Mercosur y Venezuela

Mercosur desde hace años dista mucho de cumplir con su objetivo fundacional de ser una proyecto de integración económica que contribuya con el desarrollo de los países que lo integran. El ingreso de Venezuela –por la forma en qué se dio, en 2012– adelantaba que difícilmente habría vuelta atrás para que el bloque sudamericano retome algún día su cauce inicial.

En 2012, Paraguay era el único país del Mercosur cuyo parlamento no había aprobado el protocolo de adhesión de Venezuela como miembro pleno del bloque. Ese mismo año, el parlamento paraguayo le realizó un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Se lo acusaba de responsabilidad política en un enfrentamiento ocurrido entre la policías y campesinos en el departamento de Canindeyú, que terminó con diecisiete muertos. Aquel juicio concluyó con la destitución del presidente Lugo cuando 115 congresistas de un total de 125 votaron a favor de la destitución.

Los denunciantes alegaban que el proceso del juicio a Lugo se basaba en lo establecido en el artículo 225° de la Constitución de paraguaya. Pero los demás países del Mercosur no estuvieron de acuerdo y decidieron suspender a Paraguay aplicando la cláusula democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia de 1998 y revisada en 2011. Desde Mercosur se dijo en aquel momento que en Paraguay no se había cumplido el debido proceso con el presidente Lugo quien tuvo menos de 24 horas para realizar su defensa.

En medio de aquella crisis política, los demás miembros del Mercosur decidieron que Venezuela ingrese al bloque como miembro pleno aprovechando que Paraguay se encontraba suspendido. Fue un hecho lamentable en el que no se respetó, justamente, el debido proceso que indica que todos los países miembros deben aprobar la adhesión de un nuevo país tal como lo establece el Articulo 20 del Tratado de Asunción.

Aquella suspensión a Paraguay se mantuvo hasta que el actual presidente Horacio Cartes asumiera la presidencia en agosto de 2013. Incluso se salteó a Paraguay cuando en diciembre de 2012 debía asumir la presidencia del bloque y asumió Uruguay que era el que seguía por orden alfabético.

Más allá de que hoy la realidad política haya cambiado en América Latina, no quedan muchas opciones más que pagar los platos rotos de decisiones pasadas y lidiar con un país que obliga al Mercosur a tener un debate típicamente de los setenta. No es un debate de un contexto internacional en el que surgen grandes bloques comerciales mirando hacia el futuro.

Hoy el Mercosur se debate si, dada la situación política de Venezuela, éste país –al que le tocaría asumir la presidencia por orden alfabético– estaría en condiciones de liderar el bloque regional. Parece un tema insignificante habiendo tantos otros desafíos regionales por delante, pero realmente no lo es cuando hablamos de un gobierno como el de Nicolás Maduro.

Desde Uruguay, país que hoy preside el bloque, se señala que la presidencia debe entregarse en tiempo y forma. Paraguay y Brasil no están de acuerdo en que el gobierno de Maduro lidere el Mercosur en el próximo semestre. Argentina, por su parte, ha mantenido una visión más neutral que se acerca a la de Uruguay.

Es verdad que la única razón jurídica para que Venezuela no asuma la presidencia rotativa es que el país sea suspendido del bloque. La pregunta sería entonces por qué aún no ha sido suspendido cuando hablamos de un bloque que cuenta con una cláusula democrática aplicada hace algunos años a Paraguay. ¿Acaso alguien puede afirmar que hoy el gobierno de Maduro actúa más democráticamente que aquel Paraguay suspendido en 2012?

Desde Uruguay se señala que cumplir con “lo jurídico” es pasarle la presidencia del Mercosur a Venezuela tal como lo establece el Protocolo de Ouro Preto. Sin embargo, pocos son los que mencionan al Protocolo de Ushuaia que establece en su articulo 1 que la cláusula democrática se deba aplicar “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

¿Acaso alguien puede dudar que la democracia en Venezuela está siendo amenazada por el actual gobierno? ¿Acaso no es "jurídico" más bien pedirle al actual gobierno de Venezuela que libere los presos políticos, que no impida el referéndum revocatorio y termine con tantos otros atropellos a la democracia del país?

El próximo 30 de julio, se realizará en Montevideo la cumbre de cancilleres del Mercosur para resolver este tema y esperemos que en esta reunión no solo se vea una parte de la legalidad de este asunto sino que su conjunto.

Asimismo, el mensaje más claro que nos confirma este tipo de hechos es cómo muchos países de América del Sur se han acostumbrado a apagar incendios institucionales en vez de prevenirlos. Porque, en definitiva, las múltiples crisis que hoy vive Venezuela no son más que el resultado de años de desgaste jamás denunciados por los socios que hoy deben lidiar con un país devastado.