AI critica los abusos de las fuerzas del orden en América

El documento explica que la violencia letal de las redes delictivas latinoamericanas y la impunidad generalizada por estos delitos puso en entredicho la capacidad de los Gobiernos del continente para proteger los derechos humanos. Los esfuerzos por tratar de controlar los homicidios de la región —ocho de los 10 países más violentos del mundo están en América Latina y el Caribe— obligaron a los Estados a un mayor despliegue de uniformados, lo que resultó en abusos a las personas por parte de la policía y del Ejército.

En México, los fallecimientos relacionados con la delincuencia organizada entre enero y noviembre de 2015 ascendieron a 33.017. Aunque se desplegaron menos soldados en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley, las violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas y la policía seguían siendo habituales, especialmente en los Estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, donde se llevaron a cabo grandes operaciones de seguridad, detalla AI en el texto.

Respecto a las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales, el informe revela que estas siguen siendo una práctica generalizada. Al terminar el año, el Gobierno de Peña Nieto informó de que 27.638 personas (20.203 hombres y 7.435 mujeres) se hallan en paradero desconocido, pero no especifica cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada.

En el caso de Brasil es motivo de "honda preocupación" el elevado índice de homicidios de jóvenes negros, según el documento. Amnistía Internacional menciona que el Gobierno brasileño no presentó un plan nacional concreto para reducir las muertes en el país, a pesar de haberlo anunciado el pasado julio. Asimismo, resalta que más de 3.000 personas murieron a manos de la policía, un incremento de alrededor del 37% en relación con 2013.

En el caso de Colombia, el conflicto armado continúa afectando enormemente a los derechos humanos de la población civil, especialmente a los de las personas que viven en zonas rurales. "Todas las partes del conflicto eran responsables de crímenes de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual", explica el informe.

Hasta el 1 de diciembre, según AI, la Unidad de Víctimas había registrado 7,8 millones de afectados por el conflicto, entre las que había casi 6,6 millones de víctimas de desplazamiento contra su voluntad, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada y aproximadamente 263.000 homicidios relacionados con el conflicto. La inmensa mayoría de las víctimas eran civiles.

En Venezuela, pese a que no se disponía de datos oficiales recientes, el Observatorio Venezolano de Violencia informó de que el país tenía la segunda tasa de homicidios más alta de la región. Sin embargo, el reporte refleja la preocupación de AI de que durante las operaciones de seguridad pública para hacer frente a los elevados índices de delincuencia y operaciones de mantenimiento del orden público, los uniformados hayan ejercido un exceso de fuerza.

Migrantes y mujeres

Amnistía Internacional también hace hincapié en las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas del continente. El informe menciona la "repercusión negativa" de qu, en siete países de la región —Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Surinam y Nicaragua— seguía vigente el año pasado la prohibición total del aborto o no había disposiciones legales explicitas para proteger la vida de las mujeres.

En el contexto de crisis humanitaria cada vez “más acuciante”, AI, muestra su preocupación por las personas migrantes y refugiadas —especialmente grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes no acompañados— que cruzan Centroamérica y México. El documento afirma que estas personas hacían frente a "graves violaciones" de derechos humanos al intentar acceder a EE UU, y a menudo eran recluidos en "duras condiciones".