El Supremo venezolano intenta liquidar la producción privada de alimentos

El Tribunal Supremo de Justicia ha restituido la vigencia del decreto de Emergencia Económica promulgado a principios de enero por el presidente Nicolás Maduro arguyendo defectos en la forma que lo rechazó la Asamblea Nacional de Venezuela. La sentencia desconoce el control político que ejerce el Parlamento, de mayoría opositora, y allana el camino para que el Ejecutivo termine de liquidar la capacidad productiva de la empresa privada en Venezuela.

La decisión proviene de un recurso de interpretación presentado por grupos de base chavistas ante la Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano, para que dictaminara el alcance de un artículo de la Constitución y dos disposiciones de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, en respuesta a la decisión tomada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional el pasado 22 de enero de negar la aplicación de las medidas.

En la práctica, Maduro gobernará con un Estado de excepción en los hechos: entre otras atribuciones, puede disponer de créditos adicionales para financiar el gasto sin necesidad de contar con el visto bueno del Parlamento; cesar los requisitos y procedimientos exigidos en las normativas locales para agilizar las comprar urgentes ordenadas por el Gobierno; requerir a las empresas del sector público y privados incrementar la producción y el abastecimiento de determinados insumos; disponer de los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadores del sector privado para los objetivos planteados en el decreto y establecer restricciones a las operaciones financieras.

Maduro ha pedido a los venezolanos una nueva oportunidad para solventar la crónica crisis de abastecimiento

Maduro, que se niega a modificar su modelo de desarrollo, ha pedido a los venezolanos una nueva oportunidad para solventar la crónica crisis de abastecimiento y escasez que ha marcado su período, y considera como un estorbo a sus planes al Poder Legislativo, con el que ha planteado una lucha encarnizada por impedir reformas económicas.

En respuesta a la decisión del Supremo, que es controlado por el régimen, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, ha dedicado duros calificativos hacia los magistrados y ha dicho que el Gobierno “está haciendo lo posible para que le den un golpe de Estado”. En un lance que evocó el desenlace del Gobierno de Salvador Allende en Chile el director de debates agregó: “Es la única justificación histórica que tendrán después de este fracaso monumental que representan”.

Esa idea lanzada por Ramos es parte de un razonamiento más extendido, que achaca al régimen la responsabilidad de no buscar la conciliación con sus opositores, ni de modificar el diseño de su modelo económico por considerarlo como una traición al legado y las enseñanzas del fallecido presidente Hugo Chávez. “La sentencia de TSJ profundiza y acelera la crisis”, dijo Ramos. Tras la decisión el líder opositor considera que el plazo de seis meses que se habían fijado al inicio de la legislatura para encontrar una fórmula que permita sacar a Maduro del poder por alguna de las posibilidades establecidas en la Constitución “se ha quedado corto”. “En los próximos días tendremos que ofrecer una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el Gobierno”, agregó.

El régimen venezolano tiene en la mira a Alimentos Polar, parte del holding empresarial homónimo, y que produce buena parte de los alimentos de la canasta básica mejor valorados por los venezolanos. El miércoles, durante un debate en la cámara sobre la declaratoria de la emergencia alimentaria en Venezuela, el diputado chavista Ricardo Molina propuso incluir en el acuerdo la expropiación del grupo empresarial, que, desde el punto de vista del régimen, se niega a producir los alimentos de la dieta.