La sombra del 11-S planea sobre la visita de Obama a Arabia Saudí
Riad amenaza con represalias ante un proyecto de ley sobre su posible papel en los atentados
La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí se asemeja cada vez más a la de una pareja que no puede ocultar sus diferencias, pero que hace esfuerzos en preservar lo que les mantiene unidos. El presidente Barack Obama viajó este martes al país árabe y, como en sus dos últimas visitas en 2014 y 2015, el objetivo es disipar recelos y afianzar la estrecha cooperación militar.
La visita, en el marco de una gira que llevará a Obama a Reino Unido y Alemania, viene condicionada por dos focos recientes de tensión: las críticas del presidente a Arabia Saudí en una entrevista periodística -en un tono inusualmente directo, lamentó la dependencia militar saudí, su apoyo a una versión radical del Islam y las violaciones de derechos humanos- y la amenaza de Riad de tomar represalias económicas si el Congreso estadounidense aprueba una ley que permitiría llevar a juicio al Gobierno saudí en caso de demostrarse que tuvo algún papel en los atentados del 11-S en 2001.
Ambos casos evidencian un cambio de ambiente en Washington: el viejo aliado saudí es menos intocable. El presidente, los candidatos a sucederle en las elecciones de noviembre y congresistas elevan el tono y cuestionan aspectos de la alianza con Riad. La esencia de la relación se cimentó hace 70 años durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt: EE UU ofrece un paraguas de seguridad a la monarquía autoritaria a cambio de que sea una fuente de estabilidad en el convulso Oriente Próximo y comprarle petróleo.
El viraje actual llega tras las discrepancias por la política estadounidense en Oriente Próximo a raíz de las revueltas prodemocráticas de la Primavera Árabe y el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, enemigo de Arabia Saudí. Y tras reducirse la dependencia petrolera de Washington de Riad -su segundo proveedor, tras Canadá- gracias al boom energético que ha vivido EE UU como consecuencia de la proliferación de la técnica de extracción del fracking.
La Embajada saudí en Washington está ubicada frente al complejo de edificios Watergate, epicentro del escándalo de espionaje que forzó la dimisión en 1974 del presidente Richard Nixon. Las intrigas políticas se ciernen ahora sobre esa Embajada y una hipotética implicación saudí en los atentados de 2001 en Nueva York y Washington, que causaron cerca de 3.000 muertes. 15 de los 19 terroristas que participaron eran saudíes, igual que el entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden
El presidente, los candidatos a sucederle y congresistas cuestionan aspectos de la alianza con Riad
La comisión oficial del Congreso que investigó el 11-S no encontró pruebas de que el Gobierno o altos cargos saudíes financiaran a Al Qaeda, algo que ha negado repetidamente Riad. Pero las conspiraciones sobre un hipotético papel saudí se alimentan por el hecho de que están clasificadas 28 páginas del informe de la comisión, incluidas las referencias a que algunos funcionarios saudíes que vivían en EE UU tenían alguna relación con la trama terrorista.
La larga campaña de varios congresistas a favor de la desclasificación de esas páginas se reactivó en febrero de 2015 cuando Zacarias Moussaoui, un miliciano de Al Qaeda detenido en EE UU poco antes del 11-S y condenado en 2006 a cadena perpetua por su relación con la red terrorista, declaró que miembros destacados de la familia real saudí hicieron a finales de los años 90 donaciones a Al Qaeda y que él se reunió en Arabia Saudí con el actual rey Salman, cuando era príncipe, para entregarle cartas de Bin Laden.
La especulación sobre un papel saudí en el 11-S se ha afianzado ahora con el debate en el Congreso de una propuesta de ley que acabaría, en los casos de terrorismo en EE UU, con la inmunidad de que gozan los países extranjeros en determinados procesos judiciales en el país. La ley ha sido aprobada en comisión pero todavía no se ha votado en las cámaras.
La Casa Blanca ha anunciado que Obama la vetaría porque cree que desencadenaría procesos judiciales contra EE UU de ciudadanos extranjeros. El Congreso necesita un difícil consenso de dos tercios de ambos hemiciclos para anular un veto presidencial.
El debate incomoda a Arabia Saudí. Según el diario The New York Times, el ministro de Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, que hasta el año pasado era el embajador en Washington, advirtió en marzo a congresistas estadounidenses que su país vendería los 750.000 millones de dólares que tiene en bonos estadounidenses si la ley se aprobase.
En la víspera del viaje de Obama, el portavoz del presidente dijo que confía en que Riad tenga en cuenta el “interés compartido en preservar la estabilidad del sistema financiero global”.
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