Arabia Saudí rechaza las acusaciones de tortura de la ONU

“Arabia Saudí es uno de los primerísimos países en promover los derechos humanos”. Las palabras del representante de ese país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado miércoles, hicieron arquear la ceja a más de uno de los presentes y han desatado la indignación de los activistas. El reino, que no garantiza ni el hábeas corpus ni la asistencia letrada, es objeto de continuas críticas por su frecuente recurso a la decapitación y por mantener las mutilaciones físicas y los castigos corporales en su código penal.

“Semejante discurso es ridículo”, declara a EL PAÍS Khalid Ibrahim, el director del Gulf Center for Human Rights (GCHR). “Toda la comunidad internacional, incluidas todas las organizaciones de derechos humanos, hemos documentado sus violaciones de derechos a gran escala”, añade antes de mencionar desde la prohibición a que las mujeres conduzcan hasta las cada vez más numerosas ejecuciones (“simplemente por manifestarse”).

En conversación telefónica desde Ginebra, donde se encuentra siguiendo la 31.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ibrahim remite a la lista de casos elaborada por su organización. “Solo por destacar uno de ellos, el doctor Mohamed al Qahtani fue juzgado y condenado por ‘cooperar con la ONU’, a la que se había dirigido para denunciar un abuso”, recuerda sobre la pena a 10 años de cárcel al fundador de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí.

Al frente de la delegación saudí, su ministro de Información y Cultura, Bandar al Ali, respondía al informe anual del relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez. Según este, el creciente número de ejecuciones en el reino “equivale a tortura y viola la legislación internacional”. El relator muestra especial preocupación por el ajusticiamiento de menores (cuando cometieron los delitos que se les atribuyen) así como del uso de la pena de muerte para el caso de protestas políticas o delitos de drogas.

“Mi país lucha contra la tortura en todas sus manifestaciones, sean físicas o morales, a través de una estricta legislación y medidas ejecutivas”, defendió Al Ali, tras atribuir el compromiso de saudí con los derechos humanos a “una obligación impuesta por la Sharia [ley] islámica”.

Su sorprendente intervención rechazando las críticas de Méndez se produce después de que varias organizaciones internacionales hayan acusado a Arabia Saudí de un alarmante aumento de las ejecuciones. A estas alturas de 2016 ya van 71 ajusticiados, según el recuento de la agencia France Presse, 47 de ellos (incluido el clérigo chií Nimr al Nimr) en un solo día a primeros de enero. El año pasado fueron 151, según Amnistía Internacional, la cifra más alta de las dos últimas décadas.

“Lo que este ministro está diciendo es falso. La tortura es sistemática en Arabia Saudí, tal como quedó en evidencia con el azotamiento público de [Raef] Badawi, al que tras la primera tanda de 50 latigazos no dieron una segunda debido a la presión internacional”, apunta Ibrahim. El activista, que recuerda que en otros casos esas penas sí que se ejecutan, califica al reino como “el peor país del mundo en materia de derechos humanos”.

Arabia Saudí no es el único criticado por el informe de Méndez. Irán, Egipto, Pakistán o Etiopía también abusan de la pena de muerte. Sin embargo, el caso saudí provoca mayor indignación por su empeño en erigirse en modelo, desafiando toda lógica. El año pasado Riad logró que su embajador ante la ONU presidiera un comité de expertos del Consejo de Derechos Humanos, apenas días después de anunciar una oferta de trabajo para ocho verdugos.

“Es una vergüenza que Arabia Saudí forme parte del Consejo de Derechos Humanos; necesitamos que se fijen unos estándares mínimos para sus miembros”, denuncia Ibrahim quien revela que varias organizaciones internacionales están haciendo presión para evitar que el reino renueve su mandato al año que viene. “El problema es que cuenta con lazos muy fuertes con Estados Unidos y el Reino Unido”, lamenta.