes han sido ilegalizadas; más de 6.000 académicos han perdido su trabajo en la universidad y la cúpula del tercer mayor partido del país, el prokurdo HDP, ha sido encarcelada. Por ello, el enviado de la ONU exigió la inmediata excarcelación de todos los informadores en prisión, pues la medida privativa de libertad “no es proporcional” a la necesidad del Gobierno de garantizar la seguridad pública.

La visita de Kaye, que se produce por invitación de las autoridades turcas, supone la misión de mayor nivel de un encargado de evaluar el estado de los derechos y las libertades desde el golpe de Estado. El objetivo ha sido principalmente examinar el estado de la libertad de expresión, ya que ningún relator de la ONU sobre esta cuestión había visitado Turquía desde 1996. Tras permanecer una semana entrevistándose con las autoridades turcas y representantes de diversos sectores sociales, el enviado emitirá un informe que promete ser muy crítico con la situación en el país.

Turquía ya obstaculizó el pasado septiembre la visita del relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, que ha sido pospuesta sine die. Méndez criticó duramente esta decisión pues varias organizaciones de derechos humanos y personas que han sido testigos de ello han denunciado malos tratos a los detenidos tras el golpe. Haciendo uso de las prerrogativas que le confiere el estado de emergencia declarado tras la asonada, el Gobierno turco ha ampliado de 4 a 30 los días que puede permanecer una persona retenida por la policía sin ser puesta a disposición judicial. Además, durante cinco jornadas el detenido no tiene acceso a abogados lo que, según varios letrados consultados por este diario, aumenta las posibilidades de que se produzcan torturas.

Oficiales turcos en la OTAN piden asilo en sus países de residencia

Andrés Mourenza

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido que “algunos oficiales turcos” que trabajan en diversos escalafones de la Alianza Atlántica han “solicitado asilo” en los países en que se hallan debido a la purga desatada en Turquía tras el fallido intento de golpe de Estado. De entre los miles de purgados en las filas del Estado turco, 20.088 son militares, según las cifras facilitadas esta semana por el Ministerio de Defensa de Turquía. Si bien la mayoría, 16.423, son cadetes y estudiantes de las academias militares, también hay entre ellos altos mandos castrenses. Además, al menos 6.500 militares se encuentran entre rejas acusados de haber participado en la asonada, de los cuales un centenar tienen grado de general (un tercio de todos los generales del Ejército turco están imputados).

Ankara también ha apartado a unos 400 militares de puestos en la OTAN desde el golpe, algo que admitió el propio Stoltenberg este viernes calificándolo de “una decisión nacional” si bien instó a las autoridades turcas a que “los reponga” con nuevos enviados. Según diversos analistas, estos cambios en el antaño todopoderoso Ejército de Turquía –país miembro de la OTAN desde 1952- han modificado los equilibrios en su seno, permitiendo avanzar a en su cúpula a militares eurasianistas (favorables a una mayor cooperación con Rusia y China) en detrimento de los atlantistas.

Estos oficiales turcos adscritos a la OTAN que han solicitado asilo en el exterior no son los primeros. Ya el día posterior al golpe, ocho militares que habrían participado en el golpe fallido escaparon en helicóptero a Grecia, donde solicitaron asilo y permanecen detenidos hasta que la Justicia helena decida si los retorna a su país como exige Turquía. También el vicealmirante Mustafa Zeki Ugurlu, que trabajaba en el Mando Aliado de Transformación de la OTAN, en Norfolk (Virginia), solicitó asilo en EE UU en agosto. Además, varios agregados militares de embajadas turcas en el extranjero se han dado a la fuga, algunos de los cuales fueron devueltos a Turquía por terceros países. Este domingo, Stoltenberg participará en Estambul en una reunión de la OTAN, aunque no ha querido decir si tratará con las autoridades turcas la situación del país y sus militares.

Alemania ha recibido en los primeros diez meses de este año 4.437 demandas de asilo de ciudadanos turcos, más del doble de las registradas durante todo 2015. La pasada semana, el ministro de Exteriores germano, Frank-Walter Steinmeier, dijo que Berlín está dispuesto a “ayudar a los científicos, trabajadores de la cultura y periodistas que no pueden ejercer en Turquía”.

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