La ONU acusa al Gobierno eritreo de 25 años continuados de crímenes contra la humanidad
Una comisión solicita al Consejo de Seguridad que remita el caso a la Corte Penal Internacional
Los gobernantes de Eritrea han cometido crímenes contra la humanidad de forma "sistemática y generalizada" durante los últimos 25 años, según la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea, creada hace un par de años. Los integrantes de la comisión destacan, en su informe, que estas violaciones comenzaron cuando los actuales dirigentes tomaron el poder en 1991, tras independizarse de Etiopía. Los investigadores denuncian crímenes de esclavitud, tortura, persecución, asesinato y otros actos inhumanos, "utilizados como una campaña para instaurar el miedo y desalentar a la oposición". El informe, de 484 páginas, acusa a gobernantes específicos de haber permitido la esclavización de "entre 300.000 y 400.000 personas".
Mike Smith, presidente de la comisión, ha subrayado las detenciones arbitrarias, la discriminación basada en la etnia o la religión, y la violencia sexual. Todos estos crímenes quedan impunes, según Smith, porque "no hay una justicia independiente, no hay un parlamento, y no hay instituciones democráticas".
La situación en Eritrea—con algo menos de 5 millones de habitantes— incide en la crisis de refugiados que afecta a Europa. En 2015, 47.025 eritreos solicitaron asilo en países de la Unión Europea, una cifra inferior a la de los años anteriores, aunque únicamente superada por el número de sirios, afganos e iraquíes. Los expertos destacan que el servicio militar indefinido es uno de los argumentos más esgrimidos por los jóvenes eritreos que tratan de llegar a Europa.
La comisión ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que imponga sanciones al régimen y que remita el caso a la Corte Penal Internacional de la Haya. El Gobierno eritreo no permitió el acceso al país a los miembros de la comisión de investigación, por lo que tuvieron que recopilar la información a través de 833 entrevistas a ciudadanos eritreos residentes en 13 países distintos.
Fuentes oficiales eritreas han rechazado las acusaciones de la comisión y han asegurado que éstas "están infundadas y motivadas por intereses políticos", y suponen "un ataque injustificado no solo contra Eritrea, sino contra toda África y los países en vías de desarrollo".
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