Un empate en el Supremo mantendrá bloqueada la reforma migratoria de Obama

En una comparecencia desde la Casa Blanca, Obama respondió que el resultado del Supremo “nos aleja aún más del país que aspiramos a ser” y que el dictamen es “desgarrador” para los millones de inmigrantes que han creado familias y construido sus vidas en Estados Unidos. El presidente reiteró que la acción de los jueces no tendrá impacto en las reformas anteriores y que “los padres de residentes legales seguirán siendo baja prioridad” de cara a las deportaciones.

“Debemos juzgar si queremos un sistema hipócrita en el que los trabajadores que cosechan nuestra fruta o hacen nuestras camas tienen los mismos derechos ante la ley o no”, dijo Obama, instando a los ciudadanos a que recuerden el impacto de esta sentencia, que afecta a casi cinco millones de personas y sus familias, cuando acudan a votar en noviembre. La reforma ya es uno de los asuntos centrales de esta campaña electoral gracias a las acusaciones xenófobas del republicano Donald Trump contra los inmigrantes.

La reforma ha pasado así de ser una de las grandes promesas electorales de Obama en 2008 a una de sus mayores frustraciones dentro de la Casa Blanca por el bloqueo republicano a sus iniciativas. Este jueves se ha convertido en uno de los agujeros que quedarán en su amplio legado. El presidente criticó duramente este jueves el rechazo de los republicanos tanto a la reforma como al reemplazo del juez Antonin Scalia, fallecido el pasado mes de febrero, y cuya ausencia ha propiciado el empate en este dictamen.

El Supremo no se ha pronunciado sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Obama, por lo que no da la razón ni al presidente ni a los 26 Estados que le demandaron. El empate supone que debe prevalecer la sentencia pronunciada por la última corte federal que estudió el caso en la última instancia y que ya decidió bloquear la reforma. El presidente recordó desde la Casa Blanca que la única esperanza de los 11 millones de indocumentados es que el próximo Congreso apruebe una ley para crear un nuevo sistema migratorio.

Obama se ha quedado sin ver entrar en vigor su proyecto —uno de los más ambiciosos de su presidencia—, para que los indocumentados que son padres de niños estadounidenses, además de cumplir con otros requisitos, puedan permanecer y trabajar legalmente en EE UU. La normativa también ampliaba otro programa conocido como DACA y que desde un año antes concedía los mismos beneficios a los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers y que entraron en el país antes de cumplir los 16 años. Obama reiteró este jueves que este programa original “ha cambiado más de 700.000 vidas” y seguirá en vigor.

La demanda original había sido planteada por 26 Estados gobernados por republicanos liderados por Texas y que alegaban ser perjudicados por la regulación de indocumentados. Los denunciantes consideraron asimismo que el presidente se había excedido en sus competencias y argumentaban que la autoridad para regular en materia de inmigración es exclusiva del Congreso.

“La decisión de hoy mantienen lo que hemos alegado desde el principio: que una sola persona, ni siquiera el presidente, puede cambiar unilateralmente la ley”, declaró en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton. “Esta es una victoria para los que creemos en la separación de poderes”.

“Estoy profundamente decepcionado y sorprendido por una decisión que perjudica a las familias y que obliga a nuestras comunidades a permanecer en las sombras”, aseguró el senador demócrata Bob Menéndez, uno de los grandes defensores de la reforma. “Esta decisión pasará a la historia como uno de los peores momentos en nuestra lucha por un sistema justo de inmigración”.

El Supremo estudió esta primavera dos cuestiones centrales de la reforma migratoria. La primera es si el Estado de Texas, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados. La segunda es si Obama se extralimitó en sus competencias al decidir que se cancelaran las deportaciones de un grupo específico de indocumentados.

La Casa Blanca argumentó que la normativa era necesaria porque, ante la falta de una reforma en el Congreso, deportar a más de 11 millones de ‘sin papeles’ es una tarea costosa y prácticamente imposible. Los Estados demandantes argumentaron que las leyes, como repitió este jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, “es el Congreso quien redacta las leyes, no el presidente”. A pesar de que los republicanos celebraron la acción del Supremo como una victoria, la falta de una sentencia supone que la institución no les ha quitado ni les ha dado la razón.