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Día mundial contra la pena de muerte: al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015

Amnistía Internacional denuncia que los países recurren cada vez más a estas condenas en los casos de terrorismo

El corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin (California). En vídeo, imágenes del corto documental 'The Resurrection Club'.Vídeo: El País Vídeo

Al menos, 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015 en 25 países. Una cifra que supone un aumento del 50% de los casos registrados, en comparación con el año anterior, según Amnistía Internacional, que subraya en un nuevo informe que estos datos revelan cómo los Estados recurren cada vez más a la pena máxima en un "equivocado intento" de combatir los delitos relacionados con el terrorismo. Este lunes 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

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"La pena de muerte no hace sino alimentar el ciclo de violencia", ha recalcado Carlos Escaño, responsable del área de Amnistía Internacional dedicada a luchar contra la Pena de Muerte. Según el balance de la ONG, Estados Unidos es uno de esos países que condenaron a muerte o ejecutaron a personas por delitos relacionados con el terrorismo. Una lista que engrosan otras naciones como Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Camerún, Chad, China, Egipto, India, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Túnez o Emiratos Árabes Unidos.

"El aumento en el uso de la pena de muerte al que estamos asistiendo, en equivocada respuesta a los delitos relacionados con el terrorismo, revela un error fundamental por parte de las autoridades. No hay ninguna prueba de que la pena capital disuada de cometer delitos violentos con más eficacia que otros castigos", ha añadido James Lynch, subdirector del Programa sobre Asuntos Globales de Amnistía Internacional, que ha remachado: "El homicidio sancionado por el Estado no resuelve las causas fundamentales de estos ataques violentos. Solo agrava la injusticia y el sufrimiento y alimenta el círculo vicioso de la violencia, sin hacer justicia con las víctimas".

"La pena de muerte es siempre una violación de derechos humanos. Más de dos tercios de los Estados del mundo han optado por abolirla en la ley o en la práctica. Todos los gobiernos deberían hacer lo mismo", ha concluido Lynch.

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