“Nuestra comunidad espera justicia”

Genia Gaitán tenía que hacer este lunes verdaderos equilibrios para sostener en alto el cartel en demanda de justicia para los inmigrantes sin perder de vista a dos de sus tres hijos pequeños, que correteaban sin parar entre el millar largo de manifestantes ante el Tribunal Supremo en Washington. El tercero, de solo siete meses, aguantaba paciente en su sillita pese al fuerte sol que caía desde primera hora de la mañana en la capital estadounidense. Para esta salvadoreña que lleva diez años residiendo en Virginia sin papeles, la decisión de los ocho jueces sobre la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama supone la diferencia entre seguir viviendo con miedo a ser separada de sus hijos, todos norteamericanos puesto que nacieron en Estados Unidos, y poder aspirar a una vida normal, con un permiso de trabajo, licencia de conducir y, sobre todo, sin miedo a la deportación.

“Esperamos que los jueces decidan aprobar la reforma y que cinco millones de personas nos beneficiemos”, decía con una sonrisa esperanzada. No era la única.

Bajo gritos de “sí se puede”, indocumentados, inmigrantes regularizados, activistas y políticos acompañaron desde primera hora de la mañana la vista sobre las acciones ejecutivas de Obama que podrían beneficiar a casi cinco millones de indocumentados. Pese a que los jueces se mostraron muy divididos en la sala, los asistentes, así como las personas que aguardaron durante horas en los alrededores del edificio judicial, mantenían la confianza.

“Tengo mucha confianza en que van a hacer lo que es justo y que será una decisión positiva que va a dar un alivio a nuestra comunidad”, dijo a EL PAÍS Janet Murguía, presidenta del National Council of La Raza (NCLR), una de las organizaciones hispanas más influyentes de EE UU.

La esperanza de Juan Escalante, uno de los beneficiarios de DACA, el programa que regulariza a jóvenes indocumentados bajo ciertas condiciones lanzado en 2012 por Obama, y activista proinmigración desde entonces, es que los jueces “reconozcan esta demanda como lo que es, una maniobra política para que ellos (los republicanos) cumplan sus intereses y sigan oprimiendo a nuestras familias y nuestra comunidad”.

Caras e historias tras los números migratorios

Los activistas no han ahorrado en esfuerzos para lograr que los jueces pongan una cara, una historia, a la narrativa migratoria que tienen en sus manos. Entre los invitados a la audiencia estaba Sophie Cruz, la pequeña de seis años que se hizo famosa en todo el mundo cuando consiguió entregarle una carta pidiéndole ayuda para los inmigrantes al papa Francisco, durante su visita a Washington el año pasado.

“Estamos aquí unidos por una sola misión: queremos los mismos derechos para todos”, dijo la pequeña en un discurso aprendido de memoria y pronunciado de carrerilla tanto en español como en inglés. “Tengo derecho a una protección, tengo derecho a vivir con mis padres, tengo derecho a vivir sin miedo y a vivir feliz. Denme la oportunidad de alcanzar mis metas”, pidió a los jueces entre aplausos de los manifestantes.

Poco antes, el grupo La Santa Cecilia, que hace dos años dedicó el Grammy que ganó por el “mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo” a los 11 millones de indocumentados, había dado un breve recital ante el Tribunal Supremo. “Los inmigrantes somos la fuerza de este gran país y merecemos justicia, merecemos honor”, proclamó la cantante, Marisol Hernández.

Una demanda injusta para algunos

No todos los congregados aplaudieron. Frank Lukacs era este lunes una figura muy solitaria entre los manifestantes, pero aun así no dudó en denunciar lo que considera una demanda injusta.

“Mi madre y yo tuvimos que esperar una década en nuestro país, porque es lo que la ley dice que tienes que hacer para venir a este país de forma legal. Mis primos llevan esperando más de una década. Hay una gran diferencia. Si esperas aquí puedes tener hijos naturalizados estadounidenses, y eso es un beneficio invaluable”, recordó este hombre de origen húngaro. Además, los que cumplen la ley y esperan en sus países no pueden hacer escuchar su voz ante el Tribunal Supremo, lamentó.

Mirando a las elecciones presidenciales de noviembre

La voz de Lukacs quedó sin embargo ahogada entre las proclamas a favor de la reforma migratoria —“Esto no es más que una batalla, la guerra es la reforma migratoria”, gritaban los activistas— y las advertencias al Partido Republicano de que su retórica antiinmigrante les puede costar caro en las urnas en noviembre. Porque el mero hecho de que el Tribunal Supremo haya aceptado el caso podría dar un nuevo giro al debate electoral migratorio.

“Los republicanos están atacando a una comunidad vulnerable pero que a la vez está creciendo y los que van a pagar en las urnas son los republicanos”, advirtió Ben Monterroso, presidente de Mi Familia Vota, a este diario.

“Si la decisión (de la Corte) es favorable, vamos a involucrarnos en el proceso electoral para apoyar al presidente o presidenta que vaya a apoyar esa decisión”, acotó Murguía. “Y si no es favorable, será más importante aún que participemos en el proceso electoral para asegurarnos que haya un presidente que vaya a apoyar la decisión que tomó Obama”, agregó.