Los expertos del caso Ayotzinapa se despiden de México exigiendo que se siga investigando

Después del demoledor informe contra la credibilidad de las autoridades mexicanas a quienes acusan de dilatar, obstruir y evitar una investigación a fondo del caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha dejado un último recado antes de abandonar México. Un documento con 20 recomendaciones dirigido a la Procuraduría General de la República –Fiscalía– que vuelve subrayar las líneas de fuga en la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Insisten en esclarecer cuál fue el papel del Ejercito y recuerdan que a día de hoy tan solo ha sido encontrado e identificado el cadáver de uno de los muchachos.

La invitación de esta reputada comisión de expertos por parte del Gobierno mexicano fue interpretada como una señal de luz y transparencia al fondo del oscuro camino de los derechos humanos en México. Las desencuentros entre los investigadores independientes y las autoridades mexicanas han sido sin embargo una constante durante el casi año y medio de trabajo del GIEI, que concluye su mandato con más sombras que luces sobre el caso de los normalistas de Iguala. El pulso abierto con la Fiscalía, a quién acusa de poco menos que fabricar una versión interesada del caso, ha llegado incluso a colocar en el alero a Tomás Zerón de Lucio, el máximo responsable policial de México, que se vio obligado la semana pasada a abrir una investigación interna a los agentes que trabajaron sobre el escenario del crimen.

El GIEI vuelve a reclamar un “cambio en la narrativa del caso” debido a las inconsistencias  de la versión oficial

El documento entregado este viernes a la Fiscalía –que a modo de defensa ha anunciado que redoblará las pesquisas– sintetiza las conclusiones de los expertos que ya fueron expuestas con exhaustividad a lo largo de las 608 páginas de su informe final presentado hace dos semanas. El GIEI vuelve a reclamar un “cambio en la narrativa del caso” debido, a su juicio, a las inconsistencias sobre las que se sustenta la versión oficial. De acuerdo con las confesiones de un centenar de detenidos, la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de los narcos, pertenecientes al cartel Guerreros Unidos y aliados con el alcalde de Iguala y su policía municipal, confundieron a los estudiantes con miembros del grupo rival Los Rojos. Los sicarios habrían ejecutado a los muchachos para después incinerar los cadáveres en el basurero del municipio vecino de Cocula, ambos en Guerrero, un Estado lastrado por la pobreza y el crimen organizado.

La tesis del incendio ha sido uno de los principales puntos de fricción. Después de tres peritajes sobre el terreno, los expertos en fuego acertaron a concluir que en la hoguera del basurero pudieron arder un máximo de 17 personas. “No existe certeza sobre el destino de los normalistas, las evidencias muestran que tan solo uno de ellos fue identificado a partir de un resto oseo”, reza el documento.

El único cadáver identificado entre los restos encontrados en las inmediaciones del basurero es el de Alexander Mora Venancio, de 21 años. Un hallazgo que además ha sido duramente criticado por los expertos internacionales. Denuncian irregularidades en los procedimientos de investigación, como el incumplimiento de la cadena de custodia y a deslizan, aunque sin afirmarlo explícitamente, que fue una prueba puesta ahí para validar la versión oficial. En su documento final vuelven a instar a que se atiendan las denuncias de tortura por parte de varios de los detenidos y a que se abra una investigación sobre “todos los funcionarios públicos que hayan obstruido del caso. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación”.

La barrera a su trabajo que con más insistencia han criticado los expertos ha sido el blindaje de la información relacionada con el Ejército, a quien el GIEI acusa de una suerte de responsabilidad por omisión. Asistieron a la cacería de los estudiantes, pero no hicieron nada. Las peticiones de entrevistas con los miembros del 27 Batallón que estuvieron presentes durante los sucesos de Iguala fueron sucesivamente negadas, bajo el pretexto de que la ley solo permite que sea la Fiscalía mexicana la que interrogue a los militares. El fiscal del caso, Eber Omar Betanzos Torres, detalló en una reciente entrevista con EL PAÍS que el expediente constan 50 declaraciones de miembros del Ejército. Para el GIEI no es suficiente. “La PGR deberá requerir la documentación militar relevante sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre, misma que no se ha incorporado a la investigación”. Reclaman que se tenga acceso a los informes de inteligencia, vídeos o fotografías, como las que tomó un militar que presenció el asalto a uno de los autobuses y que al llegar la policía local, huyó a la carrera.