Ambulantes, indigentes y prostitutas, amparados en la Constitución de la Ciudad de México

El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Mancera, ha colocado la cereza al ‘pastel’ de su proyecto de transformar esta capital con el texto final de la Carta Magna: la primera que tendrá la ciudad al ser reconocida como un Estado más del país, tras la aprobación de la Reforma Política. De aprobarse el proyecto como está, la Constitución del otrora Distrito Federal otorgaría reconocimiento y derechos a las prostitutas, los vendedores ambulantes y las personas en situación de calle, entre otras polémicas figuras.

La asamblea constituyente deberá aprobar la Constitución en enero de 2017 y, de conservar el proyecto original de Mancera, estos derechos se verán confrontados con las leyes federales y los actuales reglamentos de la Ciudad, por lo que el camino para gozar de ellos se extenderá mucho más allá de ese año, pues faltará la adecuación de la normatividad actual a dicha Carta Magna. Además, las leyes federales tienen prioridad sobre las disposiciones locales de los Estados, por lo que algunos de los privilegios de los que gozarían los capitalinos quedarían sujetos a lo que indique cada ley.

Estos son algunos de los derechos que la nueva Constitución otorgaría a los habitantes de la Ciudad de México:

Prostitución y ambulantaje

Los trabajadores independientes estarían protegidos por esta Constitución. Su artículo 15 establece derechos para los no asalariados, entre los que contempla los vendedores ambulantes y las prostitutas. “Las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley; a la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión”, en una ciudad con una ancestral tradición de comercio ambulante (desde la época prehispánica) que además se ha alimentado del constante problema de la pobreza, que obliga a muchos a subsistir de esta forma. Asimismo, “reconoce y protege el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”, lo que obligaría a despenalizar la prostitución con sanciones administrativas.

Todas las familias

En medio de la polémica que ha causado entre los grupos conservadores la reforma propuesta por el presidente Peña para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el proyecto de Miguel Mancera reconoce “en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil”. Asimismo, la Constitución señala el derecho de la comunidad LGBTTTI a una vida libre de violencia y discriminación, así como a ejercer su preferencia sexual, identidad de género y expresión de género.

No obstante, el proyecto no es específico en algunos derechos sexuales y reproductivos que han sido conquistados en el pasado en esta Ciudad, como el aborto legal y voluntario. Aunque es uno de los grandes logros de la izquierda, el tema no aparece siquiera bajo el concepto de “interrupción legal del embarazo”. En cambio, sí prohíbe la esterilización involuntaria, la anticoncepción forzada, y garantiza una vida libre de violencia obstétrica.

Indigentes, migrantes y afrodescendientes

Esta Constitución reconoce la dignidad e identidad de las personas que viven en las calles. Obliga a la autoridad a garantizarles seguridad personal, integridad y no discriminación, así como a “no sufrir reclusión o desplazamientos forzados ni a ser obligados a tratamientos de rehabilitación, a trabajar o a ser institucionalizados sin su autorización, y a no ser perseguidos por conductas no constitutivas de delitos”.

Siendo la capital del país, el texto de la Carta Magna la reconoce como una ciudad de migrantes y pretende garantizarles sus derechos -a ellos y sus familiares- independientemente de su situación migratoria, “por lo que no deberán ser criminalizados”. Este rubro incluye a refugiados, desplazados, deportados y sujetos de protección internacional. Pone especial énfasis en la población afrodescendiente, que tendrá derecho a “la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial. Las autoridades deberán combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias en su contra”.

Seis meses por maternidad

Los trabajadores en la Ciudad de México verían extendidos considerablemente sus derechos en caso de aprobarse la Constitución: tendrían al menos dos días continuos de descanso a la semana (actualmente la ley federal del Trabajo contempla solo uno, con posibilidad de extenderse a dos si las horas del sexto día de trabajo se compensan durante la semana); dos periodos de vacaciones al año de 10 días laborables cada uno (ahora solo hay un periodo de seis días); licencia por maternidad de seis meses con goce de sueldo (actualmente de tres) y de paternidad mínima de un mes (hoy de cinco días), así como un tiempo mayor si el bebé tiene alguna discapacidad.

Marihuana para todos

La capital de México se encamina a convertirse en el primer Estado en legalizar el consumo de marihuana, con todos los puntos sobre las íes. “En la Ciudad de México no se sancionará en forma alguna el consumo de la cannabis, excepto en caso de peligro o daño a derechos de las demás personas, conforme a los límites que fije la ley. Se promoverá su uso medicinal y la investigación científica de la misma, desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños”, señala el proyecto de Constitución.

Prisión domiciliaria para madres

Los presos en México viven en condiciones que los organismos defensores de derechos humanos califican como infrahumanas: hacinamiento, comida en mal estado, violencia, en muchos casos torturas y abuso sexual. La Constitución pretende cambiar eso en la capital, estableciendo que los reos tienen derecho a un trato humano, en condiciones que favorezcan su reinserción social

Estos derechos aparecen en el Artículo 16, en el que destaca el beneficio de prisión domiciliaria que Mancera quiere dar a los adultos mayores; enfermos o discapacitados; embarazadas y madres de niños en primera infancia que se encuentren recluidos, “de conformidad con lo establecido en las leyes en la materia”.

La tierra es de quien la habita

El proyecto hace su adaptación de la máxima zapatista con el fin de evitar despojos territoriales y desplazamientos forzados, como ocurre con frecuencia en Estados con abundantes recursos naturales (como Chiapas) o incluso en la misma Megalópolis, donde conflictos por la tierra como el de San Salvador Atenco han terminado en enfrentamientos violentos, cárcel y muerte.

“Los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras, territorios y recursos existentes en sus tierras que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”, indica el texto sin especificar cuál forma. “Tienen derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su territorio, así como a la participación de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales”, la cual “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos; las autoridades de la ciudad protegerán en todo tiempo a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios de cualquier forma de desplazamiento forzado de sus tierras y territorios”.

Deponer al alcalde y anular una elección

Los capitalinos tendrían derecho a solicitar la revocación del mandato de sus representantes electos “cuando así lo demande al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo” o “a petición de la persona titular del cargo”. Esta figura no existe actualmente en México, así como no hay posibilidad de anular una elección cuando los votantes queden inconformes con los resultados o se hayan detectado fallas. Sin embargo, el texto de Mancera prevé que cuando se acrediten “irregularidades graves que violenten los principios previstos en esta Constitución”, será posible la nulidad.

Seres “sintientes”

“Toda persona debe respetar la integridad de los animales como seres sintientes”, dicta el artículo 14 de la nueva Constitución de la capital. Su protección será responsabilidad de toda la población, pero competerá a la autoridad promover una “cultura de cuidado y tenencia responsable”, así como atender a los animales en abandono. “El maltrato, mutilación y abandono de los animales se sancionarán de conformidad con las leyes y reglamentos”.