La Justicia chilena obliga al Gobierno a interceder por los presos de Venezuela

La Corte Suprema acoge un recurso de protección a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos

Familiares de Leopoldo López.
Familiares de Leopoldo López.REUTERS

En un fallo basado en el principio de jurisdicción internacional en derechos humanos, fundamento que posibilitó la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998 y que fue apoyado por la izquierda local, la Corte Suprema chilena ha acogido un recurso de protección a favor de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos. La resolución obliga al Gobierno de la socialista Michelle Bachelet a interceder ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar los derechos esenciales de los detenidos.

“Operan en este caso todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción internacional protectora de los derechos humanos (…) desde que los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela no aparecen actuando con suficiencia en la protección de sus ciudadanos ya individualizados; y hasta se podría sostener con al menos cierta connivencia con los propósitos políticos del Gobierno local”, señala el fallo de la Corte Suprema chilena.

Aprobado por tres de los cinco miembros de la Tercera Sala, el texto indica que los tribunales chilenos tienen la jurisdicción y competencia basándose en una fuente reconocida en el derecho internacional como son los tratados, que la Justicia local está en completa armonía con dichos acuerdos y que se debe resguardar la garantía constitucional “del derecho a la vida de los ciudadanos venezolanos”.

La Administración de la socialista Bachelet, que ha sido criticada por su posición tibia con respecto a Venezuela y el cuestionado juicio contra los opositores Leopoldo López (condenado a 13 años) y Daniel Ceballos, ha señalado que acatará la orden de la Suprema. El Gobierno, sin embargo, a través de distintos portavoces, se ha ocupado de remarcar la separación de los tres poderes del Estado chileno y de establecer que no se trata de una resolución de La Moneda. “No tenemos comentarios porque nunca emitimos opiniones sobre los fallos de un poder independiente (…). Le compete solamente al Poder Judicial y no representa una decisión del Ejecutivo”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz.

Las relaciones con el Gobierno de Maduro complican al conglomerado de centroizquierda Nueva Mayoría. Aunque muchos de sus líderes han criticado la situación de Venezuela, como la senadora socialista Isabel Allende, parte de la coalición integrada por el Partido Comunista mantiene estrechos vínculos con Caracas. Tras la resolución de la Suprema, en Chile se ha dado la paradoja de que dirigentes de izquierda que en el pasado apoyaron el principio de jurisdicción internacional en causas de derechos humanos para el caso Pinochet, actualmente critiquen la decisión de los tribunales. “Este es un fallo que va a avergonzar a Chile en el nivel jurídico internacional, tras poner un poder del Estado al servicio de una operación política internacional, la cual busca desestabilizar al Gobierno de Venezuela utilizando a la OEA como instrumento para ese objetivo”, indicaron los parlamentarios oficialistas Alejandro Navarro y Hugo Gutiérrez.

El recurso de protección fue interpuesto en mayo pasado por el profesor universitario John Benedict Londregan y la abogada María Victoria Villegas, residentes en la región chilena de Valparaíso. Aunque los tribunales de primera instancia habían rechazado el escrito a favor de López y Ceballos, el máximo tribunal del país obliga con este fallo a que el Gobierno interceda ante la OEA para que su Comisión de Derechos Humanos visite a los líderes opositores en las cárceles caraqueñas de Ramo Verde y Guárico para constatar su estado de salud, recoger sus impresiones y redactar un informe “respecto del cumplimiento de los tratados internacionales sobre la materia, a fin de que este organismo adopte todas las medidas aconsejables a la adecuada protección de sus derechos fundamentales”.

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La mayoría de dirigentes de América Latina ha guardado silencio sobre el caso de Leopoldo López, mientras varios expresidentes han condenado la situación política en Venezuela. Hace dos semanas, el expresidente chileno Ricardo Lagos, en entrevista con EL PAÍS, criticó la postura de los países latinoamericanos con respecto al régimen de Maduro. “Con Leopoldo López los expresidentes hemos sido claros en denunciar lo que pasa. Es hora de que los que están en activo hagan algún tipo de declaración. Hay un silencio estruendoso en América Latina (…) No quieren opinar de lo que pasa en el país vecino y que les acusen de intromisión”, indicó Lagos.

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