Opico, la masacre que conmocionó a El Salvador

Estaría prohibido, no sería ético o al menos agradable acompañar este texto con el vídeo de la matanza más cruel grabada en El Salvador. Ni siquiera precedido de una cortinilla que advierta sobre “las duras imágenes que va a ver a continuación”.

Tampoco es fácil encontrarlo en Internet, ya que no pasaría el filtro de ninguna plataforma.

A modo de aproximación se puede decir que la muerte de 11 trabajadores en el municipio de San Juan Opico, a media hora en coche de la capital, y la consiguiente difusión de un vídeo grabado por uno de los asesinos mientras alguien remata a un hombre a machetazos en la nuca, convierte en actos piadoso las decapitaciones del Estado Islámico. Esta dura segundos, la de Opico, minutos.

La dureza de las imágenes que volaron por las redes sociales a mediados de abril conmocionó al país y atrajo la atención sobre el juicio que comenzó esta semana contra los autores de la masacre más impactante de los últimos años en el país más violento del mundo, algo así como doctorarse de literatura francesa en la Sorbona.

La guerra entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), 18-Sureños y 18-Revolucionarios dio un extraño giro el 3 de marzo cuando un grupo de pandilleros de la 18-R llegó hasta Opico, bastión de la MS-13, en busca de miembros de la mara contraria. Al no hallarlos, según el reporte oficial, se cebaron con ocho empleados de una compañía eléctrica y tres jornaleros que pasaban por allí, también asesinados de forma cruel. "Trataban de generar la idea” de que era la MS-13 la que había cometido el crimen, dijo el jefe de la policía, Howard Cotto.

En abril trascendió un vídeo grabado por uno de los asesinos mientras alguien remata a un hombre a machetazos en la nuca

Primero dispararon contra uno de ellos, luego desnucaron a machetazos a otro, después ametrallaron al resto y para terminar los remataron a machetazos, mientras uno de ellos grababa entre risas con su teléfono la escabechina.

El Salvador no es ajeno a la violencia; en 2015 murieron 6.657 personas o lo que es lo mismo uno de cada 972 salvadoreños fue asesinado. Se estima que en torno al 60 % de las víctimas son consecuencia directa del fenómeno de las maras. En este caso el presidente Salvador Sánchez Cerén se puso a la cabeza de las investigaciones y asumió el liderazgo mediático en la búsqueda de los culpables.

Cuatro días después de la masacre, el 7 de marzo, el mandatario del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) anunció que el caso estaba a punto de resolverse tras la detención de más de 80 personas que el gobierno relacionó con la MS-13, entre ellas nueve funcionarios del ayuntamiento capturados por error. Pero aquel impulsivo operativo policial resultó un paso en falso, y la Fiscalía no abrió diligencias contra ninguno de los detenidos, por falta de pruebas.

Finalmente el martes 24 de mayo un juzgado decretó prisión provisional contra siete pandilleros adultos utilizando como principales pruebas las declaraciones de un testigo protegido -uno de los autores de la masacre- y el vídeo encontrado en el teléfono celular. Un aparente récord de eficacia en un país con una impunidad que ronda el 95 %, y donde la posibilidad de que un culpable termine sentado en un banquillo, no condenado, sólo sentado frente a un juez, es menos de una entre 10.

Con este caso como bandera, el gobierno mantiene desde finales de marzo el estado de emergencia en las siete cárceles más peligrosas del país, donde sólo hay pandilleros. La medida implica que los reclusos no reciben visitas familiares y permanecen las 24 horas encerrados en la celda.

Paralelamente, ganó oxígeno ante la opinión pública la polémica política de mano dura desatada por Sánchez Cerén desde enero de 2015, quien ha aumentado la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública y ha movilizado tanquetas y helicópteros en el combate a las pandillas.

La Fiscalía acusa formalmente a nueve personas de ser miembros de la clica Vatos Locos Primaveras. “Todos son autores directos y realizaron funciones propias para privar de libertad a las víctimas y quitarles la vida”, dijo el fiscal.

Pero tanta rapidez ha dejado algunos cabos sueltos. Una investigación del periódico digital El Faro reveló que uno de los detenidos, Miguel Ángel Deras Martínez, probablemente no participó en la matanza y que ni siquiera es pandillero. Después de detectar serias incongruencias en el requerimiento fiscal, y de interrogar a una veintena de personas de su entorno, visitar su casa y rastrear su vida, sus gustos y sus redes sociales, no hay nada que huela a pandillerismo, y todo apunta a que aquel 3 de marzo estaba comprando camarones en el mercado para la cevichería que regenta.

Ante las evidencias, y la posibilidad de que Miguel Deras reciba una condena de no menos de 330 años, el procurador adjunto de Derechos Humanos, Antonio Aguilar, escribió el jueves en su cuenta de Twitter: “Ya está en camino una investigación”.

Santiago, vocero de la 18-Sureños pero que dice hablar en nombre de las tres pandillas (unos 60.000 pandilleros, según estimaciones oficiales) confirmó a EL PAÍS la versión policial sobre como sucedió la masacre. El vocero lo atribuye a un grupo de "locos y drogados" que actuaron por su cuenta. “La matanza fue un hecho aislado, y no fue ni autorizada ni consentida por nadie de las pandillas ni de dentro ni de fuera de la cárcel”, explica en entrevista en la capital salvadoreña.

Santiago sostiene que las pandillas MS-13, 18-R y 18-S mantienen un cese de acciones unilateral que comenzó el 26 de marzo y ha reducido el número de muertos en el país de 22 diarios promediados entre enero y marzo, a 11 promediados desde entonces. Naciones Unidas considera que una sociedad como la salvadoreña, de 6.5 millones de habitantes, estaría dentro ya de parámetros de “epidemia de violencia” con dos muertos diarios. La violencia en El Salvador ha provocado el aumento en el éxodo de jóvenes y se han multiplicado las peticiones de asilo humanitario en países vecinos, como México, Costa Rica y Panamá.

“Somos los primeros que queremos matar a quienes hicieron eso”, insiste Santiago. De momento, el país respira aliviado al ver al grupo de presuntos asesinos a un paso de ser condenados a cadena perpetua. Si son culpables, se sabrá después. O no.