Cameron anuncia medidas contra el blanqueo de dinero en Reino Unido
Seis países crearan registros públicos con los propietarios reales de las compañías
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David Cameron ha anunciado este jueves que todas las compañías extranjeras que adquieran propiedades inmobiliarias en Reino Unido deberán revelar la identidad de sus beneficiarios últimos en un registro público. Además, se ha comprometido a introducir medidas legislativas que hagan responsables penales a los ejecutivos que no eviten las prácticas de evasión fiscal dentro de sus empresas. Las medidas, anunciada en la cumbre internacional contra la corrupción celebrada en Londres, constituyen una reacción del Gobierno británico ante las críticas de que Londres se ha convertido en una capital global del blanqueo de dinero.
Propiedades en suelo británico por valor de 120.000 millones de libras (150.000 millones de euros) están en manos compañías offshore. Y, según un estudio publicado hoy en The Guardian, casi 400 compañías que cotizan en la Bolsa de Londres, con una capitalización de mercado colectiva de 225.000 millones de libras (286.000 millones de euros), están domiciliadas en paraísos fiscales conectados con Reino Unido.
Cinco países más –Francia, Holanda, Kenia, Nigeria y Afganistán- se han comprometido también a poner en marcha registros en los que se haga pública la propiedad real de las empresas. Y otros seis –Australia, Nueva Zelanda, Jordania, Indonesia, Irlanda y Georgia- han anunciado primeros pasos encaminados al mismo objetivo.
Organismos internacionales implicados en la lucha contra la corrupción han celebrado la iniciativa, pero señalan que el impacto de la misma será poco significativo a no ser que los paraísos fiscales, muchos de ellos bajo control británico, se sumen al ejercicio de transparencia. "El Gobierno británico ha reconocido el problema del dinero turbio en su mercado inmobiliario y ha anunciado medidas para combatirlo”, explica Robert Palmer, de Global Witness. “Si estas se llevan a cabo, ayudarán en gran medida a asegurar que Reino Unido no es un refugio seguro para los corruptos. Pero este progreso pone más de relieve el problema de los paraísos fiscales. Cameron sencillamente tiene que hacer que se abran si queremos acabar con la corrupción”.
Han asistido a la cumbre representantes de 43 países y siete organizaciones internacionales. Estuvo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y por parte de España acudió el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Además de los miembros del G-20, explicó el director de la cita, Philip Barton, se invitó a “países maltratados por la corrupción cuyas autoridades están haciendo un esfuerzo por combatirla".
Solo han acudido algunos de los territorios británicos de ultramar –Bermudas, islas Caimán, Gibraltar, Jersey e isla de Man-, con los que el Gobierno de Cameron ha dicho estar avanzando en su petición de que compartan con Londres sus datos fiscales. No ha habido representación de las islas Vírgenes, ya que continúan negándose a cooperar. En dicho territorio están domiciliadas, según los papeles de Panamá, más de la mitad de las 200.000 creadas por el despacho Mossack Fonseca.
Las críticas se han vuelto también hacia Estados Unidos. Los territorios británicos de ultramar han acusado a Washington de hipocresía al no actuar contra Estados que, como Delaware, guardan los secretos de miles de compañías tapadera. El Gobierno estadounidense recordó que no es la Casa Blanca sino el Congreso quien tiene competencias en la materia. “La corrupción es un enemigo tan grande como algunos extremismos contra los que luchamos, porque destruye las naciones”, ha dicho en Londres el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
Christine Lagarde, directora del FMI, ha declarado que cerrar los ojos ante la corrupción no es una opción. Para David Cameron, la corrupción “es un cáncer que se encuentra en el corazón de muchos de los problemas del mundo”.
Los países participantes en la cumbre han firmado un documento de 34 puntos que recoge compromisos contra la corrupción. Además, se han publicado 40 declaraciones separadas con compromisos específicos de sendos países.
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