EE UU pide a México que estudie cuidadosamente las recomendaciones de los expertos de Iguala

La reacción de Estados Unidos al demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es muy breve. Apenas tres párrafos en un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. Pero el mensaje, no por conciso es menos inequívoco: México haría muy bien en leer cuidadosamente todas y cada una de las 608 páginas del informe. Y haría mejor aún si implementara, con más cuidado todavía, las recomendaciones que hacen los expertos independientes, a los que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no quiso prolongar un mandato que contaba con el visto bueno de Washington.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe", reza la reacción oficial del Gobierno de Barack Obama en boca de Kirby. Washington espera también que las autoridades mexicanas "evaluarán las acciones sugeridas para atender la cuestión de las desapariciones forzadas, proporcionarán apoyo a las familias de las víctimas y continuarán sus esfuerzos para resolver este caso trágico”.

En la breve nota hay espacio también para manifestar el apoyo explícito de EE UU al trabajo del GIEI, cuya presencia, recuerda el Departamento de Estado, “fue solicitada por el Gobierno mexicano”.

La cautela con que EE UU manifestaba sus opiniones sobre México al inicio del Gobierno de Peña Nieto ha ido transformándose en una lenta pero creciente muestra de inquietud ante los continuos casos de violaciones de derechos humanos por parte del crimen organizado, pero en los que muchas veces también, demasiadas, surgen señalamientos contra elementos del Estado.

EE UU ha seguido muy de cerca el caso Ayotzinapa, que menciona en el capítulo mexicano de su último informe sobre derechos humanos, publicado hace dos semanas. En él, el Departamento de Estado vuelve a dejar clara su preocupación por la participación de agentes y militares en “abusos graves” de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales a torturas y desapariciones, así como la “impunidad y corrupción” instaladas en las instituciones que debieran impedir y juzgar esos abusos. Temas que vuelve a abordar el GIEI en su informe final, presentado este domingo en la capital mexicana.

No es el único toque de atención de Washington a México. En octubre del año pasado, el Departamento de Estado bloqueó una parte de la ayuda de la Iniciativa Mérida al denegar la certificación que debe enviar al Congreso de que el Gobierno beneficiario, en este caso el mexicano, respeta los derechos humanos. Aunque el monto fue mínimo -cinco de los 148 millones de dólares presupuestados- el mensaje resonó alto y claro.

Los llamamientos a que México tome nota de las recomendaciones de los expertos convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegan también desde el Capitolio. Un grupo de congresistas demócratas instó este lunes al gobierno mexicano a garantizar una investigación “honesta y transparente” de lo sucedido en Iguala.

“Esta investigación ha revelado problemas de larga data que amenazan el compromiso del Gobierno mexicano de defender los derechos humanos y los valores democráticos básicos”, dijo el congresista por California Alan Lowenthal. “Espero que el informe del GIEI sea el punto de partida para que el Gobierno de México aborde estos difíciles problemas, se involucre en un diálogo productivo y proteja a sus ciudadanos”, agregó en un comunicado en el que también se pronunciaron los congresistas demócratas Luis Gutiérrez, Jared Polis y Norma Torres.