La lucha entre los jueces y Lula aboca a Brasil al caos institucional

La decisión del juez Itagiba Catta Preta Neto, que en Facebook se ha retratado a sí mismo sonriendo en manifestaciones contra Rousseff y Lula con anotaciones insultantes contra ellos, dejó al país en suspenso, al Gobierno y a Lula noqueados y al sistema político instalado en una suerte de limbo jurídico. El Gobierno adelantó que va a recurrir el auto en cuanto reciba la notificación y otros juristas se apresuraron a asegurar que una segunda instancia judicial puede asimismo invalidar la acción del juez Catta Neto automáticamente. Pero la noticia volvía a colocar al país entero en el estado de estupefacción, sonrojo y parálisis del que no sale desde hace varios días.

El miércoles por la noche, la explosiva divulgación de una conversación entre Rousseff y el expresidente Lula grabada por la policía sacó a la calle a millares de personas para protestar. En el centro de São Paulo algunos pasaron toda la noche, cortando la avenida Paulista, la arteria más emblemática de la ciudad. En la charla grabada por la policía, que tenía pinchado el teléfono de Lula, Rousseff dice: “Te estoy mandando el papel para tenerlo ahí; úsalo sólo en caso de necesidad, porque es el acta [de ministro]”. Para los investigadores no hay duda: Rousseff trataba de proteger a Lula, sospechoso de estar involucrado en una de las ramificaciones del caso Petrobras, de acabar en la cárcel. Si la policía se presentaba en el último momento, antes de que Lula fuera oficialmente nombrado ministro (la ceremonia estaba prevista para ayer), bastaba con que el expresidente presentara el acta para comenzar a gozar del mayor grado de inmunidad que tienen los ministros de Brasil.

Así, quedaba ya fuera del radio de acción del juez federal Sérgio Moro, que es el que instruye el caso Petrobras, pasando a depender del más lento Supremo Tribunal Federal. El enfrentamiento entre Moro, convertido en una especie de héroe popular para la derecha y que acaba de recibir el apoyo corporativo de una asociación de jueces, y el Gobierno, del Partido de los Trabajadores (PT), explica buena parte de la caótica situación del país. Moro fue quien ordenó pinchar el teléfono de Lula —y posiblemente el de Rousseff—, el que mandó prender al expresidente el 4 de marzo y el que estaba dispuesto a encarcelarle.

Abucheos

Rousseff, en el discurso de toma de posesión de Lula, muy seria, negó la interpretación policial de la polémica frase y alegó que tanto el documento remitido al exmandatario como la charla obedecían a un asunto simple y burocrático: la eventualidad de que este, por motivos personales, no pudiera acudir a la ceremonia. La presidenta le enviaba el acta, sin firmar por ella, para que Lula lo firmase y lo remitiese a su vez. Después cargó contra el juez Moro, al que acusó de practicar métodos anticonstitucionales.

La ceremonia de posesión fue cualquier cosa menos conciliadora y se convirtió en un símbolo del clima incendiario que vive el país. Las protestas se sucedían en el centro de São Paulo, y en Brasilia, enfrente del Palacio, los gritos de “fuera, fuera” se oían en la sala donde el nuevo ministro firmaba solemnemente su nombramiento y, en el preciso momento en que Rousseff comenzó su discurso, un diputado asistente de la oposición, Major Olimpio, exclamó: “Qué vergüenza”. Rousseff se calló entonces. Y un grupo de espectadores favorables al Gobierno, entre gritos y abucheos, expulsaron al diputado. Los defensores de Lula y Rousseff prorrumpieron entonces: “No va a haber golpe, no va a haber golpe”, en referencia a que la presidenta no va a ser expulsada del poder.

El nuevo Gobierno de Rousseff-Lula —muchos en Brasil se preguntan ahora quién manda de verdad— nace ya agonizante, extremamente frágil, zarandeado desde todos los lados, mordido económicamente y amenazado con la destitución parlamentaria. Las votaciones decisivas que pueden acabar con Rousseff desde el Congreso se celebrarán a finales de abril y mayo. Para entonces, Lula, el encargado de negociar, tiene que haber reunido el número suficiente de diputados de los partidos considerados aliados para bloquear el proceso. No va a ser fácil. En un gesto explícito, el vicepresidente, Michel Temer, de uno de esos partidos teóricamente aliados, no acudió a la ceremonia de posesión. Todo un síntoma.