La oposición venezolana sortea trabas en el camino para revocar a Maduro

La oposición venezolana ha dado un paso adelante en la escarpada colina en que se ha convertido el referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. Pese a las innumerables trabas de las últimas semanas, y después de cinco movilizaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha validado, según la propia oposición, 1,3 millones de firmas de los 1,8 millones presentados. La cifra de las rúbricas invalidadas, a la que se aferra el chavismo, es una nota al margen, porque apenas se necesitaban 195.321, seis veces menos de lo aprobado, para pasar esta primera fase.

La noticia llegó después de 38 días de demoras por los trámites administrativos establecidos por el CNE, un órgano controlado por el chavismo. La oposición espera que, en las próximas horas, este ente anuncie los lugares donde los solicitantes deberán reafirmar con su huella que las firmas les pertenecen. Una vez completado ese paso, el CNE entregará otro formulario para que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organice un nuevo operativo para reunir el 20% del padrón electoral y solicitar la convocatoria de la consulta.

El tiempo corre en contra de los opositores porque si el evento se celebra después de la primera quincena de enero de 2017 el plebiscito perderá toda efectividad política. El vicepresidente de Maduro, hasta el momento Aristóbulo Istúriz, culminaría el mandato y solo habría elecciones presidenciales en diciembre de 2018.

El anuncio de la validación de firmas la hizo el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba. Su comparecencia demostró una vez más la honda fractura que separa al chavismo de sus rivales. A la reunión con la MUD solo asistió el rector Luis Emilio Rondón, el único de los cinco miembros principales del CNE que vela por los intereses de la oposición. “Las cuatro rectoras oficialistas le sacaron el cuerpo a su responsabilidad”, declaró Torrealba al término de la cita.

El anuncio llega en un momento de máxima tensión entre las partes, que permanecen atrincheradas en sus irreductibles posiciones. La oposición ha decidido condicionar un hipotético diálogo con el Gobierno, cuyas reuniones preliminares se han celebrado en República Dominicana con la mediación de tres expresidentes iberoamericanos —el español José Luis Rodríguez Zapatero; el dominicano Leonel Fernández; y el panameño Martín Torrijos—, a la celebración del plebiscito. Pero en su programa semanal de televisión, Maduro reiteró el martes que el revocatorio no es una obligación, sino un derecho establecido en la Constitución. “La opción de un referéndum con opción revocatoria no va a estar en la mesa de diálogo”, dijo al principio de su intervención. Y más adelante agregó: “Venezuela no necesita un referéndum revocatorio, sino recuperar su economía. A este país solo lo puede gobernar un presidente revolucionario: Nicolás Maduro Moros”.

El jefe del Estado ha anunciado que entregará a los mediadores una carta con tres propuestas para la oposición: la instalación de una comisión de la verdad, la firma de un acuerdo de funcionamiento y respeto a las instituciones venezolanas y un pacto de “renuncia a la violencia política, criminal y social y a la conspiración”. El chavismo ve el diálogo como un foro político donde deberían exponerse las visiones encontradas que cada uno de los bandos tiene de los problemas del país.

Maduro ha intentado transmitir un mensaje firme justo cuando arrecian los problemas de abastecimiento de alimentos y se profundiza el caos generado por el modelo de desarrollo chavista. La última apuesta del presidente es la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la versión bolivariana de los sóviets, encargadas por decreto de distribuir los alimentos básicos en los sectores populares. “Todos los recursos para los CLAP. Si ellos triunfan estará garantizada la paz de la República”, aseguró.

El chavismo quiere convencer a sus seguidores de que hay suficiente producción de alimentos, pero que han desaparecido de los anaqueles porque la empresa privada boicotea la distribución. El Gobierno asegura que ya están conformadas casi 16.000 CLAP para vender sin intermediarios. “Estamos exigiendo a las empresas que nos vendan el 70% de lo que producen para distribuirlo nosotros”, afirmó en el programa el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz. Con un margen de maniobra cada vez más pequeño, Maduro sigue apostando a reforzar los controles sobre la economía venezolana.