El caso de una maltratada que mató a su esposo abre el debate sobre la legítima defensa en Francia

Durante 47 años, la francesa Jacqueline Sauvage sufrió a diario los golpes y las vejaciones de su marido, quien abusaba también sexualmente de sus tres hijas. Un día de 2012, tras la enésima paliza, decidió poner fin a la pesadilla y mató a su verdugo de tres disparos en la espalda. Fue condenada a 10 años de cárcel por el tribunal, que descartó la legítima defensa. Un gran movimiento de solidaridad se ha formado en torno a su caso, convertido en combate contra la violencia de género que en 2014 (último año con datos disponibles) se cobró la vida de 134 mujeres en Francia. Sus apoyos reclaman, además del indulto presidencial para Sauvage, de 68 años, una redefinición legal de la legítima defensa. El presidente François Hollande recibió este viernes por la tarde a la familia y las abogadas de la condenada y se da unos días para examinar el caso.

“El presidente ha manifestado su sensibilidad a la existencia de circunstancias excepcionales en el caso de Jacqueline Sauvage y tomará una decisión en los próximos días”, indicó la abogada Nathalie Tomasini, a la salida de una hora larga de encuentro con Hollande, junto a la segunda letrada, Janine Bonaggiunta, y las tres hijas de Sauvage. “A través de este caso, el presidente es consciente también de la problemática que afecta a todas las mujeres maltratadas, quienes deberían ser tratadas de forma diferente, y se da cuenta de que los textos legales actuales no están adaptados”, añadió.

El caso de Sauvage es el de una mujer víctima de abusos diarios por parte de un marido violento e incestuoso, que se excedía con el alcohol y tenía a toda la familia aterrorizada. Sauvage afirma que aquel 10 de septiembre de 2012 acabó de fregar la platos, subió a la habitación, tomó unos somníferos y se echó una siesta. Se despertó con el ruido de su esposo, Norbert Marot, tratando de abrir la puerta con tal violencia que rompió el picaporte. “Se echó encima mía y me gritó ‘¡levántate, vaga! ¡Vete a hacer la sopa!’”, recordó la mujer durante su juicio en apelación, el pasado mes de diciembre, según la crónica de entonces del diario Metronews. Marot le propició entonces varios puñetazos y patadas, antes de instalarse con un vaso de whisky en la terraza de la vivienda, un chalet de la pequeña localidad de la Selle sur le Bled, en el centro de Francia.

“En ese momento, me pasó un relámpago por la cabeza. Agarré la escopeta en la habitación y la cargué”, continuó relatando Sauvage durante el juicio. “Él estaba abajo en la terraza, sentado de espaldas. Me acerqué y disparé, disparé, disparé, cerrando los ojos. Dudé al disparar el tercer tiro”. A continuación llamó a los bomberos y a su hijo Pascal. Este, que también sufrió las palizas de su padre, no contestaba. Sauvage todavía no lo sabía, pero Pascal se había suicidado la víspera. Al llegar la gendarmería, la mujer se entregó sin resistencia.

Durante el juicio, familiares y amigos de la acusada dieron fe de la espiral infernal de violencia a la que Marot tenía sometidos a su mujer y a sus hijos. Especialmente conmovedor fue el testimonio de su hija Sylvie, víctima también de abusos sexuales. Pero al igual que su madre, nunca había denunciado a su padre. En diciembre, el tribunal de apelación confirmó la condena a 10 años de cárcel.

Desde entonces, no ha cesado de crecer la movilización a su favor. Una petición en línea, a iniciativa de la militante feminista de Osez le feminisme Karine Plassard, ha recabado más de 400.000 firmas. La actriz Eva Darlan, ella misma víctima en el pasado de una pareja violenta y de un padre incestuoso, ha creado un comité de apoyo que ha recibido el respaldo de personalidades como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el eurodiputado verde Daniel Cohn-Bendit.

Más allá del caso particular de Sauvage, su defensa reclama que se amplíe el concepto jurídico de legítima defensa. Es el sentido de una propuesta de ley, que la diputada de Los Republicanos Valérie Boyer cuenta presentar en las próximas semanas. La legislación actual reconoce la legítima defensa bajo una triple condición: debe responder a una agresión injustificada, realizarse en el mismo momento del ataque y ser proporcional.

Para Boyer, esta definición queda obsoleta en el caso de las mujeres víctimas de malos tratos y debe incorporar el contexto de años vividos en “estado de sumisión y de terror”. “Cuando una mujer se siente en peligro de muerte permanente” es necesario “crear en nuestro derecho un estado de legítima defensa diferido tal y como existe ya en derecho canadiense y que se apoya en la noción del síndrome de la mujer maltratada”, escribe Boyer en una tribuna conjunta con la letrada Tomasini. Tal legislación reconocería así que una mujer maltratada desarrolla una apatía y un sentimiento de sumisión que mina su autoestima y afecta a su juicio y capacidad de reacción.