El Gobierno de Colombia y las FARC pactan un protocolo para verificar el cese al fuego

El Gobierno de Colombia y las FARC han pactado un protocolo de 36 normas que regirá el funcionamiento de las 23 zonas veredales y los ocho campamentos en los que se concentrará la guerrilla a partir del momento en que se firme el acuerdo final que acabe con más de 50 años de conflicto en el país. Durante los siete días de la semana, las 24 horas del día, un mecanismo tripartito compuesto por el Ejecutivo, la insurgencia y la ONU vigilará estos territorios temporales para verificar que se cumpla el punto del cese al fuego bilateral y definitivo y la entrega de las armas pactado entre ambas partes el pasado 23 de junio.

Las zonas de concentración de las FARC contarán con acceso por vía fluvial y territorial y su extensión será “razonable dependiendo de la vereda”. Aunque sigue sin especificarse dónde se ubicarán, se han establecido rutas de desplazamiento con dispositivos especiales de seguridad de la Fuerza Pública. "En todo momento el Estados Social de Derecho estará vigente", se lee en el comunicado. Una vez ubicados los guerrilleros, los altos mandos entregarán a la misión de la ONU información sobre la totalidad de sus miembros, el número de armas que poseen y el lugar donde se almacenan para que se inicie el mecanismo de verificación y entrega. En los primeros 60 días después de la firma se recibirá el armamento pesado. El resto lo entregarán, en un plazo de 180 días, en tres fases. Finalmente, se guardará en contenedores vigilados por observadores internacionales y servirá para construir tres monumentos.

Las 36 normas que regirán durante el período de desarme y verificación incluyen, para ambas parte, la prohibición de cualquier tipo de acto violento y el uso de lenguaje difamatorio. El Gobierno y sus agentes de seguridad suspenderán el hostigamiento contra la guerrilla y dejarán de hacer propaganda en su contra como sucedía hasta el momento, entre otras cuestiones. Las FARC, además de abandonar la violencia, dejarán de participar en actividades ilícitas como el narcotráfico.

Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en La Habana, supedita todo este proceso de desplazamiento y entrega de armas "a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia". La guerilla pone como requisito que se apruebe y realice el plebiscito antes de que estos mecanismos comiencen a funcionar.

La misión de la ONU, a petición del Gobierno y la guerrilla, no tiene como objetivo "la imposición de la paz", ha aclarado Jean Arnault, representante especial del Secretario General y jefe de esta comitiva en Colombia. "No es una misión de cascos azules", ha dicho el responsable y ha explicado que el equipo que aterrizará en el país, compuesto por observadores civiles y militares, no estará armado: "Sería un error y una preocupación para la población". Por el momento, cuenta con 80 miembros, una comisión que podría ampliarse hasta los 500, según los primeros cálculos. La próxima semana, una delegación tripartita, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y la Cruz Roja, viajará a estas zonas veredales para estudiar las necesidades que se requieran y así emitir el 19 de agosto un informe a la sede de la ONU en Nueva York con todos los detalles del operativo. "Por cada lugar donde se concentren los guerrilleros habrá una media de 18 de nuestros miembros", ha informado Arnault.

El Gobierno será el responsable de suministrar la logística en estas zonas, "privilegiará la contratación en las regiones de ubicación" y podrá contar con recursos de cooperación internacional. Además, en estos territorios se mantiene vigente el Estado de Derecho, es decir, las autoridades civiles seguirán actuando sin limitación alguna. Si se produjera algún tipo de incidente que requiriera la presencia de la Fuerza Pública, "primero se informará a la ONU" para que coordine el ingreso a las zonas. Posteriormente, se realizarían informes para sancionar estos incidentes. Arnault reconoció que existe "un desafío real" en cuanto a la seguridad de la misión, sobre todo en las regiones en las que siguen operando otros grupos armados como la guerrilla del ELN o las bacrim, como se conoce en Colombia a las bandas criminales, algunas herederas del paramilitarismo. "Contaremos con especialistas en seguridad y ya contamos con la cooperación de la Fuerza Pública", ha dicho.

De la firma a la antefirma

El acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo se sustenta en un cronograma que tiene como fecha de partida lo que ambas partes denominan el día D. Hasta ahora, se correspondía con el momento en que se firmara todo lo pactado en un acto en Colombia. Pero el pasado jueves, el presidente colombiano Juan Maniel Santos abrió la puerta a una antefirma. “Cuando terminemos todos los puntos de la agenda, es decir, cuando todo esté acordado, en ese momento se va a poner unas iniciales a los textos", explicó. "Esos textos se envían al Congreso y ahí se convoca el plebiscito. No necesariamente ese momento coincide con la firma de los acuerdos. La firma es una formalidad".

Las FARC argumentan desde el inicio de las negociaciones que no pondrán su nombre (en forma de firma o iniciales) en un papel hasta que no se haya aprobado una amnistía y hasta que no hayan celebrado su décima conferencia en la que materializarán su final como grupo armado. Santos no obvia estos requisitos y así lo ha reconocido en diversas declaraciones públicas. Pero al mismo tiempo es consciente de que la consulta al pueblo colombiano, prevista para un mes después de la firma final, depende de un trámite parlamentario y una posterior campaña y no puede seguir retrasándose.