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Puerto Rico evita el impago pero reclama auxilio a Washington

El Gobierno gana tiempo para la negociación sobre su deuda

El gobernador Alejandro Javier Garcia Padilla y el representante de Puerto Rico en el Congreso de EEUU, Pedro Pierluisi
El gobernador Alejandro Javier Garcia Padilla, a la izquierda, junto al representante de Puerto Rico en el Congreso de EEUU, Pedro Pierluisi, este martes en Capitol Hill en Washington. AP

El Gobierno de Puerto Rico evitó ayer el desastre precisamente el día en el que su dirigente, Alejandro García-Padilla, intervenía ante el Senado en Washington, así que anunció que pagaría la deuda que vencía, pero dejó claro que la situación de sus finanzas es crítica y que lo único ganado hasta ahora es algo de tiempo.

El estado libre asociado a EEUU, que acumula una deuda de 72.000 millones de dólares, está pidiendo a los legisladores estadounidenses que favorezcan la reestructuración de la deuda pública y un proceso de bancarrota ordenado, como el tuvo la ciudad de Detroit, para evitar la caída del país caribeño.

Ayer debía pagar un montante de 354 millones de dólares emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y, aunque no fue claro hasta el último momento, cumplió.

La siguiente prueba de fuego, en lo que a pagos se refiere, tendrá lugar en enero, cuando vencen distintos tipos de deuda, pero la que el Ejecutivo afronta cada día es la de mantener en funcionamiento un país con las finanzas ahogadas.

"Hemos recortado los gastos en más del 20 %, reformamos nuestro fondo de pensiones y está en transición el impuesto sobre las ventas a otro sobre el valor añadido con una tasa de 11,5 %", indicó García Padilla en la audiencia organizada por el Senado en Washington. Pero recalcó que si no se permite un plan de reestructuración, se producirá una situación de emergencia social.

El Ejecutivo de Puerto Rico pide el mismo trato que Detroit, que suspendió pagos en 2013, y también otros cambios normativos que permitan a la economía caribeña en el transporte marítimo, un sector crítico para el país insular, con normas diferentes de las aprobadas por EEUU para todos sus estados federados.

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