Los vacíos legales en México sobre reproducción asistida

El anuncio del nacimiento del primer bebé con la técnica de los tres padres genéticos en México tomó por sorpresa al mundo. De verificarse este experimento, la nueva tecnología puede ayudar a miles de personas que no consiguen procrear por las vías tradicionales. Pero el avance llegó acompañado de dudas y críticas, alimentadas por el hermetismo de los investigadores detrás del proceso. Las revistas Science y Nature denunciaron que los investigadores detrás de este hito eludieron la legislación estadounidense y aplicaron el tratamiento al sur de la frontera porque las leyes son más laxas. Ellos lo niegan. Más allá de este caso, subyace un marco normativo que data del sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) y en el que la mayoría de los intentos por reformarlo tiene un enfoque restrictivo, según especialistas. "El Estado ha hecho la vista gorda por años, ahora este tema le explota en la cara", afirma Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La (falta de) regulación en México

En México no existe una ley que regule específicamente las técnicas de reproducción asistida. Las clínicas que aplican estos tratamientos se rigen por la Ley General de Salud y un reglamento o ley secundaria sobre investigación en seres humanos que permite la experimentación en mujeres embarazadas, embriones y fetos si se tiene su consentimiento y si se siguen las pautas éticas establecidas por las autoridades. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lleva un registro de estos centros, revisa que cumplan con los estándares de calidad y está al tanto de los protocolos de investigación y los materiales bioquímicos utilizados.

Hay un vacío legal que te permite hacer cualquier cosa, sea lícita o ilícita Regina Tamés, directora de GIRE

La especialista en bioética María de Jesús Medina explica que la legislación tiene dos problemas: está desactualizada y desperdigada en varios textos normativos. "La ley vigente es de 1982 y no considera muchas tecnologías que se conocen actualmente", señala la abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esto implica que todos los avances científicos que se han hecho en casi 35 años no están regulados. "La ciencia avanza mucho más rápido que la ley", explica Gerardo Barroso, miembro de la Academia Mexicana de Medicina.

"Hay un vacío legal que te permite hacer cualquier cosa, sea lícita o ilícita", advierte Tamés. Los puntos ciegos en la normativa perjudican a todas las partes en el proceso. "Los médicos no tienen claro lo que está permitido y lo que no, están sujetos sólo a las reglas éticas, mientras que las personas que se someten a estas técnicas quedan al arbitrio de estar en las manos de un buen médico", añade la especialista del GIRE.

Las consecuencias son potencialmente desastrosas, dado los recursos que invierten y el estrés emocional que puede padecer una pareja con problemas de fertilidad. En México hay más de 1,5 millones de personas que no pueden tener hijos por la vía tradicional, según datos oficiales.

¿Un paraíso para el turismo genético?

Uno de los grandes problemas de países como México es que se convierten en paraísos de turismo médico José Antonio Alonso, especialista en bioética

Tras colocarse en el punto de mira de los medios y la comunidad científica, el equipo del New Hope Fertility Center ha dado a conocer a cuentagotas algunos detalles sobre su investigación en reemplazo mitocondrial, la técnica de los tres padres. Uno de los puntos más controversiales fue el cúmulo de circunstancias que derivaron en la aplicación del tratamiento en México. El tratamiento sólo está regulado en el Reino Unido, que dio luz verde al proceso el año pasado. La técnica también había sido aprobada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pero el Congreso congeló los fondos de la Agencia Estatal de Medicamentos (FDA), el organismo encargado de autorizar el uso de estas tecnologías, para revisar este tipo de experimentos.

El bloqueo impedía al personal de New Hope probarlo en su clínica de Nueva York. Por motivos religiosos y porque la mujer padece una extraña enfermedad mitocondrial conocida como el Síndrome de Leigh, la pareja no podía recurrir a otros métodos. La implantación de una mitocondria sana de una tercera persona en uno de sus óvulos era la única posibilidad para que ellos tuvieran descendencia. Y entonces surgió la opción de México, donde la clínica tiene oficinas en Guadalajara y la capital. El médico mexicano Alejandro Chávez Badiola, una de las mentes detrás del proceso, niega que se haya escogido realizar el tratamiento en el país latinoamericano porque la legislación fuera más laxa y atribuye la decisión a una "cuestión interna".

Sin embargo, la revista New Scientist, que adelantó la noticia la semana pasada, publicó que el investigador en jefe John Zhang aseguró que fue a México porque "ahí no hay reglas". "Los tratamientos en México sí están regulados, sólo que la legislación es diferente a la de otros países", justifica su colega Chávez Badiola.

"Uno de los grandes problemas de países como México que carecen de regulación, es que se convierten en paraísos de turismo médico, pero al no haber supervisión de ningún tipo, el potencial para que existan abusos, riesgos y fraudes es grande", asegura José Antonio Alonso, genómico y especialista en bioética de la UNAM. Alonso apunta que es probable que una pareja jordana (como fue en este último caso) haya viajado al otro lado del mundo para someterse a tratamientos experimentales por motivos económicos, dado que en México estos procedimientos son mucho más baratos, y por la desesperación de no encontrar alternativas legales en sus países de origen. 

El último intento de reforma

"En los últimos 15 años ha habido alrededor de 20 iniciativas", indica Barroso. Ninguna fue aprobada. "Es un tema delicado que ha permanecido en el tintero", aseveró el pasado 6 de septiembre Elías Octavio Íñiguez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, del conservador Partido Acción Nacional. Dos semanas después, la Comisión avaló un dictamen de la diputada Sylvana Beltrones del Partido Revolucionario Institucional. La propuesta establece prohibiciones en materia de reproducción asistida y prevé tratamientos contra la infertilidad. "Es un primer esfuerzo y es perfectible, pero es mejor a dejar la ley como está", dijo Beltrones.

La última iniciativa refleja un grave desconocimiento del tema y la presencia de 'lobbying' de grupos ultraconservadores María de Jesús Medina, especialista en bioética

Los especialistas consultados señalan que la iniciativa presenta algunos errores. "Hay un problema con la definición y la aplicación de los conceptos médicos", explica Barroso. Otro de los puntos controversiales es que se restringe el uso de estas técnicas a matrimonios entre hombres y mujeres. Esto es discriminatorio, inconstitucional y va contra los tratados que ha ratificado México, denuncia Medina, porque el derecho de formar una familia y beneficiarse de los avances científicos no excluye a las parejas homosexuales ni a las madres o padres solteros. "La última iniciativa refleja un grave desconocimiento del tema y la presencia de lobbying de grupos ultraconservadores como el Frente Nacional por la Familia y que impulsan una visión más restrictiva", lamenta.

"Se quiere pasar del extremo de no tener regulación a querer prohibirlo todo", añade Tamés. La directora del GIRE aplaude, sin embargo, el interés por atender el tema. Alonso insta, por su parte, a los políticos a acercarse a la comunidad científica para superar los prejuicios y la ignorancia. "La manipulación genética es un tabú, ya sea en plantas, animales y, sobre todo, en humanos", comenta.

Para Barroso, el prejuicio puede despejarse si se brindan programas de información para las personas, que tampoco se han realizado. El punto clave para el investigador en salud reproductiva de la UNAM es que la nueva legislación se presente como una reforma a la Ley General de Salud y no como una norma independiente, porque así se obliga a los legisladores a revisarla y adecuarla a las necesidades cada cinco años. La diputada Beltrones declinó una entrevista con EL PAÍS por motivos de agenda.