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Campamento contra la impunidad

Un plantón a las afueras de la Procuraduría General de la República recuerda que el 'caso Ayotzinapa' no está cerrado

Familiares de los 43 en la normal Raúl Isidro Burgos, de Tixtla.
Familiares de los 43 en la normal Raúl Isidro Burgos, de Tixtla. REUTERS

El campamento de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en parte del paisaje urbano de la Ciudad de México. El plantón sobre el Paseo de la Reforma está compuesto por tiendas de campaña y por lonas y pancartas con los rostros de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Todos los días, los trabajadores de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, entran a sus oficinas viendo el despliegue que prueba que para una parte de los mexicanos el caso que ha marcado al Gobierno de Enrique Peña Nieto está lejos de estar resuelto.

En estos dos años, el campamento se ha formado para después desaparecer. Desde abril de este año se hizo sedentario con un solo propósito: el cese de Tomás Zerón, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el encargado de la investigación del caso Ayotzinapa. Los padres de las víctimas no han creído la verdad histórica, como el Gobierno llamó a la narrativa de los hechos que concluye que los estudiantes normalistas fueron secuestrados por el narcotráfico y después asesinados y sus restos incinerados en una pira.

Los padres perdieron toda la confianza en el funcionario después de ver un video que reveló que Tomás Zerón estuvo en el río San Juan, donde supuestamente fueron hallados los restos, un mes después de los hechos. El investigador estuvo acompañado de uno de los detenidos y presuntos responsables de la desaparición. En la diligencia se habrían cometido irregularidades y se pudieron haber sembrado pruebas, según el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reveló las imágenes.

Los deudos de los 43 eligieron a Zerón como el antagonista en la tragedia. Los familiares rompieron el diálogo con la Fiscalía el 28 de agosto y amenazaron con no volver a la mesa hasta que Zerón fuera destituido. El 14 de septiembre, doce días antes del segundo aniversario de los hechos de Iguala, Zerón presentó su renuncia. Horas después, el presidente Peña Nieto lo nombró en un cargo secundario dentro de la Comisión de Seguridad Nacional. Algunos consideraron la dimisión como un gesto del Gobierno hacia los padres. Pero estos no estuvieron satisfechos. “Es imposible que premien a Zerón después de lo que ha hecho”, señaló Hilda Martínez, madre de César Manuel González, uno de los desaparecidos.

Muchas familias perdieron a sus hijos en aquella noche oscura de Iguala, donde también murieron seis personas. Los padres, campesinos o pequeños comerciantes de localidades rurales de Guerrero, se volcaron desde entonces a la búsqueda de los normalistas. “Seguiremos presionando y exigiendo la presentación con vida de los 43 muchachos. Son seres que hacen falta en casa”, dijo Hernández, que antes de la noche fatídica era un ama de casa dedicada satisfecha pues sus dos hijos habían dejado la casa para ir a estudiar. La tragedia la ha convertido en una activista que denuncia los vicios del sistema de justicia mexicano. En su nueva vida ha viajado para estar con los zapatistas y se ha reunido con las madres de los desaparecidos de Plaza de Mayo en Buenos Aires.

La presión parece haber surtido efecto. Tras la renuncia de Zerón, cobra fuerza la versión que asegura que la Fiscalía está desarrollando una investigación interna contra el extitular de la AIC y otros peritos por supuestas irregularidades. Arely Gómez, la fiscal general, dijo recientemente que no descarta explorar nuevas líneas de investigación y que está dispuesta a volverse a sentar en la mesa de diálogo con los padres.

Los abogados de los familiares de las víctimas, no obstante, le han hecho saber a las autoridades que no volverán a sentarse con ellos hasta que Zerón sea castigado. “Exigimos una resolución sancionatoria a esa investigación”, dijo Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, al día siguiente de la renuncia de Zerón.

La difícil relación entre los padres y las autoridades está representada, al menos en la Ciudad de México, en el pequeño campamento a las afueras de la PGR. Cada noche que pasa con las tiendas de campaña en pie recuerda que es un día ganado por la impunidad.

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