Margallo sobre los refugiados: “España se opone a expulsiones colectivas”

España defenderá este lunes en Bruselas una posición opuesta a las expulsiones colectivas de refugiados a Turquía. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha declarado a su llegada a la capital belga que la propuesta turca de recibir a los refugiados que lleguen a Grecia a cambio de enviar a la UE el mismo número de inmigrantes "nos pareció desde el primer momento inaceptable". Según García-Margallo, España "se opone radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo, pide un tratamiento individualizado y la suspensión de la deportación hasta que se produzca la resolución de ese tema y, si se ha de producir algún retorno, pide garantías para que se dé seguridad en la protección a los refugiados".

La postura española será, por tanto, contraria a un acuerdo que no dé tratamiento personalizado a cada refugiado que alcance las costas europeas. "Todo el que llegue a territorio europeo debe tener derecho a un tratamiento individualizado, a presentar una solicitud de asilo que sea estudiada y que si es repudiada, tenga derecho al recurso. Mientras tanto se suspende cualquier posibilidad de retorno", ha zanjado tajante Margallo.

Pese a que Margallo asegura que esa ha sido, desde un primer momento, la postura de España, la firmeza que refleja hoy el ministro de Exteriores representa un giro respecto a las primeras reacciones al acuerdo esbozado con Turquía. Hace una semana, todos los jefes de Estado y de Gobierno europeos dieron su visto bueno a ese principio de expulsar sirios a Turquía. Y el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cargó el pasado jueves en Bruselas contra el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, por considerar ilegal el acuerdo con Turquía cuando sus colegas socialdemócratas francés, François Hollande, e italiano, Matteo Renzi, lo habían respaldado.

Frente a esa adhesión inicial, el ministro Margallo ha pedido este lunes un acuerdo "compatible con la legalidad internacional y respetuoso con los derechos humanos", y ha afirmado que pese a que Turquía no ha extendido la Convención de Ginebra a otros ciudadanos que no sean europeos —como los sirios—, confía en las garantías que ha dado de que "adoptará las medidas equivalentes a ese protocolo para que la protección a los refugiados sea absoluta".

El acuerdo con Turquía, patrocinado por Alemania, prevé expulsiones a Turquía de todos los extranjeros arribados a las costas griegas, incluidos los sirios. A cambio, se promete a Ankara una liberalización de los visados a la UE para los ciudadanos turcos ya en junio, avanzar en su proceso de adhesión al club comunitario y un nuevo paquete de ayudas económicas por valor de 3.000 millones, una cantidad que duplica la ya comprometida para atención a los refugiados.

Margallo, que se encuentra en Bruselas para participar en el consejo de ministros de Exteriores de la UE, se ha escudado en que lo acordado el lunes es solo una declaración de los Veintiocho, no un pacto formal del Consejo Europeo con Turquía, algo que deberá producirse a finales de esta semana. "No hubo ningún acuerdo, hubo una declaración de los Gobiernos en la que se tomaba nota de la propuesta hecha por el Gobierno turco; si hubiera habido acuerdo la reunión del jueves y viernes sería innecesaria", dijo en relación al Consejo Europeo de finales de esta semana.

El responsable de Exteriores ha asegurado que el Gobierno explicará el acuerdo con Turquía en el Congreso de los Diputados tal y como ya sucedió con el pacto con el Reino Unido para evitar el Brexit, pero no ha aclarado si lo hará personalmente el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy: "Lo importante es el contenido y no el actor que declama la obra", dijo. Un informe de la Abogacía del Estado señala que el Gobierno en funciones está obligado a obtener el consentimiento del Parlamento para aprobar decisiones que comprometan al futuro Ejecutivo.

El Parlamento Europeo y la ONU han mostrado sus dudas sobre la legalidad del acuerdo, y el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció que para que saliera adelante podría ser necesario que los parlamentos de Grecia y Turquía acometieran cambios legales.