Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Ministros israelíes se enfrentan al Supremo por los asentamientos

Aliados de Netanyahu votan aprobar con carácter retroactivo asentamientos ilegales

El destino de 40 familias que ocuparon por su cuenta hace dos décadas terrenos privados palestinos en Cisjordania amenaza con condicionar el futuro de Israel. El llamado asentamiento ilegal de Amona, situado al norte de Ramala, debe ser demolido de orden del Supremo israelí antes del 25 de diciembre. En contra del fallo del Supremo y de la orden expresa del primer ministro, Benjamín Netanyahu, varios ministros clave del Gobierno han impulsado un proyecto de ley para legalizar retroactivamente la polémica colonia.

Asentamiento de Amona, en Cisjordania, declarado ilegal por el Supremo israelí.
Asentamiento de Amona, en Cisjordania, declarado ilegal por el Supremo israelí. REUTERS

Tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ya hay quien empieza a declarar en vía muerta en Israel la solución de los dos Estados. Netanyahu tiene el viento de cara. No solo sus aliados del partido Hogar Judío (que defiende los intereses de los colonos) le han dado la espalda en la Comisión Legislativa del Gabinete. Varios ministros del Likud, el partido conservador que él mismo lidera, se negaron a seguir sus instrucciones. El propio Tribunal Supremo le cerró ayer la vía de escape al negarse a posponer otros seis meses la orden de la demolición del outpost (pequeña colonia) de Amona y mantener el plazo previsto para su desalojo.

El primer ministro israelí pretendía ganar tiempo hasta que el presidente Barack Obama abandone la Casa Blanca, el próximo 20 de enero. En 2006, la policía israelí ya expulsó a nueve familias del asentamiento, en medio de escenas de violencia sin precedentes en Cisjordania entre colonos y fuerzas de seguridad. Y en 2014, el Tribunal Supremo falló a favor de devolver la propiedad de los terrenos sobre los que se alza Amona a sus legítimos propietarios palestinos, que también se han negado a ceder la titularidad de las fincas a cambio de una compensación económica. El Gobierno ha tenido más de dos años de plazo para organizar una evacuación ordenada, pero los colonos se han negado a abandonar sus casas en las que consideran ancestrales tierras judías de Judea y Samaria (nombres bíblicos del Cisjordania).

Además de los 200.000 israelíes que se han instalado en Jerusalén Este, tras la guerra de 1967 unos 400.000 colonos han construido sus casas en unos 120 asentamientos en Cisjordania que el Gobierno israelí califica de legales, así como en otros centenares de outpost no autorizados, entre los que el de Amona es uno de los mayores. La comunidad internacional, sin embargo, no reconoce a Israel derecho para edificar sobre territorio ocupado y tacha de ilegítimos todos los asentamientos.

Los asesores de Trump, por el contrario, se han apresurado a airear en la prensa israelí que la nueva Administración republicana no considerará ilegales las zonas urbanizadas por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, y mantendrá que los asentamientos no deben ser un obstáculo para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Destacados dirigentes nacionalistas y de la extrema derecha han interpretado este anuncio como una negación de la solución de los dos Estados —que ha sido el eje central de la política de Washington en la región– y, en consecuencia, una señal de luz verde para la anexión de Cisjordania.

Netanyahu ha exigido a sus ministros que se pronuncien con cautela sobre las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. De hecho, se considera que el primer ministro les ha prohibido conceder entrevistas sobre el asunto. “Hemos actuado con prudencia y responsabilidad en nuestras relaciones con EE UU en los últimos años, y seguiremos así en los próximos años”, les advirtió antes de la reunión del Gabinete del pasado domingo.

Rebelión contra Netanyahu

Pocas horas después, varios de los principales miembros del Gobierno se rebelaban contra Netanyahu e ignoraban sus instrucciones al no aprobar el proyecto de ley de legalización retroactiva de asentamientos como Amona. Naftali Bennett, ministro de Educación y líder del partido Hogar Judío encabezó el motín. Ante la eventualidad de unas elecciones anticipadas en Israel si se rompe la actual coalición —lo que los analistas no descartan a vista de las continuas tensiones en el seno del Gabinete–, el peso del voto de los colonos y de los sectores más nacionalistas de la sociedad puede ser determinante a la hora de conformar una nueva fórmula de mayoría. Bennett dirigió ayer un mensaje en clave electoral en defensa de “los ciudadanos de segunda clase que viven en los asentamientos”. “Los cambios registrados en EE UU y en Europa dan una nueva oportunidad a Israel”, dijo ayer en una comparecía ante la prensa, informa la agencia Efe. “La victoria de Trump es una oportunidad para retractarse de inmediato sobre la noción de un Estado palestino en el centro de Israel”.

Netanyahu, mientras tanto, guarda silencio ante el motín a bordo del Gobierno de coalición. Teme que el presidente Obama dé su visto bueno  —bastaría con la abstención de EE UU en el Consejo de Seguridad de la ONU— a una resolución de condena contra los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado, que además siente las bases en la comunidad internacional del carácter irreversible del principio de los dos Estados. Responsables de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) como Hanan Ashrawi condenaron ayer la propuesta de legalización retroactiva de los asentamientos por “violar el derecho internacional”. Los dirigentes palestinos pueden servirle ahora en bandeja a Obama una propuesta de resolución contra las colonias en la ONU tras la decisión que acaban de tomar los ministros israelíes en contra de una sentencia de su propio Tribunal Supremo