El aldeano que galvaniza a China contra la pena de muerte

Según le explicaron varios representantes municipales al abrir la puerta, el Ayuntamiento de su aldea, Beigaoying, a unas cuatro horas al suroeste de Pekín, había decidido expropiar el terreno para construir un bloque de viviendas. Pese a la resistencia de Jia, la casa, con todo lo que tenía dentro, fue convertida en una montaña de cascotes. Le sucedieron dos años de batallas administrativas y legales para exigir compensación, sin más resultado que la ruptura con su prometida. Finalmente se tomó la justicia por su mano y mató al alcalde, He Jianhua. La semana pasada, el Tribunal Supremo de China ha aprobado que se le aplique la pena capital.

El caso ha levantado ampollas entre los profesionales del derecho en China y entre el público en general, para convertirse en uno de los asuntos más debatidos en Internet. Muchos ciudadanos ven con horror la condena a muerte de alguien que bien podría ser cualquiera de ellos. Los problemas ante unas autoridades locales prepotentes, un sistema judicial a menudo arbitrario y un sistema que antepone el desarrollismo a las necesidades ciudadanas están a la orden del día. La expropiación forzosa es una de las principales causas de protesta en el país.

De manera poco habitual, varios catedráticos y abogados entre los más prestigiosos del país se han movilizado públicamente para conseguir que se conmute la pena a Jia, o al menos se reduzca.

Desde el punto de vista legal, alegan los expertos, existen atenuantes. El condenado se entregó a las autoridades inmediatamente después de disparar contra el alcalde con una pistola de clavos modificada. No perjudicó a personas inocentes, y él mismo había sido maltratado previamente. Aunque su hermana reconoce que el padre de Jia firmó un documento que autorizaba la expropiación, alega que lo hizo bajo amenazas de que si no, se le retiraría la pensión, y nunca recibieron ninguna indemnización a cambio.

“Cualquier persona normal recurriría a lo mismo que Jia si descubre que se le trata de manera injusta”

“Además de las razones personales, el homicidio representa también un fallo institucional. Cualquier persona normal recurriría a lo mismo que Jia si descubre que se le trata de manera injusta”, ha opinado el catedrático Zhang Qianfan, de la Universidad de Pekín y uno de los que se han manifestado contra la ejecución de Jia, en declaraciones que publica el diario Global Times.

Incluso algunos medios oficiales han hablado con simpatía del caso. En un comentario este lunes, el periódico China Daily opinaba que “la orden de ejecución no debe llevarse a cabo… Las circunstancias (del caso) son completamente anormales y hay interrogantes que deben responderse de manera adecuada”. El Global Times, propiedad del Diario del Pueblo y célebre por la usual dureza de sus posturas, ha pedido que cualquier decisión final sobre el destino de Jia se adopte con “transparencia”.

Esa es, precisamente, una de las críticas. “Este caso muestra la falta de transparencia en el proceso de revisión de la pena de muerte. Aunque el Supremo aprobó la condena el 31 de agosto, no está claro cuáll fue el argumento legal. Los abogados de Jia solo fueron notificados la semana pasada y a estas alturas aún no está claro si el presidente del Supremo ha emitido la orden de ejecución”, explica Patrick Poon, investigador para China de Amnistía Internacional.

De emitirse la instrucción, la campaña para salvar a Jia se convertiría en una carrera contra el reloj. El sistema chino prevé que, una vez que el presidente del Supremo da la orden, el tribunal local encargado del caso tiene siete días para aplicarla.

El clamor popular parece haber jugado en favor de Jia. Contactada por teléfono, su hermana, Jia Jingyuan, se declara “esperanzada”. Tras una serie de reuniones en Pekín con sus abogados y la Fiscalía, afirma, la acusación “va a llevar a cabo una investigación exhaustiva del caso”.

En China, un 99,92% de los juicios concluyen con una declaración de culpabilidad.

"Estamos intentando ver si el caso también se puede considerar bajo otras leyes y conseguimos que se vuelva a juzgar", explica en su despacho de Pekín uno de los abogados que se encargan del caso, Wei Ruiju. Según Wei, el caso ha expuesto "las diferencias claras en la protección al derecho a la propiedad entre los ciudadanos urbanos, que tienen más garantías, y los del medio rural, a quien los gobiernos locales les pueden quitar su vivienda con mucha facilidad".

Aunque las posibilidades son pocas. En China, un 99,92% de los juicios concluyen con una declaración de culpabilidad. Según un informe del Supremo en marzo pasado, en 2015 fueron condenados 1,23 millones de personas, y solo poco más de un millar fueron absueltas.

China es el país que más ejecuta del mundo, según Amnistía Internacional. Aunque desde 2005 el régimen aprobó una reforma del sistema penal que prevé “matar menos, y tomar cuidadosamente la decisión de matar”, y en 2014 redujo el número de delitos para los que se aplica la pena capital, esta organización pro derechos humanos calcula en “miles” el número de condenas a muerte y de ejecuciones anuales. El número oficial es un secreto de Estado.

“No está claro cómo se toman las decisiones de condenar a muerte o cómo se cumplen las ejecuciones”, apunta Poon.