El Salvador sangra

Encontraron la cabeza cortada del sargento en un puente. Su nombre era Baltazar Olaizola Díaz y trabajaba en la policía municipal de Soyapango. Fue el agente número 49 asesinado en 2015. El jefe de la policía nacional cree que la decapitación fue una puesta en escena de las despiadadas maras o pandillas que hoy negocian para lograr mejores condiciones de detención. 

El Salvador, como otras ciudades del país, ha visto más derramamiento de sangre que muchas zonas de conflicto del mundo. También hay un desangramiento de personas, muchas de las cuales están huyendo a México y a EE UU. La pequeña nación centroamericana está en guerra, pero con otro nombre. Estadísticas como las del Instituto de Medicina Legal, que calcula 6.656 asesinatos en 2015, son aterradoras.

Las circunstancias de estas muertes son inquietantemente familiares. En la mayoría están involucradas las drogas ilegales. EE UU cree que la mayor parte de la cocaína de Colombia transita a través de América Central y México antes de llegar a los estadounidenses. Con tanto dinero en juego, las disputas por las rutas de tráfico y los puntos de venta son una rutina, y los civiles inocentes quedan atrapados en medio del fuego cruzado. 

Los datos demográficos revelan mucho acerca de la naturaleza de la nueva guerra en El Salvador. Más del 48% de las víctimas de homicidio son varones jóvenes entre 15 y 29 años. Las autopsias muestran que el 83% de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego, en su mayoría revólveres. Más de la mitad de los homicidios del país se produjeron en tan solo cuatro departamentos: San Salvador, La Libertad, Soyapango y Usulután. 

El reciente aumento en el derramamiento de sangre se puede remontar a la disolución de una impopular tregua entre facciones rivales en 2014. A pesar de que el alto el fuego redujo temporalmente a la mitad la tasa de homicidios, no logró disminuir delitos como la extorsión. Como resultado, el Gobierno redobló la política de mano dura, diseñada para pulverizar las maras. Una agresiva ofensiva policial, conocida como Grupo de Reacción de la Policía ha sido relacionada con docenas de matanzas y desapariciones de miembros de pandillas. 

Para complicar más las cosas, las principales pandillas, Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, no solo están en guerra entre ellas y con la policía. También libran una guerra civil dentro de sus propias filas. Con sus purgas de ‘traidores’ y ‘soplones’, el derramamiento de sangre no muestra señales de disminuir. Para empeorar aún más las cosas, el problema se está extendiendo a las vecinas Honduras y Guatemala. En un intento por mantener a estos países bajo control, el Congreso de EE UU aprobó recientemente un programa de 750 millones de dólares contra el crimen organizado, las pandillas y la corrupción que acechan Centroamérica.

La situación en El Salvador ha sido calificada de "crisis humanitaria". Esta no es la primera vez que el país ha estado sitiado. Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, unas 75.000 personas fueron asesinadas durante la guerra civil.

Entonces, ¿qué decisiones deben tomarse? Se requiere algo más que una policía mejor entrenada o una mejora de las condiciones de reclusión, aunque ambos son urgentes. Hacen falta medidas preventivas que limiten la desintegración familiar, así como proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. La élite del país tiene que evitar la tentación de desplegar más policías, imponer penas más severas y enviar más gente a la cárcel. Hay más esperanza de reducir la delincuencia mediante la mejora de la calidad de vida y de las oportunidades de las familias trabajadoras y los jóvenes sin supervisión. 

Los donantes internacionales podrían trabajar con las autoridades salvadoreñas para hacer una inversión seria que apunte a las ciudades más afectadas y a las poblaciones más vulnerables. Un ejemplo esperanzador es la fundación de desarrollo y vivienda del país, FUNDASAL, que atiende 38 barrios de la capital. El programa ofrece crédito a los hogares encabezados por mujeres, ha reformado centros comunitarios y rehabilitado comunidades marginales en cooperación con las autoridades locales y residentes. Parece que esto está marcando una diferencia, y debería implementarse a mayor escala.

La triste verdad es que la única manera real de lograr una reducción en los homicidios en El Salvador –o en cualquier lugar en América Latina - es poniendo fin a la guerra contra las drogas. A pesar el fuerte apoyo de la élite conservadora del país, el modelo prohibicionista está generando más daño que beneficios. Sin una mayor regulación legal y controles, el tráfico de drogas seguirá siendo dominado por el crimen organizado violento, incluyendo las pandillas. Afortunadamente, el debate sobre la legalización y regulación está entre las discusiones principales en el continente americano. Los líderes salvadoreños deben tomar nota. Mejores políticas de drogas en El Salvador y en EE UU podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte.

* Robert Muggah es director de investigación del Instituto Igarapé y de la Fundación SecDev. También es asesor de la Comisión Global de Políticas de Drogas.