Remedios mágicos contra el cáncer y la esquizofrenia en los hospitales militares de China

Los hospitales militares gozan de un buen prestigio en China. Los chinos consideran que las instalaciones y el personal médico son mejores que en los hospitales ordinarios. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría ni siquiera están bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad y su supervisión es mínima. Centros repartidos por todo el país presumen en sus páginas webs de curar la esquizofrenia o la epilepsia con tratamientos experimentales cuya efectividad no está probada y pueden ser dañinos para la salud.  

El fraude de los tratamientos que ofrecen los hospitales del Ejército han salido a la luz después de que en mayo un joven llamado Wei Zexi se sometiera a un tratamiento experimental para curarse de un cáncer en Pekín. El paciente y su familia se gastaron 200.000 yuanes (unos 26.600 euros) en un tratamiento basado en el uso de células generadas por el propio sistema inmunitario del paciente.

El joven apostó por esta cura después de someterse, sin éxito, a varias sesiones de quimioterapia y ver que el tratamiento estaba en lo más alto de los resultados de Baidu, el Google chino. Lo que no sabía es que la unidad de oncología del Segundo Hospital de la Policía Armada de Pekín estaba gestionada, en realidad, por la compañía privada Shanghai Kangxin. Tanto los hospitales públicos como los militares tienen prohibido externalizar sus servicios. Pero el caso evidenció una cadena de malas prácticas, ilegalidades y abusos por parte de estos centros, gestionados por el Ejército, como la externalización de algunos de sus servicios a compañías privadas que ofrecen tratamientos ilegales y cuya efectividad ha sido puesta en duda por los expertos.

Wei y su familia se gastaron 200.000 yuanes (unos 26.600 euros) en un tratamiento basado en el uso de células generadas por el propio sistema inmunitario del paciente. El joven apostó por esta cura después de someterse, sin éxito, a varias sesiones de quimioterapia y ver que el tratamiento estaba en lo más alto de los resultados de Baidu, el Google chino. Lo que no sabía es que la unidad de oncología del Segundo Hospital de la Policía Armada de Pekín estaba gestionada, en realidad, por la compañía privada Shanghai Kangxin. Tanto los hospitales públicos como los militares tienen prohibido externalizar sus servicios.

Wei falleció a los pocos meses y sus vídeos en las redes sociales denunciando el fraude indignaron a la opinión pública del país. Pocos días después de que saltara el escándalo, decenas de personas hacían cola en el Segundo Hospital de la Policía Armada de Pekín -donde el joven se trató- para pedir compensaciones y, sobre todo, explicaciones.

"El director del centro me prometió que mi padre, diagnosticado de cáncer de pulmón, podría vivir como mínimo cinco años más gracias a este tratamiento. Tras dos tandas que nos costaron 540.000 yuanes (unos 73.000 euros), falleció", explica Fan Meiying. "Mi padre sufre cáncer de vejiga y tras someterse al tratamiento aparecieron otros efectos secundarios como asma. Ahora está mucho peor. Después de saber lo que le pasó a Wei Zexi quiero a mi padre fuera de este centro lo antes posible, no puedo confiar en ellos", cuenta Liu Chao.

Un anterior accionista de Shanghai Kangxin, Chen Yuanfa, explicó al periódico local China Business Journal que en su etapa en la empresa los contactos con los hospitales militares eran recurrentes. Las negociaciones entre la compañía y estos centros incluían sobornos de hasta un millón de yuanes (unos 135.000 euros) para lograr los contratos. Su empresa tenía en el año 2011 vínculos con más de 80 hospitales militares. La Oficina de Salud de la Comisión Militar Central, de la que dependen estos centros, rechazó responder a las preguntas de este periódico sobre estas acusaciones.

La investigación oficial sobre el caso Wei Zexi determinó que el hospital violó las normas sobre externalización de servicios. Las autoridades urgieron a la clínica a suspender el contrato con la empresa privada y se "castigó" a diez responsables, dos de los cuales fueron despedidos y pasaron a disposición judicial. El Ejército chino anunció en mayo una revisión exhaustiva de los contratos de sus hospitales para detectar irregularidades similares.

Tres meses después varios centros repartidos por el territorio chino siguen anunciando estos tratamientos frauduentos. Son cinco hospitales militares en Pekín, Shanghái, Shenyang y Nanning que presumen de curar enfermedades como parálisis cerebral, cirrosis, insuficiencia renal, Parkinson, Hepatitis B o epilepsia. Preguntados por este periódico, los cinco centros han asegurado que han suspendido estos tratamientos, pero los anuncios siguen en la web. Algunos hasta alardean de haber colaborado con organizaciones y universidades del extranjero y de contar con tasas de curación que superan el 90%. La ley ni siquiera permite que se anuncien.

Aproximadamente un 70% de las compañías de sanidad privada en China están gestionadas por empresarios de la ciudad de Putian, en la provincia costera de Fujian. No es la primera vez que se cuestiona la calidad de los servicios de estos grupos, pero los delitos quedan impunes porque se han convertido en un poderoso lobby que ha tejido importantes relaciones con el poder político chino. El actual presidente, Xi Jinping, fue durante 17 años el gobernador de esta próspera región.

El Ejército chino se convirtió en una potente empresa a partir de mediados de 1980, cuando el Gobierno central recortó las aportaciones a los militares y autorizó su entrada en el mundo de los negocios para compensar el menor presupuesto. Desde entonces controla miles de empresas: fábricas, minas, hospitales, y sobre todo un lucrativo negocio inmobiliario. Los militares apenas han tenido que rendir cuentas sobre sus actividades empresariales.

Vistos los entresijos entre el Ejército y el sector privado, China anunció en marzo la decisión de que las Fuerzas Armadas abandonen sus negocios en los próximos tres años para acabar con las prácticas corruptas. El plan prevé que la gestión de los hospitales pase en manos de organizaciones sociales.