EE UU aprueba sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega

Las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno del sandinista Daniel Ortega parecen desviarse por derroteros inesperados. La noche del miércoles la congresista republicana de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen informó de que la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley promovida por ella y su colega demócrata, Albio Sires, que impone sanciones al gobierno de Ortega, como castigo por las violaciones a los derechos humanos y el retroceso de la democracia en Nicaragua.

La conocida como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) of 2016, o llamada coloquialmente Nica Act, una iniciativa bipartidista, fue aprobada de forma expresa y por unanimidad, lo que ha generado asombro en Nicaragua, donde los analistas predijeron que su discusión y aprobación llevaría su tiempo, tomando en cuenta la campaña electoral estadounidenses y las prioridades en política exterior de Washington, entre las que Nicaragua no aparecía como preocupación. Tras el visto bueno de la Cámara de Representantes ahora la iniciativa debe ser ratificada por el Senado, para que se convierta en ley, un proceso que parece que no tendrá demasiada oposición dada la unanimidad con que fue votada este miércoles por los congresistas.

Tras la aprobación en el Congreso, la legisladora Ros-Lehtinen justificó la iniciativa afirmando que “Daniel Ortega continúa consolidando poder y pisoteando la autoridad de ley y democracia en Nicaragua, lo que ha conducido a la instabilidad política y económica del país”. Según Ros-Lehtinen, “este proyecto de ley está dirigido a Ortega para que él y su régimen tomen responsabilidad por la violación a los derechos humanos y la manipulación del proceso electoral para su propia ganancia”.

La iniciativa impone sanciones al gobierno de Ortega, entre ellas la prohibición de que Estados Unidos vote a favor de préstamos solicitados por Nicaragua ante las organizaciones internacionales de las que la potencia forma parte, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), cuyo apoyo a Nicaragua en préstamos concesionales se estima en más de 250 millones de dólares anuales.

Reacción oficial

Juan Gómez, subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, había advertido que las relaciones entre Managua y Washington estaban “en un momento crítico”, y dijo que a Estados Unidos “le preocupan” las acciones del gobierno de Ortega “para restringir la realización de elecciones libres y justas y desmantelar instituciones democráticas, tales como los partidos políticos independientes”.

“El Frente Sandinista de Liberación Nacional”, continuó Gómez, “ha utilizado los mecanismos del Gobierno, el sistema judicial, la manipulación política y la intimidación para eliminar el sistema de controles y contrapesos necesario para que exista una democracia vibrante que funciona”. El gobierno de Nicaragua reaccionó con un escueto comunicado enviado a los medios y corresponsales extranjeros.

“Rechazamos como violatorias al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas las Propuestas e Iniciativas que se han movido en las Cámaras y Casas de los Organismos Legislativos de Estados Unidos, que son parte habitual de la Política Injerencista que a través de la Historia ha intervenido en nuestros propios y soberanos procesos políticos, sociales y económicos, y de manera intensiva y particular en momentos electorales”, establece el comunicado oficial enviado por Rosario Murillo, esposa de Ortega, vocera del Ejecutivo, jefa de gabinete de facto y candidata a la vicepresidencia en fórmula con su marido para las elecciones presidenciales de noviembre.

Para diversos economistas consultados en Managua, la aprobación de la Nica Act y su discusión en el Senado tendría un impacto negativo para la raquítica economía de este país, no solo porque podría obstaculizar la cooperación a Nicaragua en momentos en que el gran aliado de Ortega, el gobierno venezolano, ha disminuido la cooperación petrolera, sino porque afectaría a la inversión internacional. “Es una situación sumamente vulnerable. Obviamente, de aprobarse una iniciativa como esa, tendría un impacto muy fuerte”, dijo a los medios el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz.