Más obstáculos para la paz en Colombia

La paz se ha convertido en un anhelo para Colombia durante más de cinco décadas, por lo que resulta quimérico pensar que la firma de un acuerdo definitivo con las FARC transformará el país de la noche a la mañana. Es un hito, porque acaba con la confrontación del Estado con la guerrilla más antigua de América Latina, pero los desafíos que deberá enfrentar el país a partir de la rúbrica no serán menores.

Uno de los principales escollos será el proceso de paz estancado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Después de que a finales de marzo el Gobierno y la segunda será guerrilla del país anunciaran el inicio de una fase formal de negociaciones, estas no se han dado. El Ejecutivo asegura que no se sentará hasta que el ELN libere a todos los secuestrados y termine con esta práctica, algo en lo que está enrocado. La presencia de elenos en territorios comunes a los de las FARC podrían dificultar la verificación del cese al fuego. Además, las autoridades temen que una guerrilla activa de unos 2.000 miembros podría servir de aliciente para aquellos miembros de las FARC que opten por no desmovilizarse.

El otro gran foco criminal a combatir será el neoparamilitarismo que han intensificado su presencia en los territorios, tratando de ocupar el lugar que dejará la insurgencia y continuar con los negocios del narcotráfico. A ello hay que sumarle un fantasma que sobrevuela desde hace meses La Habana: el genocidio de la Unión Patriótica, el partido de izquierda formado por excombatientes de las FARC entre otros miembros y que fueron aniquilados por los paramilitares en los ochenta y noventa. Pese a que en el acuerdo alcanzado esta semana se haya garantizado la persecución y el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, con mención al estas formaciones, la práctica no resulta tan sencilla.

Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el gran desafío del posconflicto será la “inclusión política”, una tarea ardua, no solo por el camino que transitarán las FARC de las armas a los votos, sino por el fuerte rechazo que suscite su presencia en la vida política. Pese al apoyo unánime de la comunidad internacional, el proceso de paz sigue teniendo un fuerte rechazo dentro de Colombia. El expresidente y senador Álvaro Uribe no ha cesado de arremeter contra los acuerdos ni después de lograrse el cese al fuego bilateral tras 50 años de guerra. Para Uribe, que ha iniciado una campaña de firmas contra los pactos, Colombia tendrá “una paz herida”.

El 23 de junio comenzó a cambiar la historia del país, se puso la penúltima piedra en el camino a la paz con las FARC, pero restan varios puntos para que el acuerdo final, la firma que de verdad será el inicio de la implementación de lo pactado, sea real. “Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar, y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible”, aseguró Santos en La Habana en mitad de un discurso triunfalista.

Cuando llegue ese día, con independencia del baile de fechas con el que el presidente no deja de jugar, la letra pequeña de la amnistía tendrá que ser clara y precisa. La guerrilla discute en La Habana sobre el futuro de sus miembros que quieren volver a pisar territorio colombiano sin ser perseguidos con órdenes de captura. La necesidad se ha convertido en una urgencia porque, como anunció el presidente, la firma final se hará en Colombia. Las extradiciones son el otro interrogante fundamental por aclarar. Además, sigue sin resolverse qué delitos, además de los de rebelión, van a ser amnistiables.

El futuro político de las FARC es el otro tema que ralentiza las negociaciones. Los curules por decreto estaban planteados en el punto sobre la participación como partido o movimiento de la guerrilla en la vida pública, pero quedaron relegados para avanzar en otros aspectos. “Claro que las haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos”, dijo Timochenko durante la firma del cese al fuego. Para el día D, como ya se denomina al del último acuerdo, ambas partes tendrán que garantizar la transición segura y legal de la guerrilla.

El resto de flecos por resolver no se han planteado por ambas delegaciones como un obstáculo tan complicado. Aún debe formalizarse cómo se financiarán los acuerdos. Por el momento, se desconoce si las FARC aportarán capital para esta tarea o su responsabilidad económica se solventará con labores de rehabilitación en los territorios más afectados. Santos creó un Ministerio del Posconflicto antes de que se firmase la paz que ya cuenta con presupuesto propio, aunque no se ha especificado si requerirá más partidas o si será el responsable único de pagar las facturas. Tampoco se tienen detalles de cómo va a cooperar la comunidad internacional garante de la verificación en la dejación de las armas, entre otras tareas de observación y seguridad.

Un día después de que se anunciarán 23 zonas de concentración y ocho campamentos, el Ministerio de Defensa publicó la lista de las regiones que albergarán a las FARC mientras se desarman. Muchos de estos territorios coinciden con los frentes de la guerrilla y, por tanto, se trata de lugares muy golpeados por la violencia y con altos índices de pobreza y desigualdad. ¿Quién pagará la seguridad que se ha garantizado para los guerrilleros en cada uno de estos terrenos?