La UE busca superar el recelo ante el libre comercio con garantías frente a los abusos

No es no, versión valona: el Gobierno de la región francófona de Bélgica se ha negado hoy por quinta vez en una semana a desbloquear el acuerdo comercial con Canadá. Ni las presiones por tierra, mar y aire de Bruselas, ni las duras palabras de la canciller Angela Merkel ni la mediación de los canadienses ha hecho aflojar a los valones: la ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, que ha viajado a Bélgica para tratar de convencer al Ejecutivo valón, anunció “el fin y el fracaso” de las negociaciones. Se ha declarado “muy decepcionada”, ha cargado contra la Unión por ser incapaz de pactar. Bruselas considera que simplemente se mantiene el suspense y que Valonia acabará cediendo. El jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, vaticina un pacto “a lo largo de los próximos días”. El presidente francés, François Hollande, ha alargado el ultimátum “hasta el próximo jueves”. Pero de momento Valonia cierra filas y apenas ha parpadeado ante las concesiones de la Comisión y ante las enormes presiones de los socios.

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Bruselas es el lugar adecuado para ese tipo de agonías en una negociación: de momento, el brazo Ejecutivo de la UE se ha sacado de la manga una propuesta que, bien encauzada, tiene potencial para desbloquear las conversaciones y darle a Valonia la baza política que necesita para cerrar esta crisis comercial. En plata: Bruselas quiere poder aprobar medidas proteccionistas —o “de protección”, el eufemismo preferido en la capital europea—para salvar el modelo social europeo y vencer la creciente oposición de la ciudadanía a los acuerdos comerciales con socios del estilo de Canadá y Estados Unidos. A cambio de salvar esos pactos, el objetivo es poder entablar guerras comerciales, con altos aranceles y otras medidas proteccionistas cuando Bruselas crea que hay que proteger los intereses de la industria europea.

Los Veintiocho negocian desde hace tres largos años el endurecimiento de medidas contra el dumping social o la competencia desleal, por ejemplo del acero chino o de la fabricación de vehículos en algunos países del Sureste asiático. Reino Unido y los países nórdicos impiden esas políticas en aras del libre comercio; España estaba en ese grupo, pero ha cambiado su posición. Bruselas insiste en que quiere poder aplicar dureza cuando detecte políticas comerciales agresivas, frente a la indefensión actual. Estados Unidos aplica aranceles del 256% al acero chino; en Europa, las represalias ante la constatación de que la siderurgia china vende productos subsidiados o que se venden por debajo de coste se limitan a un arancel es de apenas el 25%.

“Europa debe defender sus intereses industriales, por ejemplo en la siderurgia”, ha explicado Juncker ante la prensa en un tono acalorado. “Europa es partidaria del libre comercio, pero no puede seguir siendo estúpida: necesita instrumentos de defensa. Estados Unidos los tiene. ¿Por qué no podemos tenerlos nosotros para protegernos de los ataques del exterior?”, se ha cuestionado el presidente (hijo de un trabajador de la siderurgia luxemburguesa, por cierto). “Es importante distinguir entre protección y proteccionismo, pero hay que buscar formas de proteger nuestros intereses”, ha añadido el polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.

La Comisión está muy cerca de lograr la mayoría necesaria para activar ese tipo de medidas: las fuentes consultadas explican que Reino Unido, Suecia, Finlandia, Malta o Chipre —los más países más liberales— se oponen, pero Bruselas está ya a un solo país de conseguir la mayoría necesaria y pretende aprobar ese plan en noviembre. Eso permitiría, de alguna manera, salvaguardar el modelo social europeo: ofrecer a regiones como Valonia un incentivo político para firmar acuerdos con países como Canadá, poco sospechosos de hacer dumping social o competencia desleal, según las fuentes consultadas.

Europa juguetea así con el proteccionismo que acecha por todas partes. La integración económica global avanzó rápidamente después de las guerras mundiales, apoyada en Bretton Woods e instituciones como la Organización Mundial de Comercio, pero ese proceso ha apretado el botón de pausa con la Gran recesión. En su carrera hacia la Casa Blanca, Donald Trump ha logrado imponer en Estados Unidos, nada menos, la idea de que la globalización ha llegado demasiado lejos: hasta los Clinton cuestionan los acuerdos de libre comercio. Holanda, el país más abierto de Europa, está en contra de un acuerdo similar con Ucrania: Alemania, el socio que más se ha beneficiado de la apertura europea, flirtea con la negativa al TTIP con Estados Unidos, al igual ue Francia.

Tras la negativa de Valonia está esa retórica que culpa a la globalización de los 2.000 despidos de la multinacional Caterpillar, que acaba de anunciar el cierre de su planta en la región belga. Los beneficios del libre comercio, aunque sustanciales, son difusos; sus costes, en cambio, se suelen concentrar en unos pocos sectores y han encontrado una potente voz en los partidos antiestablishment que proliferan por todo el continente. La idea de Bruselas es seguir firmando grandes acuerdos, aunque para ello haya que meterse en el lodazal de las medidas proteccionistas, que tan mal casan con ese ideal de la Europa grande, flexible, librecambista, abierta, de alguna manera inglesa.

“La UE está resuelta a aplicar una política comercial vigorosa”, “que tenga en cuenta al mismo tiempo las preocupaciones de sus ciudadanos”, dicen las conclusiones de la cumbre en Bruselas. Ese es el nuevo mantra en una reunión en la que el Brexit ha pasado apenas de puntillas —pese a la presencia de Theresa May por primera vez— y en la que el Consejo Europeo ha adelantado que hará una propuesta más flexible sobre las cuotas de refugiados. Peccata minuta ante unos vientos de crisis que esta vez soplan en las procelosas aguas de la política comercial, penúltima víctima  propiciatoria de la Gran Recesión.